Cuando en un discurso de investidura se promete, por ejemplo, un plan de choque social con 700 millones de euros en los primeros 100 días de gobierno, con el objetivo de rescatar a familias en situación de pobreza extrema y sin techo y reducir las listas de espera en dependencia, el riesgo es evidente: que 100 días después los sectores sociales coincidan en el balance de que el objetivo es loable pero está todo por hacer. Eso sí, con buenas vibraciones y con una valoración bastante positiva, sobre todo por parte de las patronales.