Sufrir 'a la madrileña': Otra realidad sobre la inmigración, la sanidad o el alquiler en cuatro testimonios

De noche, llegando de cualquier punto cardinal, a 40 kilómetros las luces de Madrid ocupan ya toda la curva del horizonte. En esa conurbación encendida cobra cuerpo la metáfora liberal que repite estos días la presidenta y candidata Isabel Díaz Ayuso en las entrevistas: el territorio que celebra elecciones el 4 de mayo es “una olla de vida” que nunca se apaga. Pero está esperando al 4M también mucha frustración embalsada en los problemas que no aborda la campaña electoral, eclipsados por la crispación y las cartas-bala. Entre ellos, los alquileres imposibles, la atención primaria en colapso, las listas de espera del Estado de bienestar… o el marcaje de 269 niños tutelados, una gota de infancia migrante entre 6.747.068 habitantes. Más de cinco millones de estos están llamados a las urnas. Y una porción aún por contabilizar de ese censo vive las variadas formas de sufrir a la madrileña. La herida de Sol Cuando se hizo famoso –que no popular- el cartel de Vox que, en la estación de la Puerta del Sol, comparaba la pensión de una anciana con un supuesto dispendio en MENAs, a Ismail El Majdoubi los más mayores de los menores migrantes tutelados en Madrid le empezaron a preguntar: “¿Es que nos van a echar?” “Muchos no saben qué es esa formación política, ni si manda mucho o poco”, cuenta. Quizá, cuando pasen las elecciones madrileñas, los cuidadores de esos niños migrantes solos tengan que emplearse en que no sepan lo que pasa, ni lo que ocurre. Tan solo año y pico después de dejar de ser él mismo un menor extranjero no acompañado -que eso significa MENA- Ismail trabaja de mediador social, representa al colectivo Ex Menas Madrid y sigue formándose. “No nos trae el hambre –explica-, sino un futuro, formación, buscar un trabajo…” Ismail vino a España en los bajos de un camión. De Castillejos, su ciudad natal, pasó a Ceuta, y de ahí a Algeciras, y allí a un centro de internamiento que dejó: “Estar aislado no me parecía bien”. Ser un niño extranjero recién llegado a un país, sin familia ni amigos, es sobre todo “supervivencia, intentar sobrevivir”, dice como para resumirlo todo. Cuando se cita con EL PERIÓDICO en la Puerta del Sol, hace solo 24 horas que un grupo de jóvenes embozados ha quitado el cartel de Vox que la Justicia no retiró ni siquiera a instancias de la Fiscalía por posible delito de odio. Eso, el odio, es lo que este muchacho ve detrás: “El cartel estaba ahí –señala una pared de azulejos-. Con ese cartel lo que se quiere es sembrar odio, dar miedo. Es formación política ha crecido a base de la mentira, el odio y el miedo”. El afiche de Vox ha impactado a la comunidad musulmana desde Sol hasta el extrarradio. En la Cañada Real, Rahma Hitach el Kanar, presidenta de la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, se pregunta sobre quienes lo colgaron: “No sé si es que tienen el corazón de piedra”. El cartel no está ya, pero su efecto sí, dice Ismail. “Es un ataque personal de una formación política a un colectivo vulnerable. Hablamos de una infancia migrante, que está aquí sola. Lo primero que necesita es curarse una herida, que es el proceso migratorio –explica con elocuencia-, y no que la ataquen, la criminalicen. No dejan de ser niños. Es como si por ser extranjeros no pudieran ser niños”. Tres años de espera Hay más niños y más problemas. La socióloga y madre separada Ruth López entendió que debía llevar al menor de sus dos hijos, Mikel, a una valoración compleja cuando en la guardería le confirmaron los problemas que el niño tiene para comunicarse. A Ruth le explicaron los neurólogos por qué Mikel se exaspera cuando no consigue decir, o cuando se le saca de ciertas rutinas: padece un retraso madurativo para el que es esencial la atención temprana de logopedas y psicólogos. Mikel tiene cinco años. A su edad, cada mes, cada semana, cada día cuenta para que los problemas que manifiesta de niño no se conviertan en un lastre descomunal de adulto. Por eso su madre clama: “La atención temprana es eso: temprana”. O debería serlo. Mikel lleva ya tres años esperando ayuda de la Comunidad de Madrid. Mikel es uno de los 1.706 niños madrileños que integran una lista en la que algunos casos esperan tratamiento de psicólogos, fisioterapeutas o educadores desde 2018. La espera media para valoración alcanza los siete meses y medio. Hacen cola niños con alteraciones genéticas, prematuridad, autismo, parálisis cerebral, daño neurológico adquirido… Y, como no hay tiempo que perder, los padres que pueden recurren a la vía privada. “Hablamos de tratamientos de 600 euros de media al mes –explica Ruth-. Las familias que no se lo pueden permitir han de conformarse con que les atiendan en el colegio. Esto crea mucha exclusión. Algunas incluso se arrojan a las pseudoterapias”. Los padres se han juntado en una Plataforma por la Atención Temprana para denunciar sus carencias. Han hecho visible una de las patas