La trastienda de los indultos: "Pedro siempre lo tuvo claro"

Prohibido usar el correo electrónico. O rebotar el documento por WhatsApp. Los tres encargados de preparar los expedientes de los nueve presos del 'procés' que van a ser indultados se protegen frente a cualquier riesgo de filtración. Se marcan sus reglas. Los documentos solo pueden circular por sus manos. Los de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños. Ellos tres, en sus múltiples reuniones en la Moncloa -una o dos por semana de media, una de ellas los martes, aprovechando el Consejo de Ministros-, van tomando las decisiones más políticas, de las que reportan solo al presidente, Pedro Sánchez, y que plasman desde Justicia en los informes de cada reo. Campo entrega a Calvo y Bolaños los archivos, con las modificaciones que se incorporan poco a poco, en mano. En papel o en un 'pendrive'. Jamás por mail o por teléfono. Los textos no pasan por el filtro previo, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el lunes 21 de junio, aunque allí sí que se aborda la decisión. Al día siguiente, el martes 22, el ministro explica a sus compañeros los expedientes, propone aumentar la condicionalidad a Oriol Junqueras -de cuatro a seis años-, y comienza un largo debate de más de cuatro horas. Vivo, enérgico, "constructivo", "muy en positivo". "Unánime". Es la primera vez que el Consejo de Ministros discute la cuestión y casi todos sus miembros, de PSOE y Unidas Podemos, intervienen para apoyar al jefe del Ejecutivo y elogiar su "valentía". Algunos, como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, subrayan la "trascendencia" de la decisión que marcará la legislatura. Aquel día era el final del recorrido. La concesión de los indultos a los nueve líderes del 1-O que seguían en prisión. Pero todo comenzó mucho antes. Hacia el arranque de legislatura. Después de las elecciones generales del 10-N de 2019, en las que Sánchez no se reforzó y tras las que accedió a gobernar con Unidas Podemos y completar una mayoría en la que ERC era imprescindible. Después de la sentencia del Supremo, que incendió Catalunya. Y lo que sigue es el relato de un proceso, de una decisión, construido a partir del testimonio de ministros, altos dirigentes del PSOE y del Gobierno y cargos conocedores de la cocina de una iniciativa clave mediado el segundo mandato del líder socialista. Ir por delante Sánchez tenía "bastante claro", desde que montó el Gobierno de coalición, coinciden diversas fuentes del Ejecutivo (y de fuera de él), que desbrozar el camino en Catalunya requería de la aprobación de la medida de gracia. De hecho, esa carpeta formó parte de las conversaciones con ERC para la investidura. "Pedro partía de una reflexión política acertada: en este tipo de conflictos hay que tomar la iniciativa, y solo puede ser de acercamiento a la otra parte", apunta un exdirigente socialista que ha conversado mucho con el presidente de esta cuestión y siempre lo vio "determinado". "Va madurando que tiene un problema histórico, que es Catalunya, que tiene que resolver aunque no lo haya fabricado. Es consciente desde el minuto uno. No lo hace para sostener la legislatura, ni por salvar una votación", insiste una ministra muy cercana a Sánchez. "Porque tenía en mente los indultos fichó a Campo", en enero de 2020, abunda un miembro del equipo del presidente, "por su perfil técnico y político" y sus tablas para manejar una ola con fuerza suficiente para, si se desborda, tumbar al PSOE. La decisión, a esas alturas, ya está "muy decantada", luego sobreviene el azote de la pandemia y, en septiembre, es el ministro quien, inesperadamente, anuncia en el Congreso, en la sesión de control, que su departamento comenzará a tramitar las peticiones de indultos recibidas. El Gobierno empieza entonces a preparar el terreno. No tenía por qué adelantar en aquel momento el arranque de un paso preceptivo y administrativo, pero se decide, por estrategia, contarlo. Ir por delante, "no a hurtadillas", cuentan fuentes del Ejecutivo. Aunque para las elecciones catalanas del 14-F ya no había dudas, la Moncloa opta por la prudencia, para no contaminar el debate, "ni enredar". "No había más opción que dar los indultos si piensas con el cerebro y no con las vísceras. Pero no teníamos el control de los tiempos. Había que esperar a que el Tribunal Supremo emitiera su informe", sentencian desde el Gabinete. Hacia finales de mayo, ya se sabía que los magistrados estaban a punto de emitir su dictamen. Y que sería contrario a la concesión del indulto. Y muy duro. Los presos han pasado más de tres años y medio entre rejas, y el independentismo "no se ha saltado ni un milímetro la legalidad". El día 25, Sánchez, desde Bruselas, apunta de manera diáfana, y por primera vez, que aprobará la medida de gracia para favorecer la "convivencia" y la "concordia". En la Moncloa conocen que apenas unas horas después el TS se pronunciará. De