La crisis de Gobierno añade incertidumbre a la reunión bilateral con la Generalitat

No cunde, todavía, el nerviosismo en el Govern, aunque sí se está a la expectativa de las próximas señales que se emitan desde la Moncloa. La remodelación del Gobierno ejecutada el sábado por el presidente del Gobierno añade un plus de incertidumbre al deshielo entre el Estado y la Generalitat y, en especial, sobre la primera de fuego de esa agenda del reencuentro que ha reiterado una y otra vez el propio Sánchez, la comisión bilateral de finales de julio en Barcelona. Y no es que se acordara su celebración hace meses, sino que Sánchez y Aragonès pactaron el cónclave hace apenas 10 días. La reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, que pende del Carta autonómica, y que a su vez abrirá las puertas a la celebración, posterior, de otras tres comisiones sectoriales. Y en el Govern, si bien no se duda, de momento, de la voluntad de Sánchez y se sitúa la remodelación del Gabinete en los márgenes de la política de partido, si temen que los plazos puedan dilatarse y trasladar la reunión a septiembre. Esta 'comisión de comisiones' está presidida por la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, que tiene su réplica en la ministra de Política Territorial. La flamante sustituta de Iceta, Isabel Rodríguez, en su toma de posesión evitó cualquier referencia a Catalunya. Y eso que Iceta negoció, hasta horas antes de su relevo, con Vilagrà el orden del día de la reunión, así como la fecha de un cónclave que no se celebra desde hace casi tres años. Una vez se fije el orden del día y la elección de los técnicos de cada parte que van a ser los interlocutores, estos elegidos van a empezar otro proceso de negociación previo a la celebración de la comisión. Se pretende, como es habitual, llegar al cónclave con algún asunto cerrado. En la reunión, además, se fijará el calendario de celebración de las otras tres comisiones: la comisión mixta de asuntos económicos y fiscal; la comisión bilateral de infraestructuras y la mixta de transferencias. Compartimentos no estancos Asimismo, las funciones de la comisión bilateral son proponer y llegar a acuerdos sobre las materias incorporadas en el Estatut. Pero no puede transferir competencias del Estado a la comunidad autónoma. Por parte catalana, en estos días se insiste en remachar el esquema de partición entre asuntos del ‘procés’ y los 'estatutarios'. Las carpetas pendientes entre ambas administraciones son cuantiosas. Pese a ello, la última reunión de la comisión se remonta a agosto del 2018. Posteriormente, a finales de septiembre, y en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, en una reunión presidida por entonces vicepresidente y ‘conseller’ de Economia, Pere Aragonès, el Ministerio de Hacienda se comprometió a saldar 1.459 millones de los 7.600 de deuda pendientes con Catalunya en cuatro años. A fecha de hoy, según datos de la Conselleria d'Economia, al haber sido prorrogados los presupuestos en 2019 y 2020, el calendario se ha aplazado. En los de 2021 ya se incluyó una parte de esos 1.459 millones (a 30 de junio no se habían aún cobrado) y se prevén nuevas partidas para 2022 y 2023. Los datos que manejaba la Conselleria d'Economia, bajo la batuta del hoy 'president', pocos meses después de ese acuerdo situaba la deuda específica con la Generalitat en más de 5.200 millones, cifra a la que habría que sumar el dinero que el Estado debe, no solo a Catalunya, sino a cada una de las autonomías, por distintos conceptos, unos 4.500 millones. La deuda es uno de los asuntos más candentes, junto a la falta de inversiones y alguna cuestión de tono político. Por ejemplo, el recurso del Gobierno a la ley catalana de alquileres que la Generalitat querría que se retirara. La disposición adicional del Estatut Volviendo a la deuda, la mayor parte del león de esos 5.200 millones se la llevaba los incumplimientos de la disposición adicional tercera del Estatut. En la Carta se sancionaba que, durante siete años, la inversión del Estado debía ser pareja a la aportación de Catalunya al PIB español, de un 20%. Así, el Estado debe el dinero de 2008 y del periodo 2009-2013, para un total de más de 3.700 millones. Y en este capítulo, las reivindicaciones catalanas no acaban aquí. Así se pide la cesión de la gestión de las principales infraestructuras (puerto y aeropuerto) y del Consorci de la Zona Franca. Siguiendo con la deuda, al menos en 2019 quedaban por pagar aun casi 700 millones de la deuda histórica de los Mossos. Aunque la titularidad es de la Generalitat, el montante que el Estado debería abonar para la seguridad en Catalunya se aporta a los Mossos. El Govern, que no quiere que se olvide ni la deuda por la ley de dependencia, ni los traspasos pendientes, como las becas, y "el traspaso de dinero del ingreso mínimo vital para reforzar la renta garantizada".

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