Estos son los argumentos del Gobierno a los indultos de los políticos del 'procés'

Una treintena de páginas para cada preso del 'procés' ha necesitado el Gobierno para argumentar una de sus decisiones más endiabladas de la legislatura: el indulto a los líderes del 1-O y la DUI. Algunos de los expedientes que han trascendido demuestran el fuerte componente político de las motivaciones que sostiene el Ejecutivo para razonar la excarcelación de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En sintonía con las tesis que ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las últimas semanas, las medidas de gracia se justifican en razones de "utilidad pública" y como gesto para allanar el camino del diálogo y la negociación. En algún caso, además, se elogia a los indultados como figuras de relevancia para poder abrir una nueva etapa de entendimiento en Catalunya. Estos son los principales argumentos esgrimidos para apuntalar los indultos del 'procés'. La carta de Junqueras El expediente mediante el cual el Gobierno indulta a Oriol Junqueras hace referencia explícita a que el líder de ERC rechazó, en un artículo de hace dos semanas, la vía unilateral hacia la independencia. En aquel escrito, titulado 'Mirando al futuro', Junqueras decía que esa ruta hacia la secesión no es "viable" ni "deseable", y apoyaba la concesión de los indultos. En el mismo sentido, el Ejecutivo también subraya la "evolución" del líder de ERC "hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Catalunya". Otro argumento, no menos importante, es "el peso indiscutible" que tiene "en el devenir de las relaciones entre España y Catalunya", como se subraya en el expediente. Sànchez, "persona clave" El Gobierno sostiene, en el informe de 33 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que el encarcelamiento de Jordi Sànchez “afecta indudablemente” a la convivencia, “condicionando negativamente las relaciones entre Catalunya y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto”. Así, justifica el perdón alegando que es un “destacado referente social” dentro del ámbito independentista, incluso “uno de los principales actores políticos de la escena catalana” al ostentar una “doble condición” ya que fue encarcelado como líder social y ahora ejerce como secretario general de la tercera fuerza política en Catalunya. El Gobierno cree que su posición en el 1-O y en la DUI, aunque no formara parte del Govern, “es también la que hace de él una persona clave para la restauración de la convivencia”. Acabar con los agravios El Ejecutivo razona, en el informe de 32 páginas sobre el indulto a Jordi Cuixart, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que "el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto" como la que vive Catalunya y que, en ocasiones, "el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas del conflicto, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados". El Gobierno repasa la trayectoria de Cuixart y su "indudable posición preeminente en la sociedad civil independentista" para concluir que su encarcelamiento como líder social "no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente". Rebajar la tensión El informe del Gobierno en el que justifica la concesión del indulto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera de Treball Dolors Bassa se fundamenta en que esta medida responde a "la profunda crisis social y política" de Catalunya y no representa un reproche a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. El Ejecutivo sostiene que el indulto "no quebranta en absoluto" el prestigio del tribunal sentenciador y, en cambio, sí es "un mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política" y "encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento". Convivencia y concordia En los nueve casos, el Gobierno afirma que concede los perdones por su "utilidad pública" y para facilitar la "restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes". También se busca "dar una oportunidad para un nuevo comienzo en las relaciones entre Catalunya y España", y se constata, según el Ejecutivo, que no darles el indulto provocaría "la agravación del conflicto". "Su mantenimiento en prisión, por legitimado que esté en términos jurídicos, dificulta la generación de las condiciones necesarias para el encuentro y el diálogo", razona. Segunda oportunidad El Ejecutivo reconoce que los postulados independentistas son compartidos por buena parte de la sociedad catalana y que, con la concesión del perdón, “esos ciudadanos podrán ver en libertad a sus líderes y comprenderán que la democracia española les da cauce para expresar sus opiniones en libertad y para defender sus ideas con normalidad”. No obstante, todos los indultos están condicionados a que los condenados por el 1-O no vuelvan a cometer ningún delito en un plazo de tiempo que, según el paso, oscila entre 3 y 6 años.

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