nuevo, se opta por "tomar la iniciativa, por adelantarse". Que el "golpe" sea el del presidente, y no de los jueces. La labor dentro del PSOE A partir de ese momento, se diseña una estrategia en una doble vertiente. Para la parte técnica, Sánchez delega en el tridente "natural" -Calvo, Campo y Bolaños-. En la parte política, la planificación recae en el jefe de Gabinete, Iván Redondo, y los mensajes se canalizan a través de la vicepresidenta primera y también de la portavoz, María Jesús Montero, y el titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. La Moncloa se moviliza. Habla con prescriptores de opinión, con catedráticos, para que expongan su opinión a favor de los indultos y vaya creándose un clima de opinión. Sánchez va por delante en la argumentación, se reserva los mensajes principales, las pinceladas clave del cuadro. Ábalos apuntala esa labor de pedagogía, también de puertas para dentro de un PSOE que primero se inquieta y después va asimilando el trago. Tampoco el número tres debe "bregar demasiado" con el partido, porque "rápidamente todo el mundo se pone en órbita", salvo el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien pese a su posición contraria tampoco saca los cañones contra Ferraz. Felipe González va matizando su posición y José Luis Rodríguez Zapatero alaba desde el primer minuto la "valentía" de Sánchez y se pone a su disposición. El jefe del Ejecutivo le recibe en la Moncloa y le agradece su respaldo. El expresidente, defensor del "diálogo" como instrumento para resolver los conflictos, se emplea con sus exministros y notables como José Bono para que el PSOE cierre filas con su líder. Joaquín Almunia también se alinea con el Ejecutivo. "Ocurre lo que impone la tradición en el PSOE: dejar al presidente que decida", observa un veterano. Pese a que el debate va girando poco a poco, no pocos dirigentes piden en público y en privado un gesto al independentismo. Y llega. La carta de Junqueras, en la que se aparta de la vía unilateral y acepta los indultos. Es 7 de junio. Tribuna difundida (y no por casualidad) por La Sexta y el diario 'Ara'. Nadie en el Gobierno lo confirma de manera oficial (ni lo desmiente), pero todas las señales apuntan a una estrategia de descompresión tejida con ERC. Y hay mimbres, porque la buena relación entre los dos partidos alcanza varios niveles, desde la interlocución de los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, hasta la de los hombres de confianza de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, Iván Redondo y Raül Murcia, aunque el jefe de Gabinete del presidente también habla ahora con su homólogo en la Generalitat, Sergi Sabrià. Ese es "el punto de inflexión", porque reflejaba que también el independentismo se movía, que el camino "es compartido". El PSOE se aquieta, también espoleado por los ataques de la derecha contra Sánchez. "Casi siempre en el partido puede más la esperanza que el temor", redondea un exdirigente. "Desde ese momento, todo fluye cuesta abajo", indica un alto cargo del Ejecutivo. El fiasco de Colón 2 (en la misma jornada en la que Susana Díaz es definitivamente abatida por el candidato de Ferraz, Juan Espadas), el alineamiento del Congreso, de sindicatos, de la patronal y la Iglesia catalanas, de la Conferencia Episcopal y, aunque de manera más matizada, del jefe de la CEOE, Antonio Garamendi. También de los grandes rotativos internacionales. “Ganamos por goleada el debate público porque la derecha no tiene más que apelaciones al odio y al rencor. Y a la venganza”, celebran en la Moncloa. Entretanto, se avanza con la tramitación de los expedientes. Desde el principio se tiene "claro" que las inhabilitaciones no se podían tocar. Y se decide conmutar la totalidad de la pena, para no obligar al TS a recalcular la condena, porque se correría el riesgo de que, en su interpretación, los jueces determinen que los presos pasen el tiempo restante en la cárcel, no en libertad condicional. "No podíamos asumir el desgaste de la decisión y que después no salieran a la calle", explican en el Ejecutivo. Lo último que se decide es la condicionalidad, "la guinda". Con cada paso, el equipo de Campo en Justicia va armando técnicamente los expedientes, hilando la argumentación. La comunicación del ministro con Bolaños y con Calvo, la coordinadora de los trabajos y encargada de darles el "empaque constitucional", es "constante". El presidente es informado de los textos, no los demás ministros. La sedición, en el congelador ¿Y la reforma de la sedición? En el Ejecutivo hay algunos miembros partidarios de incorporar este punto al debate. Pero se desecha para no mezclar asuntos. Se quiere encapsular los indultos, manejar el debate "con muchísimo tacto", hacer "política con mayúsculas", "tomar una buena decisión y explicarla". En la Moncloa creen primero que la fecha más probable de aprobación de los reales decretos será el 29 de junio, pero apuntan al