Plazos y recelos lastran la nueva ley de secretos oficiales

¿Planeó el Ejército un ataque a Marruecos durante la Marcha Verde?¿Hasta qué nivel político se conocieron los preparativos del GAL? ¿Qué se habló con los golpistas la noche del 23F? ¿Qué notas intercambiaron Madrid y Buenos Aires durante la guerra de las Malvinas? ¿Cómo se negoció la vuelta de Tarradellas? Las respuestas a estas y otras muchas preguntas de calado van a pasar aún más tiempo ocultas. Al primer gobierno que se ha puesto a redactar una ley democrática de secretos oficiales que sustituya a la vigente y franquista de 1968 se le está complicando la faena mientras corre el calendario de la legislatura. Más de un año, lo que queda del 21 y todo el 22, calculan fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tardará Presidencia en elaborar y tramitar el articulado. Otras fuentes menos optimistas próximas a la elaboración admiten la posibilidad de que no dé tiempo en esta legislatura. No solo está la discusión entre ministerios afectados. Edificar un proyecto de ley y presentarlo a la cámara, además de las vueltas parlamentarias, implica que los ministerios aludidos lleguen a un acuerdo previa emisión de informes, que el borrador pase por consultas e información pública, que Presidencia hable con las comunidades autónomas, además de tres informes preceptivos aunque no vinculantes: el del Consejo Fiscal, el del Consejo General del Poder Judicial, y el del Consejo de Estado. Solo los trámites de información pueden llevar ocho meses, según las fuentes consultadas. Recelo de los uniformados El proceso se encuentra en fase de escucha. El Departamento de Seguridad Nacional, de Presidencia del Gobierno, recibe inputs de una comisión mixta de Exteriores, Interior y Defensa. Y son los uniformados los que presentan más prevenciones, pese a que las fuentes consultadas dan por seguro que ninguna desclasificación incluirá localizaciones de centros aún operativos de las Fuerzas de Seguridad, ni de escalafones, chalés o bases del CNI, ni tampoco, por ejemplo, el desconocido Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, declarado secreto por el Gobierno en noviembre de 2007. “El mejor camino es armonizar esa ley con las de nuestros principales aliados de la OTAN, y no inspirarse en las de países totalitarios”, opina el coronel del Ejército y ex mando del CESID (hoy CNI) Diego Camacho. “Debe haber diferentes grados de vigencia: 10, 20, 50 años… -añade- y restringir la identidad de personas para no poner en peligro sus vidas o su libertad. Todo con un control judicial efectivo. El Gobierno, auxiliado por el Consejo de Seguridad Nacional, debe ser el único habilitado para declarar secretos; dar esa habilitación a las comunidades autónomas sería origen de grandes problemas”, Otros colegas de este experto en inteligencia han expresado objeciones a una desclasificación “excesiva”. Algunos sistemas de trabajo de las Fuerzas de Seguridad que se empleaban para los Juegos de Barcelona 92, por ejemplo, siguen vigentes hoy, explican fuentes cercanas a esa opinión. Métodos operativos secretos de la Policía y la Guardia Civil, arsenales, sistemas de comunicaciones y marcas de aparatos de escucha podrían quedar a la vista de organizaciones criminales, sospechan. Hasta ahora, lo que trasciende de la operativa policial aflora cuando el juez levanta el secreto de un sumario. “Pero en los informes al juez está el resultado de nuestro trabajo, no el cómo lo hacemos”, explica un ejecutivo de Interior. “El cómo y el quién está en documentos operativos; oficiales, sí, pero internos”. No es lo mismo desclasificar documentación intervenida a ETA que divulgar cómo se ha obtenido, argumenta. En el mismo sentido, especialistas en ciberseguridad trasladan a Presidencia su prevención sobre la transformación posible de documentos accesibles en fake news. En manos de Bolaños “No se puede apelar a que se pondría en juego la seguridad. España se enfrenta con un problema que países de nuestro entorno han solucionado. El estándar democrático es que el paso del tiempo desclasifica. Hasta el Vaticano ha liberado los papeles de la II Guerra Mundial de Pio XII”, contesta el diputado del PNV en el Congreso Mikel Legarda. Su partido es el que más ha insistido en cambiar la actual ley. Y su proposición en el Congreso estuvo a punto de salir adelante, con numerosas enmiendas, en la XII legislatura. Pero el empeño peneuvista ha sufrido 26 dilaciones de todo tipo, “incluida la del presidente de la cámara, Jesús Posada, no convocando la ponencia”, recuerda Legarda. En abril pasado el Gobierno tomó la iniciativa desplazando a la del PNV. Los mimbres de la nueva ley pasan hoy