Crispados y virando hacia la economía

Cuando el covid acababa de cambiar nuestras vidas, allá por abril de 2020, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo un sondeo y preguntó a los ciudadanos si creían que los partidos debían hacer “un esfuerzo especial” para llegar a “grandes acuerdos” y evitar la crisis económica y laboral desatada por la pandemia. La respuesta fue rotunda: el 91,4% de los encuestados dijo que sí frente a solo un 6,2% que quería que cada formación planteara sus propias iniciativas. Los dirigentes de los principales partidos no solo no han seguido esa encuesta, sino que han ahondado en la polarización que arrastraban. El nuevo curso político empezó el 2 de septiembre con una reunión en la Moncloa entre Pablo Casado y Pedro Sánchez que volvió a demostrar que uno y otro seguían distanciados y que el medio año de pandemia no había hecho mella en sus respectivas hojas de ruta. El jefe del Ejecutivo se negó a que el PP participara en la operación de diseñar cómo repartir los millonarios fondos europeos para paliar los daños de la pandemia pese a que ese dinero va a llegar desde este año y hasta 2026. Casado, por su parte, afirmó que no renovaría los órganos constitucionales que estaban caducados (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y RTVE, entre otros) mientras Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno. Esa fue una condición que tuvo que cambiar en abril, cuando, ¡sorpresa!, el exvicepresidente y líder de Podemos dejó el Ejecutivo para presentarse a las elecciones de Madrid. El PP ha cambiado de excusa varias veces desde entonces. Ahora arguye que no renovará las instituciones, y en especial el CGPJ, hasta que “los jueces elijan a los jueces”. Y la rotundidad del líder conservador también aflojó cuando se trató de los medios públicos. La única colaboración del Gobierno y el PP este curso se ha dado para renovar la cúpula de RTVE (en febrero, cuando Iglesias aún estaba en el Ejecutivo). La confrontación caló también en las comunidades autónomas, responsables de las medidas de restricciones cuando se acabó el estado de alarma (duró de octubre a mayo). Las gobernadas por el PP acusaron al Ejecutivo de dejación de responsabilidades por trasladar a los territorios las medidas para frenar los contagios pese a que, en los periodos en los que se aplicó la excepcionalidad de la alarma, criticaron al Gobierno central por las “imposiciones” y la falta de diálogo. Mayo, cambio de fase Tras el fracaso de la moción de censura promovida por Ciudadanos y el PSOE en Murcia y la derrota de Ángel Gabilondo en las elecciones de Madrid, Sánchez reaccionó para frenar el ascenso del PP en las encuestas: decidió acabar la tramitación de los indultos (culminó el 22 de junio) y renovó el Gobierno (10 de julio). La anunciada medida de gracia a los dirigentes independentistas, una operación de alto riesgo para la Moncloa, desató una campaña en contra de las derechas, que se volvieron a manifestar juntas en Colón el 13 de junio. Sin embargo, la contestación de la sociedad española no fue la que esperaban y el principal partido de la oposición, el PP, ya ha pasado esa página tras ver fracasar también su campaña de firmas. Pocos días después, Sánchez cambió la composición del Consejo de Ministros y sacó del Gabinete a algunos de los miembros que precisamente más se habían quemado con los indultos: la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y extitular de Justicia Juan Carlos Campo. El presidente aupó como su número dos a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, una señal para Bruselas y también para el interior: superados los indultos, Catalunya sigue importando, pero menos. Ahora, la economía, con unos datos que señalan un destacable ritmo de recuperación tras la grave caída provocada por la pandemia, cobra toda la importancia. De hecho, según fuentes del PP, Casado ve necesario reforzar su equipo económico y lo hará cara a la convención nacional que celebrará en octubre. La mirada ya está puesta en el fin de la legislatura y las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Las generales no tienen fecha, pero Sánchez ha insinuado que las convocará a finales de ese año. Por ahora las señales que ha mandado es que quiere dejar ir el peso del tema catalán y abrir el foco a toda España La monarquía y la OPA El otro peso, el de Unidas Podemos, se ha aligerado algo con la salida de Iglesias del Ejecutivo. Aunque es una incógnita cuándo socialistas y morados decidirán que deben seguir recorriendo el camino hasta esas generales soltados de la mano. En estas últimas semanas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de la Agenda 2030, Ione Belarra, se han repartido los papeles para mostrar sus disensiones con el PSOE. Díaz, fiel a su talante y por su responsabilidad para llegar a acuerdos con los agentes sociales, se mantiene en un discreto segundo plano y es Belarra la que sale a protestar por la situación del rey Juan Carlos, el acuerdo para ampliar el aeropuerto de El Prat o la luz verde a la OPA sobre Naturgy (aunque este último tema se haya aprobado en un Consejo de Ministros y después de seis meses en los que el Gobierno ha estado barruntando la decisión y los morados han callado). Los socios que permitieron la investidura de Sánchez y le han apoyado con los indultos están a la espera de posicionarse para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. En la dirección del grupo parlamentario del PSOE creen que Junts querrá jugar un papel proactivo después de mantenerse distante ante los indultos. Los de Jordi Sànchez han querido marcar distancias con ERC y restar valor a la nueva etapa abierta entre la Generalitat de Pere Aragonès y la Moncloa y que se escenificará completamente en septiembre con la reunión de la mesa de diálogo.

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