Quién es quién en el debate sobre el aeropuerto de El Prat

La decisión final que tome el Govern en relación a la ampliación del aeropuerto de Barcelona no está tomada. El veredicto final dependerá de numerosos factores. Internos y externos. Factores que afectan al interior de los dos partidos del Ejecutivo, que tienen que ver con la posición de los municipios afectados, con la presión empresarial, la réplica mediambientalista, y la posición técnica que expresan diversos expertos. Esta es la radiografía, a fecha de hoy, de la posición de unos y otros a la espera de una decisión que no llegará hasta septiembre. El president Pere Aragonès El nuevo jefe del Govern ha mantenido una posición ambigua. En sede parlamentaria, Aragonès ha asegurado que "apostará por las medidas que aporten "prosperidad" a la economía catalana, pero añadiendo que, bajo ningún pretexto, se trazará el futuro de Catalunya en clave "desarrollista". Un discurso ambiguo. Cuando los suyos le requieren más concreción, en privado, se remite a la posición que acabe teniendo la Comisión Europea que es clave a la hora de aceptar o no la ampliación en unos terrenos con calificación de protección medioambiental de acuerdo con la Red Natura 2000. El 'vicepresident' Jordi Puigneró El número dos del Govern y cara más visible de Junts en el Ejecutivo ha hecho una apuesta más abiertamente favorable a la ampliación que la de Aragonès: "Catalunya "no se puede permitir el lujo de no tener un aeropuerto preparado para la economía del siglo XXI". Pero Puigneró también nada y guarda la ropa. Es consciente de la oposición interna en su partido, y su perfil claramente soberanista y contrario a las posiciones del Estado hace que pueda ser receptivo a los mensajes internos que recibe y que van en la línea de desconfiar de una apuesta estatal "del Ibex 35", según estas versiones. La 'consellera' de Medio Ambiente Teresa Jordà, de ERC, ha sido explícita. De la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido no atacar el patrimonio medioambiental del entorno del aeropuerto. Jordà ejerce presión interna hacia sus compañeros de partido, incluido el 'president', y de Govern, sean de ERC o de Junts. Pero es consciente de que argumentos como el de la creación de puestos de trabajo tienen calado en la opinión pública. Junts per Catalunya El partido de Carles Puigdemont tiene, entre otros, un debate pendiente: qué posición adopta sobre la propuesta de ampliación. El consejo nacional, el máximo órgano entre congresos, tenía que reunirse en breve pero se ha trasladado a septiembre. De este modo, se gana tiempo. Por un lado, las direcciones locales del partido en El Prat, Gavà, Viladecans y Castelldefels están en pie de guerra contra el proyecto. En el otro extremo, el 'exconseller' Ramon Tremosa, el expresidente de la Cambra y diputado Joan Canadell, entre otros, son entusiastas de la ampliación y la defienden a capa y espada. Pero enfrente tienen al director del Puerto y también 'exconseller' Damià Calvet, que reclama una respuesta más meditada que analice posibles alternativas. Puigdemont no ha mostrado una posición definitiva, tampoco lo ha hecho el secretario general, Jordi Sànchez, quien tiene pendiente una visita a La Ricarda, el espacio natural protegido que está en jaque en esta operación. El Ayuntamiento de Barcelona Tampoco el consistorio de la capital catalana tiene una posición unívoca. La alcaldesa, Ada Colau, se ha enfrentado vivamente al presidente de Aena, Maurici Lucena, en la cumbre inicial en la Generalitat. Y ha apostado claramente por buscar alternativas al "lo tomas o lo dejas" que plantea el ente aeroportuario del Estado. En cambio, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, del PSC, está del lado de los postulados del Gobierno del PSOE. Aena El presidente de Aena y exdiputado del PSC, Maurici Lucena, ha logrado enojar a propios y extraños a la hora de exigir con vehemencia a todos sus interlocutores institucionales catalanes que den un sí inmediato y sin fisuras a la inversión de 1.700 millones de euros. Los partidarios y detractores del plan coinciden en una idea: "Las formas no son su fuerte". Quienes le conocen desde hace años admiten que ha ido asumiendo un tono excesivamente retador y vehemente que no ayuda precisamente a convencer a los no poco actores de entrada escépticos o que reclaman más información, datos, argumentos. Lucena ha aplicado la presión como estrategia. El territorio Los municipios afectados directamente (El Prat, Viladecans, Castelldefels y Gavà) han hecho frente común en contra de la ampliación. Por diversos motivos, desde el medioambiental al del impacto sonoro de la multiplicación de las operaciones aéreas que supondría la operación, basada además en el despegue y aterrizaje de aviones de gran tamaño. Tanto los ediles socialistas como los grupos en la oposición (JxCat incluida) defienden una posición crítica, reclaman alternativas y una visión diferente a la del desarrollo por el desarrollo, e instan a aprovechar la conexión con los aeródromos de Reus y Girona. El mundo empresarial De una manera similar a la ensayada años atrás para reclamar mayor atención a las infraestructuras catalanas, los pesos pesados del empresariado catalán han hecho frente común para aceptar la oferta de Aena. Unas 200 entidades apelaron con rotundidad al Govern en junio a tirar adelante con esta iniciativa, con las compensaciones que sean necesarias por la afectación al área de la Ricarda. Las entidades ecologistas Unas cincuenta asociaciones, bajo el paraguas Zero port, y SOS Llobregat reclaman al Govern una moratoria indefinida para parar el proyecto del ente aeroportuario estatal. La posición de estas entidades ha ido tomando cuerpo en debates públicos y se nutre de expertos en tráfico aeroportuario. Su oposición se basa en criterios no solo medioambientales, sino en la viabilidad de una ampliación, dados los precedentes de proyectos en Londres y Amsterdam que han sido finalmente no ejecutados a la vista de la nueva formulación de las operaciones aéreas, sin tanta necesidad de aeronaves de gran tamaño. La UE Las instituciones comunitarias pueden ser la clave. Quienes no quieren tener que asumir la patata caliente confían en la posibilidad de que sea Bruselas la que rechace levantar la protección medioambiental a La Ricarda y por tanto dar al traste con los objetivos de Aena. Los partidarios del plan creen en cambio que si hay un consenso político suficiente en favor de un mínimo común denominador, la UE estará del lado de la iniciativa indefectiblemente.

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