por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ya pasaban por él en abril, cuando era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Si bien hasta ahora ha sido Margarita Robles, ministra de Defensa, la que se ha mostrado más proactiva en el Ejecutivo, liberando todo lo clasificado de su departamento anterior a 1968. Cuestión de tiempos El Ejército, Interior y Exteriores construyeron en el franquismo la actual ley, pero esta vez hay que escuchar a más ministerios, explican fuentes próximas al Gobierno: ahora los secretos no son solo diplomáticos, militares y policiales. También los hay de Economía y de Industria. Es posible, por la experiencia de la pandemia, que se incorporen también secretos de Sanidad. El debate pasa también por los plazos. Los nacionalistas vascos habían propuesto en junio de 2020 que la nueva ley diera como máximo 25 años ampliables a otros 10 para la desclasificación de papeles con el sello de “Secreto”, y diez años para los considerados “Reservado”. Ahora la comisión gubernamental tiene la premisa de que no se puede establecer un plazo igual para todos los secretos, porque no todos los secretos son iguales. Con tantas variables sobre la mesa, Legarda también se teme que no da tiempo esta legislatura. “Lo vemos muy justo. Dudo que pueda haber un primer texto de anteproyecto antes de las navidades”, apuesta, y lo lamenta: “El PSOE no puede pretender hacer una Ley de Memoria Democrática ni proclamar el avance de la Ley de Transparencia sin solucionar la de secretos oficiales”. "El coronel se ha llevado este dosier a casa" El gran problema de los secretos oficiales es precisamente que son secretos. No hay un inventario, o no se sabe si lo hay, de secretos oficiales. A menudo los investigadores no pueden hacer una petición de un documento concreto, porque no saben si existe; sus peticiones han de ser siempre genéricas. Y los funcionarios, a falta de inventario, saben si un papel es secreto o reservado solo por el sello que se le ha puesto. En virtud de la actual ley, solo pueden declarar que un documento es secreto oficial el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Como quiera que ese organismo militar ya no existe, le queda solo al Gobierno esa potestad, que ejerce a discreción. Y como quiera que la ley franquista no fija plazo temporal de desclasificación para ningún documento clasificado, actualmente en España, con arreglo a la ley, podría mantenerse en secreto cualquier papel por los siglos de los siglos. La ley del 68 fue retocada en 1978, pero no había aún democracia. Desde la entrada en vigor de la Constitución, la discrecionalidad ha reinado a menudo en la apertura de archivos; y también en su cierre, incluso contra la voluntad del político elegido en las urnas. El alto funcionario, diplomático e historiador Ángel Viñas vivió uno de estos casos. Fue uno de los primeros en investigar archivos de la administración del Estado durante la dictadura. En diciembre de 1980, “conseguí permiso oral, no escrito, del ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún para investigar en archivos militares –relata-. Buscaba datos acerca de la implantación de las bases norteamericanas en España. Contando con el permiso oral del ministro, dirigí una instancia a Subsecretaría de Defensa. Y el subsecretario, Ángel Liberal Lucini, me envió una contestación gélida: ‘Petición denegada’ El almirante enmendaba al ministro”. A la vuelta de aquellas navidades aconteció la asonada del 23F, y Viñas ya no insistió. Ocurre a veces que esa discrecionalidad no es tanto arbitrariedad como indolencia. Viñas de nuevo cuenta una anécdota: pidió a la Administración de Aznar un informe concreto, uno que demostraría cómo en los 50, por indicación de Franco, exploró el Gobierno el cultivo del guayule en Huelva. “Con esa planta cauchífera pretendía Franco solucionar la falta de divisas de España para comprar ruedas para camiones”, relata. Sabe el historiador que el almirante Carrero Blanco ordenó las averiguaciones, pero “del informe correspondiente hay solo la carpeta, y no el interior. Alguien se lo llevó después de pedir el permiso”. Las desapariciones o extravíos de dosieres no son raros. Cuenta la especialista en Memoria Histórica de la Universidad de Barcelona Queralt Solé que en su trabajo doctoral sobre Cuelgamuros no se ha topado con vetos legales por secreto oficial, pero sí a veces con una inexorable vía de los hechos: “En el Archivo General Militar de Ávila encontré una carpeta titulada ‘Traslado de caídos de Paracuellos al Valle de los Caídos’. Cuando la abrí, dentro solo había un papel diciendo: ‘El coronel se la ha llevado a su casa’”.

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