El Gobierno blinda la memoria histórica ante una derecha revisionista

Cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo este martes que espera que las Cortes aprueben por unanimidad la nueva Ley de Memoria Democrática, expresaba solo eso, un deseo, pues no habían pasado ni 24 horas de que el líder del PP, Pablo Casado, no opusiera ni un argumento cuando escuchó en un acto público en Ávila al exministro Ignacio Camuñas culpar a la II República del golpe y la guerra que la destruyeron en 1936. Con la perspectiva de oposición que esa escena abulense permite prever, se abre el trámite parlamentario para la nueva Ley de Memoria Democrática, que este martes el Ejecutivo aprobó en segunda vuelta con algunos cambios sobre su borrador de septiembre. Entre ellos, más homenaje a la aportación y el dolor de la mujer en la lucha contra la el régimen totalitario, y una ampliación de la consideración de víctimas del franquismo a todos los que sufrieron la coerción violenta de la dictadura, sindicalistas y militares demócratas de los 70 incluidos. El Consejo de Ministros vistió este martes de gala la que considera una ley señera de la legislatura, marca ideológica, acomodación al estándar europeo, "a las recomendaciones de organismos internacionales" y a lo repetidamente aconsejado por el relator de la ONU Pablo de Greiff. "Es una ley necesaria, que nos hace mejores como país", defendió el ministro Bolaños. Reticencias de los socios Pero la norma, pese a ser una de las joyas de la corona del PSOE, no convence aún a sus coaligados. Los morados llevaban meses criticando que el articulado no cumple sus peticiones, y este martes volvieron a insistir en que se trata de un texto insuficiente. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, admitió en Twitter que esd una iniciativa "fundamental", pero que se "debe mejorar" en su trámite de enmiendas. E igualmente la coportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Aina Vidal, calificó de "positiva" la propuesta del PSOE, aunque dejó claro que es "claramente insuficiente". Según explicó, su intención es que la norma reconozca el derecho de los represaliados por el franquismo a recibir compensaciones económicas. Pero ese derecho, para Bolaños ya ha sido reconocido. Desde la Transición el Estado ha repartido 21.000 millones a 608.000 represaliados, según datos que difundió al presentar una ley "que no genera un derecho adicional económico". Otros socios del Ejecutivo también mostraron descontento con una ley que se comenzó a cocinar en 2015 en el Grupo Federal de Memoria del PSOE -siendo Pedro Sánchez todavía candidato a gobernar España-, que mandó redactar Carmen Calvo en la vicepresidencia política, cuya exposición de motivos pergeñaron los expertos en pleno confinamiento por la pandemia y que ha acabado presentando Bolaños tras suceder a Calvo en la cartera de Presidencia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señaló que el texto "se queda muy corto" en lo relativo a la memoria restaurativa y el diputado de la CUP Albert Botran criticó que la norma "está muy por debajo de lo que sería una memoria antifascista y democrática". Ambos señalaron la necesidad de enmendar el articulado en su tramitación parlamentaria. Por su parte, el dirigente de Compromís Joan Baldoví, reconoció que la ley es "más necesaria que nunca" para que "no se pueda volver a poner en entredicho lo que es un golpe de Estado". Oposición frontal Baldoví aludía a las palabras del exministro popular Ignacio Camuñas negando que el 18 de julio de 1936 se produjera un golpe de Estado y culpando a la II República de la asonada. El PP ha evitado todo el martes referirse a ese discurso revisionista-negacionista, pero cargó contra la Ley de Memoria Democrática. La portavoz parlamentaria de los conservadores, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de estar centrando en "mirar atrás" pese a los "muchos problemas" que tiene el país hoy. Según dijo, el Gobierno solo busca "mirar al pasado, enfrentar y dividir a los españoles" y "reescribir la historia". En su tónica habitual, Vox anunció que recurrirá la norma al Tribunal Constitucional, pese a que quedan meses por delante hasta su aprobación. El portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, calificó la iniciativa de "atropello a la libertad" que persigue a "todo aquello que no concuerde con el consenso progre" Los populares, por su parte, ya han avisado de que si gobiernan sustituirán la nueva norma por una Ley de Concordia. Pero no han puntualizado si con ello acabarían con dos de las acciones con las que el Gobierno quiere poner arrancar la nueva ley: la exhumación y traslado de los restos de José Antonio y la creación de una fiscalía de sala que investigue crímenes del franquismo. Para lo primero, el Gobierno se pondrá en contacto con la familia Primo de Rivera, pero nunca antes de que la ley aparezca en el BOE. Fuentes del Ejecutivo no se muestran en contra de que el cadáver del fundador de la Falange siga en un Valle de los Caídos ya resignificado, siempre que no sea en lugar preeminente. Para lo segundo hay mucho campo. Aún quedan entre 20.000 y 25.000 cuerpos localizables y rescatables en fosas comunes, según calculan fuentes del Gobierno. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya ha puesto en marcha un plan de choque para exhumar 114 fosas, y un plan cuatrienal que en su primer año prevé la localización y apertura de otras 190. En la localización e identificación de sus ocupantes se implicará la fiscalía, y las mismas fuentes no descartan que lo haga con auxilio policial si lo requiere. El fiscal de Memoria será nombrado por la Fiscalía General del Estado como un fiscal de sala más y, aunque sus investigaciones topen con la muerte de los victimarios o con el principio de irretroactividad de la norma, que extinguen la responsabilidad penal, podrá elevar donde considere conveniente sus conclusiones.

Lo más visto