cojas del Estado de bienestar en Madrid. “Hablamos de salud, y no solo de servicios sociales”, dice Óscar Hernández, portavoz de un grupo que ha sido difícil de mover, porque “cuando reciben la mala noticia sobre su hijo, los padres quedan en shock”. En ciertos casos, el cuadro de las enfermedades y retrasos que impiden a los niños caminar, hablar, entender o incluso tragar puede llegar a ser mortal. A Ruth le indigna la campaña electoral. “A los políticos se les llena la boca hablando de infancia, así, en etéreo, cuando aquí hay algo bien concreto: esta lista de espera enorme”. En junio, Mikel habrá cumplido seis años y ya no tendrá derecho a atención temprana pública. Será uno menos en la lista. Fuga de cerebros Puede que la espera de Mikel fuera menor con más sanitarios, pero nadie en el sistema público de salud de la Comunidad de Madrid sabe cuántos de los 223 médicos de familia jóvenes que terminan el MIR este año en Madrid, la mayoría madrileños, decidirán en mayo continuar ejerciendo en la atención primaria o más bien se irán a otras comunidades u otros países. El año pasado, de 223 solo se quedaron 44. A un facultativo joven le pagará 2.200 euros limpios la sanidad madrileña en el centro de Salud de Ajalvir, a 30 kilómetros de la Puerta del Sol, y 6.000 la sanidad alemana en el área metropolitana de Berlín, y hasta 8.000 cobrará en Londres, y hasta 10.000, con suerte, en Dublín. Son los cálculos del sindicato médico Amyts, que lleva dos años en guerra con el gobierno madrileño por la “agonía” de la atención primaria. Los médicos recién formados protagonizan una cuantiosa fuga de cerebros en la comunidad que va a elecciones el martes. Y no solo se van al extranjero. Al bolsillo y la vida familiar de un médico de familia, pediatra u odontólogo madrileño le irá mejor en la muy disputada Ávila, o en Toledo, o en Asturias. En 2020, un 18% más de médicos españoles pidieron certificado de idoneidad a sus colegios. Es el papel que se pide para trabajar fuera. Esta es una de las hemorragias más inquietantes que sufre la Sanidad Pública tras 13 años de afecciones oportunistas, relacionadas todas con los recortes. O al menos ese es el diagnóstico de María Justicia, dirigente de Amyts y doctora de familia en Boadilla del Monte. “Llegas a la consulta, abres la agenda y de repente te aparecen 40 pacientes –cuenta-. A lo largo de la mañana los pacientes se van multiplicando: 45, 50, 60… Se va creando estrés, impotencia de no poder tener ni diez minutos por paciente. Por eso se van los médicos jóvenes”. Ladrillos de oro “Ser sanitario en Madrid es un reto”, dice la doctora Justicia. Lo es para Georgina, celadora del emblemático Hospital La Paz, que en 2018 vivía de alquiler en Arganda, en un piso del viejo Plan Joven de Vivienda de la Comunidad de Madrid. En 2019 el piso fue vendido por el gobierno madrileño a un fondo de inversión, y en 2020 “el fondo buitre le da la opción de comprar la vivienda o irse”, relata Belén García, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Georgina, madre sola y joven, perceptora de un salario de 1.200 euros al mes, no podía comprar. La desahuciaron. “La Comunidad le dio como solución dos meses en un hostal y después…”. Después fue una celadora de hospital que, al acabar su jornada en plena pandemia, se quitaba el EPI y no tenía otro techo al que volver que el de una plaza de garaje, donde tenía aparcado el coche en el que dormía. Georgina es un símbolo para la plataforma en la que milita García, joven informática segoviana que lleva 19 años en Madrid, que empezó saboreando el casticismo multicultural de Lavapiés y que se fue del barrio centrifugada por la gentrificación. Aún le emocionan los desahucios a los que asiste. “Es muy difícil recuperarse de algo tan duro. Es devastador, traumático, demencial –explica-. Perder la vivienda es perder todos los derechos, porque necesitas un techo para vivir, para optar al mercado laboral, para criar a los hijos, cuidar a la familia, tener unos mínimos de vida… No hay herramientas para reparar a las personas que viven esa violencia”. La región en la que Belén García desarrolla su activismo tiene un 0,7% de viviendas protegidas sobre el total de hogares, aún lejos de la media nacional, superior al 1%. Su gobierno resiste contra cuatro fallos judiciales que han declarado nula la venta de 2.935 viviendas sociales por el Gobierno del encarcelado Ignacio González a los fondos Goldman Sachs y Azora. Su territorio es el segundo de España en número de viviendas vacías según el INE, 263.279, solo por detrás de Barcelona, como también en precio de venta del ladrillo edificado, y el lugar con el alquiler más caro del país: 780 euros de media. Bajo el estruendo estadístico, hay además un fenómeno de dolor silencioso. “Aquí hay cada vez más desahucios invisibles –cuenta García-. Gente que no puede pagar la casa, y prefiere dejarla por sí misma antes de pasar por el trago de que la echen”.

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