Juana Rivas ha ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir la condena firme a dos años y medio de prisión por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017, según ha informado este viernes su abogado, Carlos Aránguez.
Rivas ha admitido que jamás pensó que le pasaría algo así y que cree que su condena es "principalmente para sus hijos". "Estos son momentos muy difíciles. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente esta condena es para mis hijos. Voy a cumplir con una decisión que considero muy injusta, pero que no voy a desobedecer", ha indicado.
Un CIS es un lugar para el cumplimiento de penas atenuadas, cuando se alcanza tercer grado, no se presenta riesgo de mal comportamiento, fuga o violación de condena o la junta de tratamiento de la prisión estima que no es necesario el ingreso en módulo cerrado sino el seguimiento por psicólogos y orientadores sociales. Tal y como explica Juan José Fernández, en estos centros se cumple condena generalmente en régimen abierto, yendo a dormir.
Petición de indulto
Rivas, que también ha solicitado el indulto al Gobierno, está condenada en firme por haber permanecido en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.
El Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitarlo.
Verano de 2017
Los hechos tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando la madre permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.
Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja denunciase la desaparición, la acusada entregó a los dos niños un mes después en Granada.
La Audiencia de Granada y el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada apreciaron que la acusada había cometido dos delitos de sustracción de menores, uno por cada niño, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a su entrega al padre que ostentaba la custodia de los mismos por disposición judicial.
El Tribunal Supremo consideró finalmente que, aunque el artículo 225 bis del Código Penal siempre se refiere al "menor", en singular, el título donde se ubica la norma, alude a las relaciones familiares, de ahí que finalmente la condenara por un solo delito a la pena de dos años y seis meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad.