La ampliación de El Prat aviva las diferencias en el gobierno de coalición

Los diputados del grupo de Unidas-Podemos en el Congreso Juan López de Uralde y Jaume Asens se habían despedido en julio quedando para acabar en septiembre el asunto que traían entre manos: una iniciativa parlamentaria para blindar el paraje de gran valor ecológico de la laguna de La Ricarda, junto al aeropuerto de El Prat. Por eso, entre otras razones, incomoda al ala izquierda del Gobierno de coalición la previsión anunciada por el Ejecutivo de ampliación del aeródromo para 2030. “No estoy en el Gobierno, pero no me consta que el proyecto se haya contado, dialogado o consensuado con los socios, ni se ha tratado en un consejo de ministros. Normalmente estas cosas se hablan”, asegura López de Uralde, quien en esta primera semana de agosto verbaliza el disgusto de la parte morada. Fuentes próximas a la otra parte del Ejecutivo no comentan la supuesta falta de comunicación; solo preguntan retóricamente: “¿Tienen competencias los socios en materia de transporte e infraestructuras?” Ciertamente no; ninguna ministra ni ministro de Unidas-Podemos está siquiera cerca de esa área; como mucho a través de la agenda 2030. No tienen competencias, pero sí opinión. Entre ellas, la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la de López Uralde: “A Barcelona se puede llegar en otros medios de transporte menos contaminantes, como el tren. Pero es que el objetivo de este proyecto no es en realidad la gente, sino el ladrillo y el cemento”, dice él. Fricciones A la causa de la laguna de La Ricarda le dio popularidad en el mundo Comunes-Podemos, más allá del territorio catalán, Sergi Alegre, que fuera regidor histórico de Iniciativa en El Prat de Llobregat. Las críticas moradas al proyecto están siendo personales y puntuales, pero no todas desconectadas. Antes de tildar de “pelotazo de toda la vida” a la ampliación, Ada Colau había comentado críticamente el proyecto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirman fuentes cercanas a la alcaldesa. En Madrid aseguran sus compañeros de formación que comunes y morados desplegarán este otoño su oposición en los consistorios de El Prat y Barcelona, en el Parlament y en el Parlamento. La incomodidad por El Prat se une a otras que rumía la parte minoritaria de la coalición. No solo la polémica del chuletón -que es en realidad queja por la falta de una acción más decidida del Gobierno contra la hospitalidad de autonomías como Catalunya y Castilla y León a las macrogranjas de la ganadería industrial-, también otras que pueden hacer ruido en septiembre. Entre ellas, el impulso al despliegue de la energía eólica en parajes del norte, como los parques de molinos en Álava. También. O “la aceleración de licencias de proyectos mineros de todo tipo”, apunta López de Uralde. Y también la falta de entusiasmo que la facción morada intuye en la socialista por la implantación de una “fiscalidad verde”. Presiones En el campo de juego mediambiental, las dos fuerzas coaligadas han de responder a presiones, de la derecha o de la propia militancia. Las primeras entran en lo que López de Uralde llama “negacionismo político de la ultraderecha y la derecha”, o sea, “aprovechar de forma populista cualquier perjuicio a cualquier sector provocado por las políticas de lucha contra el cambio climático para desgastar al Gobierno”. La lluvia de imprecaciones en redes sociales y todo tipo de esferas públicas cada vez que sale a colación un impuesto al diesel, que Vox presenta como un ataque a las clases populares, es un ejemplo. Otro, la carga de figuras del Partido Popular publicando fotos de barbacoas y filetes al punto cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendó reducir el consumo de carne. El voto propio también presiona, especialmente en los círculos locales de Podemos, según avanza la legislatura y no se cumple la promesa de recrear una empresa pública de energía que modere los precios de la luz. “En Catalunya, Madrid y Andalucía eso es raya roja”, admite una de las fuentes moradas consultadas. Aunque no todo son puntos de fricción en política medioambiental. Hay un terreno de acuerdo para los socios en el Gobierno: sacar a España del Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), en previsión de los problemas legales que puede traerle al Estado la permisividad del TCE con los combustibles fósiles, en franca contradicción con la Ley del Cambio Climático aprobada el pasado mes de abril. Más en otoño A la vuelta del verano se les abrirán a los dos socios del Gobierno de coalición otras dos oportunidades de discusión por la ecología. Una de ellas en torno a los trabajos que un comité de expertos ha de desarrollar para la implantación de la llamada “fiscalidad verde”. Añadirá presión a este asunto el hecho de que la Ley de Cambio Climático da un año, hasta mayo de 2022, para que esos trabajos estén concluidos. Eso, y la más que anunciada oposición del sector más dependiente de los hidrocarburos. “Pero, o se está en la lucha contra el cambio climático o no se está”, resume López de Uralde. El otro asunto, cada vez más caliente, será el de la energía. Podemos se prepara para hacer toda la presión que esté en sus manos para que el Estado asuma –y el Ministerio de Transición Ecológica no saque a concurso de nuevo- al menos una treintena de las hasta 70 licencias de explotación de saltos hidroeléctricos que van a vencer entre este año y 2030. Son turbinas en pantanos de toda España que podrían pasar a ser activos de la empresa pública de energía con que sueña Podemos. Las más importantes concesiones a punto de expirar las explotan ahora firmas nada pequeñas del sector: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Una parte no menor de esos pantanos se concentra en un punto delicado de la geografía de la izquierda en España: Andalucía.

La ampliación de El Prat aviva las diferencias en el gobierno de coalición

En otoño, nuevos puntos de fricción: la fiscalidad verde y las concesiones de energía hidroeléctrica

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