La propuesta de amparo a los condenados por el Tribunal Supremo por el asedio al Parlament enturbió en 2019 las relaciones entre los magistrados del Tribunal Constitucional, que hasta entonces habían logrado la unanimidad en todos los asuntos trascendentales y, en concreto, en los relativos al 'procés'. El asunto ha estado enquistado en el alto tribunal hasta que este jueves el pleno, por seis votos frente a cuatro, ha acordado avalar la sentencia del Supremo, que anuló la de la Audiencia Nacional que absolvió a 19 de los 20 acusados por el asedio al Parlament del 15 de junio del 2011, y, en su lugar, condenó a ocho de ellos a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.