EEUU renueva sus contratas en las bases reduciendo personal español

Cada madrugada, al dar las cuatro, uno o dos miembros de la asistencia en tierra a los vuelos que llegan a la base de Rota dejan el trabajo unas horas. Lo mismo pasa en pleno turno de tarde, a las 16, y por la mañana, a las 12. Es el ritual cotidiano de la que se ha convertido en la huelga más larga de la historia de España, la que desde el 3 de octubre de 2018 mantiene la plantilla de la contrata Louis Berger Aircraft Services en el complejo naval de uso hispano-norteamericano. Y no parece que el conflicto acabe antes de que, el 30 de junio, expire la concesión que esa firma americana tiene para la estiba de aviones, traslado de pasajeros y tripulaciones y servicios en tierra. Cuando finalice junio, el Pentágono habrá culminado la renovación de sus dos principales contratas civiles en territorio español. La otra, en la base áerea de Morón (Sevilla), tiene ya nuevo adjudicatario, KBR, que acaba de cumplir sus primeros diez días de operaciones enmarcados en la tensión de la plantilla civil española. Coincidiendo, pero solo en el tiempo, con el relevo de la administración del empresario Trump por la del sindicalista Biden, la US Air Force y la US Navy cambian sus auxiliares civiles para su despliegue en esta zona del globo. Y en medio de la inquietud de sus empleados españoles. El fenómeno tiene también otro telón de fondo. Este mayo termina la vigencia del tratado bilateral entre España-EEUU que abrió la puerta, en 1953, a las bases militares de utilización conjunta. El tratado fue prorrogado por ocho años en 2013, y ahora, como venían anunciando altos cargos de Exteriores desde el otoño pasado, se prorroga automáticamente un año más. Cada vez menos, cada vez más viejos La plantilla en Morón, dedicada al auxilio en el aeródromo, comedores, limpieza, sanidad y mantenimiento, ha pasado en once años de 610 empleados españoles a 320, en un goteo que UGT ha descrito a diversos contactos políticos en Andalucía como un proceso paulatino de sustitución de trabajadores locales por empleados norteamericanos. Estos han aumentado de 50 a 90, según fuentes de la base. La plantilla recibió su último golpe en plena pandemia. Lo propinó Vectrus, la contratista saliente. A las 0 horas del 16 de agosto de 2020 entraba a trabajar gente americana en el hotel de la base, para sustituir a 10 administrativos y recepcionistas españoles. Habían sido despedidos por causa objetiva, con el mínimo legal de 20 días por año. El motivo: reorganización de los hoteles de las bases. El goteo de despidos tiene ya once años de duración. En 2010, 2013 y 2014 se ejecutaron tres ERE que costaron 119, 66 y 55 despidos respectivamente. El último ERE sucedió a una decisión del gobierno de EEUU de militarizar los servicios aeroportuarios de repostaje, parque móvil y terminal. El comité de empresa trató de llevar el caso a la Justicia en España, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró, en virtud del tratado, que los empleados no podían denunciar al gobierno estadounidense por “inmunidad de jurisdicción”. En 2016, 2017, 2018 y 2019 Vectrus despidió a 12, 14, 10 y 15 empleados. Además en el periodo se han amortizado 47 plazas de españoles por jubilaciones, según el comité de empresa. “Somos una plantilla envejecida, porque los ERES fueron obligatorios, sin opción a prejubilaciones”, lamenta un miembro de la sección sindical de UGT en la base. Más leal, menos caro Mientras la plantilla española desciende, crece la americana. El retrato robot del empleado preferido por las sucesivas contratas en Morón es el de un exsargento de entre 40 y 50 años, que ya percibe una pensión (hasta 40.000 dólares) de Estados Unidos, que ha cumplido 25 años en la fuerza Aérea y que conoce bien la base. Este trabajador, indican las mismas fuentes, “no dará problemas a los jefes, ni seguirá huelgas. Su lealtad está asegurada”. Y no solo por patriotismo y costumbre castrense: no deja de cobrar la pensión mientras trabaja de “contratista” de la contrata, y sin pagar impuestos en España ni originar costes sociales. Todo ello le hace un rival imbatible en la pugna por un empleo. Las sustituciones por exmilitares menudean entre los bomberos, fontaneros, carpinteros, técnicos de talleres y hasta cocineros. KBR acaba de publicar cinco anuncios de demanda de personal para la base. Los cinco, para líderes de equipo. En todos los casos es necesario un security clearance, una autorización de confianza para el manejo de documentación, que no tienen los candidatos españoles. Non gratos en Rota Un personal similar se recluta para sustituciones de empleados españoles en Rota, confirma el comité de empresa de la base naval. Aunque allí, matizan, lo hacen las concesionarias pequeñas. La principal, Louis Berger, no trata tanto de sustituir nacionalidades como de abaratar sueldos. En el último año no ha habido despidos, sino que se ha dejado hacer al movimiento