Estas son las cinco acusaciones que hace el fiscal contra los Pujol

La Fiscalía Anticorrupción dedica las 216 páginas de su escrito de acusación a hacer un pormenorizado relato de las conductas presuntamente delictivas que atribuye a la familia Pujol para enriquecerse, al menos desde 1990, gracias al ascendente del patriarca, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para el que pide 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Contaron para ello con la ayuda de una decena de empresarios que les acompañarán en el banquillo. Estas son las principales acusaciones que les dirige, en las que deja fuera a la matriarca, Marta Ferrusola, que ha quedado eximida de responsabilidad penal por demencia sobrevenida, motivo por el que se limita a pedir para ella el decomiso de sus bienes. Clientelismo frente a herencia El origen del dinero es clave para que haya delito de blanqueo. Anticorrupción comienza su escrito con el comunicado que en julio de 2014 dio a conocer el presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y presidente de CDC entre 1989 y 2012, en el que atribuía su fortuna en Andorra a la herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol. La fiscalía no da crédito a esta versión que considera "fue acordada por todos los miembros de la familia". Pujol Soley tenía dinero en Andorra al menos desde 1990 y con su mujer acordó que se distribuyese en cuentas a nombre de sus siete hijos. Los fondos los gestionaría el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que el fiscal solicita 29 años de cárcel por los mismos delitos que su padre, más falsedad, cinco delitos fiscales y frustración de la ejecución. Para Anticorrupción la herencia no es más que una excusa para ocultar la "red de clientelismo" que tejió el expresidente catalán aprovechando sus cargos con empresarios afines a CDC que se repartían los "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las Administraciones catalanas bajo el control" del partido. Como todos los miembros de la familia eran conscientes de ello, todos están acusados de blanqueo y asociación ilícita, y se enfrentan, salvo Jordi y Josep, a ocho años de cárcel. El reparto de papeles necesario para la asociación ilícita consistió en que el matrimonio dirigió el ocultamiento y afloramiento del dinero, el hijo mayor y su exesposa, Mercé Gironés (que se enfrenta a 17 años de cárcel), y Josep Pujol (14), de la gestión, mientras que el resto de hermanos se benefició del dinero ilícito. Sociedades de Jordi Pujol 'júnior' La Fiscalía se remonta a la denuncia contra el primogénito que realizó en 2012 su expareja Victoria Álvarez, a la que no incluye entre los 200 testigos que propone, pese a ser el origen del 'caso Pujol'. Desde 2008 hasta entonces en las cuentas bancarias y depósitos financieros de los Pujol se produjo un movimiento por el que de 106.796 euros se llegó hasta los 12,2 millones, con salidas superiores a las entradas de efectivo. Las que se producían al extranjero se catalogaban como préstamos que luego trataban de dar por fallidos, para que parecieron deudas en el extranjero y así evitar su embargo de cara a la investigación judicial. Todo a través de las sociedades que controlaban Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés, como Iniciatives Marketing, Project Marketing, Active Traslation o Inter Rosario Port Service. El fiscal considera que ninguna "generaba tráfico mercantil ni valor añadido contrastable" y entre ellas había "unidad de caja". Ni siquiera contaban con trabajadores. Se dedicaban supuestamente a asesorar a empresas que casualmente compartían el haber sido beneficiarias de adjudicaciones públicas en Catalunya, con contratos por importes que oscilaban entre los 15 y los 2.000 millones de euros. "No se ha aportado ningún elemento valorable, dato, documento", que acredite que Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés realizaran "servicio alguno de consultoría, asesoramiento o intermediación", pese a las facturas que recibían para justificar el ingreso, concluye el fiscal. Contratos ficticios Para ocultar los ingresos registrados por más de seis millones de euros, más de 500 millones de pesetas y más de cuatro millones de dólares, el fiscal considera que se utilizaron contratos ficticios entre las empresas de Pujol Ferrusola y Gironés y la decena de empresarios encausados. Su supuesto asesoramiento no se limitaba a Catalunya, sino que se extendía al proyecto de electrificación de la Libreville y la Franceville en Gabón, a México y a la India. Al fiscal ni siquiera le convence lo facturado por la Fundación Albert Pascual, creada en 2003 por Pujol Ferrusola, en la que aparecen como donantes las mimas empresas con las que él y su exesposa facturaron a lo largo de esos años. De ahí la acusación que dirige contra la pareja y los empresarios por falsedad en documento mercantil. A estos últimos les considera cooperadores necesarios del blanqueo del que acusa a la familia. Cuentas en Andorra y en Panamá El escrito detalla las cuentas andorranas de todos los miembros de la familia y de terceros que les ayudaban a blanquear, pero también las fundaciones de las que se valieron para ocultar al fisco el dinero ilícitamente obtenido, como Doral International, Kamala o Kopeland en Panamá. A esta última es a la que la mayoría de los Pujol llevaron el dinero que tenían en Andorra en 2012. La cancelaron en 2014 cuando se acogieron a una regularización fiscal. Anticorrupción cifra lo dispuesto en las cuentas en Andorra por la familia en un total de 38.792.021 euros, más 8,1 de dólares, 2,7 de marcos y 95.344 libras. En una de las cuentas el fiscal detecta, además, un préstamo a CDC, que no devolvió el partido, sino, al menos en parte, empresas adjudicatarias de concesiones. Delitos fiscales El fiscal cuestiona los décimos agraciados en mayo de 2004 con los que Mercé Gironés ingresó 180.000 euros y, sobre todo, la pensión y el piso que el matrimonio concedió a su hija Nùria, motivo por el que también les acusa de un delito de frustración de la ejecución, al entender que con esos movimientos pretendían evitar que la justicia les embargara esos bienes. En cuanto al fraude a Hacienda, la fiscalía atribuye cinco delitos a Jordi Pujol Ferrusola por los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, y uno a Gironés por no declarar los 409.796 euros ingresados por Interrosario Port Services en 2012. En el caso del tercer acusado en importancia, Josep Pujol, el fiscal explica que regularizó en 2012 con 88.788 euros lo que le correspondía de tres ejercicios fiscales, pero eso no incluía un ingreso en efectivo de 800.000 euros, por el aparente préstamo que le hizo el propietario de Cat Helicopters Jorge Barrigón por 960.000 euros. Esta empresa fue adjudicataria de varios contratos públicos con el Servei Català de Trànsit, dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat entre 2008 y 2015.

Estas son las cinco acusaciones que hace el fiscal contra los Pujol

Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre

En su escrito de acusación describe cómo ocultaron los ingresos con transferencias y préstamos ficticios

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