Ricobayo volvió a aparecer en el mapa hace escasamente poco más de dos semanas. Este enorme embalse del caudaloso río Esla, en Zamora, de 1.200 hectómetros cúbicos, cuya construcción fue autorizada allá por 1926 y cuya producción hidroeléctrica arrancó oficialmente en 1935, es quizá uno de los mejores ejemplos, para el Ejecutivo, de la voracidad de las eléctricas. Voracidad a la que Transición Ecológica, el ministerio que dirige Teresa Ribera, quiere poner coto. El Gobierno prevé fijar, de manera inminente, en septiembre o, "como tarde, primeros de octubre", dos umbrales para las centrales hidroeléctricas que deberán cumplir: un volumen mínimo ambiental de agua en el pantano y una limitación máxima mensual del caudal turbinado autorizado. Dos restricciones que Ribera introducirá en aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas, según adelantaron fuentes del ministerio a este diario. Ambos topes serán anunciados este lunes por la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en comisión en el Congreso, a petición propia y exigida por la oposición para explicar la imparable escalada del precio de la luz —en un agosto con la factura más cara de la historia— y el desastre ecológico en el mar Menor.