Cuando se somete a investigación a quien fue el jefe del Estado el celo se extrema al máximo. Nadie quiere cometer un error ni dejar un fleco suelto antes de decidir el siguiente paso. Por eso la fiscalía ha asumido que la que tiene entre manos relativa al rey emérito será larga hasta poder estar en condiciones de determinar cómo deben terminar las tres diligencias abiertas, a ser posible de una forma conjunta. Las opciones siguen siendo dos: archivar las pesquisas, al entender que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I por más de cinco millones de euros son suficientes para reparar el daño causado con su conducta delictiva, o hacer justo lo contrario y presentar una querella en su contra ante la Sala Segunda del Supremo.