vegetativo de bajas y jubilaciones no reemplazadas. En los últimos cuatro años, Louis Berger dio el finiquito a 32 españoles, más otros 12 en 2016. Tras los despidos, “se vuelven a subcontratar los trabajos, pero pagando mucho menos por ellos, a empresas americanas y españolas”, explica Edgard Schmidt, asesor del comité de empresa y jubilado de la base naval. “Nuestros empleados en la base de Rota ganan un 40% más que en el sector de aeropuertos”, se quejaba el presidente de la concesionaria, Jiry Mali, al ABC de Sevilla en enero de 2020. El salario promedio al que se refiere es de 2.670 euros brutos al mes. Y el que la firma busca imponer no supera los 1.000, indican en el comité de empresa. En octubre de 2018, una sustitución por Louis Berger del convenio de empresa por el convenio del sector hizo estallar el conflicto. Diez despidos disciplinarios en este periodo han sido declarados nulos por los tribunales españoles. En plena pandemia, en julio de 2020, la firma abandonó la mesa de negociación. El 29 de diciembre, el alcalde de Rota, el socialista Javier Ruiz, promovió en su ayuntamiento declarar non grata a la empresa. Casi todos los partidos, incluido el PP, votaron a favor; solo Vox se opuso. La plantilla de servicios a aviones de Rota tiene hoy 134 españoles; hace seis años eran 175. Hoy sigue la huelga el 80% de la plantilla, porcentaje algo inferior al de los servicios mínimos a que está obligada: 90%. Por eso los trabajadores solo pueden ausentarse una parte de su jornada. Negocio de halcones Vectrus, la contratista saliente en Morón, no aceptó una mediación judicial en sus despidos, aunque sí pleitea en Estados Unidos. Concretamente ante la Oficina de Responsabilidades del gobierno, y contra quien le sucede en la adjudicación: KBR. Vectrus impugnó el concurso, de 974 millones de dólares para cinco años, prorrogables a ocho. Washington denegó la protesta el pasado 23 de diciembre. La firma que se ha ido de Morón es experta en la gestión de contratas civiles fuera de EEUU. En España no ha arriesgado mucho: la casi totalidad del material utilizado en mantenimiento es gubernamental; solo ha tenido que gestionar al personal. Con parecidas condiciones desempeña encargos del Pentágono en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí, entre otros destinos. El club de las contratas de defensa es en Estados Unidos una gran puerta giratoria para militares y políticos. Por eso no es raro que altos oficiales retirados, incluso generales de cinco estrellas, hayan pasado por Vectrus. En España ha estado administrada por las abogadas Susana Ruiz Peña y Rosalía Díaz, habituales en las sucursales de firmas americanas como Apple, Warner Bros, Tesla, AirBnB o Disney Store. Vectrus es más pequeña que su rival KBR. Kellogg, Brown & Root fue en sus orígenes una empresa de transporte. Sus ejecutivos conocen España. Entre 2010 y 2015 fue parte de la joint venture VBR, con la que gestionó trabajo en las bases de Morón e Incirlik (Turquia) aliada con el gigante aeroespacial Northrop Grumman. Esta firma clave en la industria de defensa americana tenía buenas razones para la alianza: KBR era satélite de Halliburton, la petrolera de Dick Cheney, vicepresidente con George Bush y uno de los halcones que auspiciaron las intervenciones de EEUU en el Golfo Pérsico. Ahora KBR deberá reiniciar su perfil societario en España bajo la figura de SEE (Sucursal En España) que utilizan las firmas extranjeras. En 2015, después de irse de Morón, dejó aquí un pequeño destacamento inmobiliario, ya extinto, para la construcción de un Marriott Hotel y un Club de vacaciones en Denia (Alicante). La principal contratista en Rota, Louis Berger AS, no se diferencia de las otras en fichaje de ex altos militares, pero sí en un pasado reciente en el que dio trabajo al FBI por prácticas corruptas que le valieron una condena. Su administrador en España, Mario ‘Marty’ Oswaldo Reyes, participa en sociedades caritativas y de apoyo a excombatientes americanos, como Hiring Our Heroes o US Soldier for Life. El conflicto en la base le ha convertido en el principal cliente del área laboral del bufete Garrigues en Andalucía. Miniparaíso fiscal A la sombra del progresivo aumento de trabajadores civiles americanos en las contratas y de una laxa interpretación del tratado bilateral ha crecido una excepcionalidad fiscal en Andalucía. Los algo más de 400 trabajadores exmilitares americanos de Rota y Morón, pese a que trabajan para empresas con CIF español, no tributan en España ni cotizan a la Seguridad Social. El tratado otorga esa exoneración al personal militar americano y a los GS (Government Servers, funcionarios), pero los ex militares que son contratados por las concesionarias no lo son. En ese detalle se basa una de las áreas de un estudio legal que los servicios jurídicos de UGT realizan sobre la base de Morón, y que podría extenderse a la de Rota.

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