Los rescoldos judiciales del 'procés' tras los indultos

Un puñado de causas derivadas del otoño independentista de 2017 y de algunas actuaciones posteriores sobre el 'procés' continúan tramitándose en los juzgados y tribunales, pendientes de juicio o de que se finalicen las investigaciones. Decenas de personas, entre ellos los 'consellers' Natalia Garriga, Roger Torrent y Josep González Cambray, están a la expectativa de su futuro judicial, al igual que antiguos y actuales altos cargos de la Generalitat, los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pero también el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' que huyeron con él. Estas son las principales causas judiciales relacionadas con el 'procés' que siguen abiertas en multitud de instancias y con recorridos muy inciertos en el tiempo. Puigdemont y los huidos de la justicia Cuando estás inmerso en un procedimiento judicial y huyes de la justicia, la causa permanece en estado latente hasta que vuelves a estar a disposición de los jueces que te imputaron. Es justo lo que ha pasado con el 'expresident' Carles Puigdemont y los ‘exconselleres’ que le acompañaron en su huida. También, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘procés’, guarda en sus manos el procedimiento en el que les imputa sedición, malversación o desobediencia a los declarados en rebeldía, listo para reabrirlo en cuanto se pongan a su disposición, como ocurrió con la ‘exconsellera’ de Agricultura Meritxell Serret, que tras declarar ante el magistrado, quedó en libertad a la espera de ser juzgada. El Tribunal de Cuentas y el Diplocat El Tribunal de Cuentas tiene previsto comunicar el 29 de junio a los 'expresidents' Artur Mas y Carles Puigdemont, al 'exconseller' Francesc Homs y al exvicepresidente Oriol Junqueras, junto a una treintena de miembros de sus 'Governs' y altos cargos de la Generalitat, el dinero que calcula que se desvió del Diplocat al 1-O. La cantidad en la que se cifre la responsabilidad contable que se les atribuye se sumará a los 4,1 millones de euros en que se calculó el referéndum ilegal y que ya fue abonada desde la "caja de solidaridad", lo que fue tenido en cuenta por la Abogacía del Estado para no oponerse a los indultos de los condenados del ‘procés’. Los acompañantes de Puigdemont El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió el pasado 20 de mayo el juicio para determinar si los Mossos d'Esquadra que, aprovechando sus días libres, acompañaban a Carles Puigdemont en el momento de su arresto en Alemania, el 25 de marzo de 2018, cometieron o no un delito de encubrimiento. El juez se vio obligado a aplazar la vista oral por la enfermedad de un familiar de uno de los abogados de la defensa y pospuso la vista a primeros de julio. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, solicita para los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, al considerar que ambos eran "conscientes" de que se había ordenado el arresto del 'expresident' para que respondiera ante el Tribunal Supremo por un delito de rebelión. CDR, Tsunami y espías rusos El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga, además, varios frentes relacionados con el 'procés' en piezas separadas que partieron de una principal abierta en septiembre de 2019 con la detención de varios miembros de los CDR a los que se considera miembros de una célula de carácter terrorista con sustancias, como la termita, que mezclada podría servir para fabricar explosivos, aunque estén en libertad. En un informe de conclusiones, la Guardia Civil ha ratificado los indicios que había contra ellos y el fiscal debe decidir a partir de ese informe si mantiene la imputación por delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y fabricación y tenencia de explosivos, como ha hecho durante toda la instrucción. De esa causa salió otra por el uso de 'hackers' por Tsunami Democràtic, en la que el que el juez del 'caso Voloh' ha remitido a la Audiencia Nacional sus pesquisas sobre el entorno de Puigdemont y otra sobre la visita a Catalunya de una unidad de élite de espías rusos con el objetivo de desestabilizar España. Los preparativos del 1-O Para varios altos cargos del Govern de Puigdemont se cierne un año incierto. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, mantiene como procesadas a 29 personas (secretarios, directores generales, altos cargos, funcionarios y empresarios) por los preparativos del referéndum unilateral. En esta causa están imputados los directores de TV3, Vicenç Sanchis, y Catalunya Radio, Saül Gordillo, altos cargos de Ejecutivo catalán e informáticos. Este procedimiento judicial sufrió un retraso al ordenar la Audiencia de Barcelona que se citara de nuevo a los imputados para preguntarles por unos hechos relacionados con unas resoluciones del Tribunal Constitucional que no estaban incluidas en la causa cuando se les comunicó su procesamiento. En este caso está imputada la actual ‘consellera’ de Cultura, Natàlia Garriga, que como aforada deberá ser juzgada por separado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por su labor cuando era directora de servicios de Vicepresidència i Economia. Los dos diputados de ERC Del proceso del Juzgado de Instrucción 13 nació una causa de la que se encarga el TSJC por la condición de aforados de sus dos implicados: los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. La instrucción del proceso por los preparativos del 1-O y la creación de las llamadas "estructuras de Estado" está finiquitado. Se acusa a estos parlamentarios de los delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos. La fiscalía debe presentar, si lo considera conveniente, su escrito de acusación y las defensas sus argumentos exculpatorios. Acción exterior Otro de los rescoldos del ‘procés’ se dirime en otro juzgado de Barcelona, el de Instrucción 18, cuya titular, Carmen García, admitió una denuncia presentada por la fiscalía tras recibir un informe del Tribunal de Cuentas que analizaba los gastos destinados a la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017, y apreciaba que determinadas partidas fueron destinadas a finalidades ajenas y tenían como objetivo primordial “dar a conocer, impulsar y obtener el respaldo internacional al 'procés'”. La magistrada ha requerido documentación y tiene previsto tomar declaración a testigos y, posteriormente, a los denunciados, entre ellos Raül Romeva. Financiación del 'procés' y Waterloo Voloh es el dios eslavo de la tierra, las aguas, los bosques y la fertilidad, y ese es el nombre que la Guardia Civil dio a una operación, dirigida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, por corrupción y la presunta financiación del ‘procés’ y la estructura de Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica). El ‘president’, Pere Aragonés, nombró ‘conseller’ de Educació a Josep González Cambray, que en octubre de 2020 fue detenido. Si existen indicios contra él, el togado deberá remitirlo al TSJC. Entre los imputados figuran David Madí, exalto cargo de CDC, y el ‘exconseller’ de ERC Xavier Vedrell. El juez aún mantiene piezas bajo secreto. La Mesa del Parlament El TSJC admitió a trámite en marzo una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya por desobediencia contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y los otros miembros independentistas en la Mesa de la Cámara durante la pasada legislatura, Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC), a los que se le atribuye haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista, en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. En enero de 2020, los magistrados de este tribunal acordaron por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara la interposición de la querella. Ningún acusado ha declarado todavía. Activistas, síndicos y policías Manifestantes y activistas soberanistas están investigados por las protestas contra la sentencia del Supremo por el ‘procés’. Solo por la acción del Tsunami Democràtic en la frontera francesa hay 196 imputados. Asimismo, en Barcelona, la acusación pública reclama seis años de prisión al ‘exconseller’ Miquel Buch y cuatro años y medio para un agente por el servicio de protección de Puigdemont en Bélgica. En otro frente, los cinco académicos que formaron la Sindicatura Electoral del 1-O resultaron absueltos, pero la fiscalía lo ha recurrido. Entre ellos estaba la ahora ‘consellera’ Tània Verge. Más retraso lleva la causa por la intervención de la Policía Nacional en los centros de votación de Barcelona el 1-O, en la que resultaron heridas varias personas. Pese a que el juez Francisco Miralles tiene prácticamente terminada la instrucción, el aluvión de peticiones de las acusaciones ha postergado el final de la investigación. La Audiencia de Barcelona está ordenando que se efectúen declaraciones de agentes que antes habían sido denegadas por el togado. Además, por la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil hay otros procesos judiciales repartidos por el territorio catalán.

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Puigdemont, 'consellers', altos cargos del Govern, diputados y activistas están siendo investigados por tribunales de justicia

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