martes anterior, el 22, y el posterior, el 6 de julio, por si hay adelantos o retrasos. Sin embargo, el ritmo de trabajo es bueno, "sin parones". Para el día 15, ya está claro el momento: será el 22. Se alquila a primeros de semana el Liceu de Barcelona, porque se quiere que sea allí donde el presidente se dirija a la sociedad catalana, exponga sus razones y anuncie la fecha. El jueves 17 se hace público el acto y se mandan las invitaciones. El 18, Calvo cita en su despacho a Bolaños y Campo y cierran el grueso de los archivos, que el presidente revisa durante el fin de semana. Da su visto bueno. El 21 por la tarde, tras la conferencia en la capital catalana y la víspera del Consejo de Ministros, se rematan los expedientes. El trabajo no es tan "agobiante" como en el primer estado de alarma, cuando la maquinaria del Gobierno estaba obligada a escupir normas para controlar la pandemia y llevarlas al BOE casi a diario, pero se siente el vértigo. "Te afecta, le das vueltas, sabes que son resoluciones que se estudiarán en la historia", traduce un alto mando. "Es una ponderación impecable en términos de clemencia y contundencia del Estado", agrega otra máxima responsable. La reunión del Consejo arranca con la introducción del presidente y la larga explicación de Campo, que propone aumentar a Junqueras, de cuatro a seis años, el periodo de garantía durante el cual no podrá cometer un delito grave, porque el indulto se revertiría. Había que valorar las "actitudes" de los penados, explicaría el ministro en la SER unas horas más tarde. Casi todos los miembros del Gabinete hablan -no interviene la titular de Industria, Reyes Maroto-, "se solemniza que no es la decisión de una sola persona, sino que hay completo consenso en el Gobierno", remarca un ministro. Se reconoce que en la calle hay opiniones contrarias, pero que hay que ir hacia delante. Calvo cierra el debate. "La convicción de la decisión" "Los indultos", la salida a la que ya en 2017 apuntó Miquel Iceta, "son la única manera de quitar una hipoteca que pesaba de manera clara en un proceso de diálogo. No hay alternativa, no hay nadie que la tenga. La continuidad del Ejecutivo, además, está asegurada, otra cosa es que sea un tránsito plácido. No hay elecciones a la vista ni cabe una moción de censura que prospere. Pero es que por encima de todo hay decisiones que tienes que tomar", reflexiona un miembro del Gabinete. Otro coincide: "No hacer nada es lo que no tiene coste. No podíamos sucumbir al marco de la derecha, la mayoría parlamentaria está de este lado y con este PP no puedes hacer nada. En Europa, además, esto se ve de otro modo". Todos coinciden en la "determinación" de Sánchez. Desde el principio. "Siempre lo tuvo claro", señalan. Y él ha sido quien ha marcado el paso. "Pedro quiere dejar su impronta para el futuro, para la historia, y quiere que sea por Catalunya. Siempre concibió que esta era la legislatura del reencuentro y que los indultos eran un paso necesario", sentencia una ministra que, no obstante, expresa sus dudas por el impacto de la medida. Por el hipotético castigo en las urnas. Porque, a fin de cuentas, y lo reconocen varios de los dirigentes consultados, el "éxito" de una operación de altísimo riesgo no descansa solo en el Gobierno, sino sobre todo en la respuesta del independentismo. "Cuando uno está en la Presidencia del Gobierno y maneja temas trascendentales, el reflejo electoral está en un segundo o tercer plano. Lo que pesa más es la convicción de la decisión, la responsabilidad", advierte un destacado exresponsable socialista. Se ha removido “un obstáculo”, convienen en el Ejecutivo, pero "enderezar la crisis con Catalunya costará mucho más". El siguiente paso es la reunión de Sánchez y Aragonès del martes. Luego, la mesa de diálogo, que la Moncloa por ahora prefiere dejar para septiembre. Se puede hablar de todo, decía el presidente en Bruselas el viernes, pero el límite está en la Constitución y la ley. Una forma de repetir que no habrá ni autodeterminación ni amnistía y que quiere "aterrizar" en propuestas más "viables", como las inversiones o la financiación. La modificación del Código Penal para rebajar la sedición, mientras, "está enfriada, no aparcada", a la espera de que coja madurez y se hallen el momento y los apoyos parlamentarios. Por ahora, en el Ejecutivo no se plantean ni reintroducir el delito de convocatoria de referéndum ilegal, para contrapesar la revisión legislativa, ni ofrecer la reforma en la mesa con la Generalitat. Son muchas las incertidumbres que planean en el horizonte. Y nadie se atreve a pronosticar cómo será la digestión, para la sociedad catalana y para el conjunto de España, de una medida difícil y etiquetada como histórica, poderosa bandera para la oposición. "Poco a poco", aconseja un exlíder socialista, "la virtud de la democracia es que el final no está escrito".

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