El 'president' Pere Aragonès, al frente de su Govern al completo, reaccionó este martes de manera oficial a la concesión de los indultos a los nueve independentistas encarcelados por el 'procès'. En la Galería Gótica, del Palau de la Generalitat, y flanqueado por su Ejecutivo, cuya mitad, la que está en manos de Junts, acoge con enorme escepticismo la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat, aseveró que la medida de gracia dota "de credibilidad el camino del diálogo, la negociación y el acuerdo" por el que él y su partido han apostado desde hace meses, sino años.
Un camino para el que el Executiu mantiene incólumes sus dos principales reivindicaciones: "Es la hora de un referéndum de autodeterminación. Es la hora de la amnistía", espetó Aragonès que, tras glosar la figura de los nueve reos a punto de ser liberados, sostuvo que "salen con la cabeza bien alta y con las ideas intactas" y con la clara percepción de "no haber cometido ningún delito, sino de haber dado curso a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos".
Para Aragonès, la consulta de autodeterminación, pactada y con el aval de las instancias europeas, "es la opción que más consenso genera" entre la ciudadanía catalana y la manera de dar "una respuesta democrática a un conflicto democrático". "Es la hora de la política", afirmó el líder del Executiu, casi parafraseando lo dicho por el Gobierno de Pedro Sánchez para explicar el por qué de la medida de gracia.
Llamada a Sánchez
Al hilo del informe aprobado el lunes por la asamblea plenaria del Consejo de Europa, el 'president' exigió a Sánchez "que atienda sin más dilación la llamada" del organismo europeo "y cese en la represión del independentismo y retire las euroórdenes contra los políticos del 'procés' perseguidos y residentes en distintos puntos de la geografía europea. Para el Govern, es necesario hallar una solución "acordada, bajo los parámetros de los derechos fundamentales y de los derechos humanos", en referencia al cerco a la libertad de expresión que en España se ha hecho, según el informe del Consejo de Europa.
Como ha dicho otras veces, para él y su gabinete, los indultos "no solucionan nada", "ni la represión, por ejemplo la que ahora perpetra el Tribunal de Cuentas; ni la situación de los exiliados, ni, tampoco, la privación de los derechos políticos de los nueve reos", al mantener viva los indultos la pena de inhabilitación para la función pública.
La CUP diagnosticó que el perdón a los presos es "una primera piedra de una operación de Estado impulsada por el Gobierno con las elites económicas" que se pronunciaron en favor de los indultos para acabar con el 'procés' y al que bautizan ya como el pacto del Liceu. Ante esto, los anticapitalistas animaron a retomar el camino hacia la independencia por la autodeterminación y la amnistía, aunque la diputada Laia Estrada no escondió su temor a que la "condicionalidad" de la medida de gracia "convierta [a los presos] en auténticos rehenes" y frene el acuerdo que alcanzaron con Esquerra para la investidura del 'president' que apuesta por la "confrontación" en un nuevo "embate democrático" al Estado.
"Reencuentro con las urnas"
Siguiendo prácticamente el mismo guion que Aragonès, Òmnium Cultural reivindicó que su presidente, Jordi Cuixart, saldrá de prisión “con sus convicciones, sus valores y sus ideales intactos y más reforzados que nunca”. El vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, alertó al Gobierno de que, pese a la concesión de los indultos, “su estrategia no ha funcionado” porque ha dado “más fuerza y argumentos al independentismo” para luchar por la autodeterminación y la amnistía.
A su juicio, el gesto del Ejecutivo responde al temor al dictamen que pueda emitir Estrasburgo: “Saben que perderán esta causa en Europa, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenará España por esta persecución política e ideológica”, afirmó y, ante el reencuentro que propugna Sánchez, animó al “reencuentro con las urnas y la libertad”.
La ANC, aunque compartió la visión de que el perdón “llega para apaciguar la presión sobre España de los organismos internacionales” y “para retardar la sentencia” del TEDH “en un contexto de debilidad” del Estado, puso el acento en un supuesto pacto oculto. En un comunicado, la entidad que preside Elisenda Paluzie exhibió su preocupación por el hecho de que la concesión de la medida de gracia “pueda ser fruto de un acuerdo [del Gobierno] con dirigentes políticos independentistas que condicione la actuación política del Parlament y el Govern” y pidió una “reflexión” con el fin de que la lucha por la independencia esté encabezada por liderazgos “no condicionados por el chantaje del Estado”.