Los viajes de los parlamentarios, un gran agujero negro

La transparencia no ha llegado a las Cortes españolas. Los diputados y senadores siguen cargando a las Cámaras desplazamientos (en avión, barco, tren, autobús o coche particular) sin ninguna justificación pública. Tras el escándalo protagonizado en 2014 por el expresidente extremeño José Antonio Monago, que viajó en un año y medio 16 veces como senador a Canarias, donde vivía su pareja, las Cortes empezaron a dar algo de información sobre los viajes. De hecho, el Tribunal Supremo, cuando archivó una querella contra Monago por malversación de caudales públicos (gracias a que el PP alegó que le había encargado que pusiera especial atención en Canarias), sugirió al legislativo que regulara mejor los desplazamientos para evitar "toda confusión" entre "desplazamientos privados y oficiales, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de derecho". Han pasado seis años y nada ha cambiado. Días después de que saltara la polémica por Monago, las mesas del Congreso y el Senado, presididas entonces por el PP, que contaba con mayoría absoluta en ambos hemiciclos, aprobaron una resolución en la que se comprometieron a dar cada trimestre el gasto total en viajes. Y ese marco es el vigente. De media, desde 2015, se han gastado 963.000 euros cada tres meses. Del último periodo del que se tienen datos es entre enero y marzo de este año, cuando había estado de alarma y limitación de aforo en los hemiciclos. El Congreso dedicó 746.685 euros a los viajes y el Senado, 460.947. Uno de los motivos de esa diferencia es que la primera Cámara está compuesta por 350 miembros y se celebran tres plenos al mes y, la segunda, por 265 escaños y convoca dos plenos. Otro apunte más: esta partida no tiene nada que ver con las ayudas que los parlamentarios reciben por vivir en Madrid. Los que son de fuera ingresan unos 1.960 euros y los electos en la Comunidad, 935. ¿Se sabe el número y el motivo de los desplazamientos de cada parlamentario para alcanzar esos elevados costes trimestrales? No. Las Cortes no se obligaron a hacerlo. La principal razón, adujeron, es que "el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre" sin "ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización, sobre la misma, más allá de los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico". Reforma del reglamento Esas cantidades solo están desglosadas en cuatro bloques: los viajes parlamentarios (desde o hacia la circunscripción de elección o el domicilio habitual u ocasional); los viajes políticos (actividades de naturaleza política, sectorial o en representación del grupo parlamentario); los viajes oficiales (en representación del Congreso), y otros gastos (gestiones, cancelaciones y cambios, así como billetes emitidos pendientes de utilización). Grandes cifras y poca información. UPyD, el PSOE e Izquierda Unida propusieron en 2014 reformar los reglamentos de las cámaras para obligar a "individualizar" los datos, pero la idea no prosperó. Tampoco ahora, con una mayoría progresista, se ha lanzado ninguna iniciativa en ese sentido y eso que sobre la mesa hay una proposición de reforma del reglamento para incorporar un nuevo título que regule los lobis. Solo el PSOE, y va con un retraso de más de un año, tomó la iniciativa de concretar las razones de los desplazamientos. Podemos, que llegó a las instituciones con la bandera de la transparencia, empezó a detallarlo en su web, pero dejó de hacerlo en 2018. El mecanismo Según la resolución del 2014, la "supervisión" para el uso "responsable" del dinero público la deben aplicar las direcciones de cada grupo parlamentario. Pero en la práctica, según han admitido a este diario parlamentarios de diferentes partidos, eso tampoco ocurre. El diputado o senador escribe un correo electrónico a la agencia de viajes de su institución solicitando el billete de tren, avión o barco. Pone la fecha y la clase que desea (turista, 'business', preferente...) y, a los pocos minutos, recibe el pasaje. Sin más. Después dispone de 15 días para rellenar un formulario en una web interna en la que debe concretar si ese desplazamiento es de tipo 1 (actividad parlamentaria), tipo 2 (actividad política) o tipo 3 (representación del Congreso). También hay una pestaña para poner el "motivo", pero las fuentes consultadas aseguran que recibieron la indicación de no rellenarlo. Esa información, si las Cortes la quisieran dar, permitiría saber por qué deben viajar a una circunscripción que no es la suya (los de tipo 2) y evitar fraudes; en especial, con los trenes, donde los billetes no son nominativos, y en los peajes y el coche particular (0,25 euros por km).

Los viajes de los parlamentarios, un gran agujero negro

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