Los 12 magistrados que componen el Tribunal de Cuentas (TCu) se han situado en el centro del conflicto catalán. Su última 'aportación' al frente del 'procés' ha sido rechazar los avales del Govern para cubrir los 5,4 millones de euros impuestos a los encausados por el 1-O. Una decisión que se produce el mismo día en que PSOE y PP han llegado a un acuerdo para renovar este y otros órganos caducados. Así, el rechazo a los avales será una de las últimas decisiónes de este tribunal. La composición actual del Tribunal de Cuentas es fruto de un acuerdo entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en 2012. El equilibrio, fruto de aquel acuerdo, fue de siete miembros propuestos por el PP y cinco por el PSOE. Lluís Armet i Coma, consejero elegido por los socialistas, dejó el cargo en 2018 y no ha sido reemplazado. Entre los integrantes, figuran familiares y miembros del entorno del expresidente José María Aznar --entre ellos, su hermano, Manuel Aznar, o la exministra popular Margarita Mariscal de Gante. Asimismo, de los 700 trabajadores del tribunal, un centenar son familiares o allegados de consejeros y altos cargos.