La fiscalía acusa a otro exalto cargo de la Generalitat de desviar fondos al 'procés'

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra el exsecretario general del Esport de la Generalitat Ivan Tibau por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, por haber destinado supuestamente al 'procés' dinero de la empresa pública del ámbito deportivo Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelledefels y que él presidía. En concreto, la acusación pública le atribuye ordenar el pago de una factura de 17.995 euros con fecha 31 de diciembre de 2015 a la empresa de mensajería Unipost por los servicios prestados “en el proceso de independencia instigado” por el Govern, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La Generalitat contrató a la firma Unipost en 2014 para el reparto de la correspondencia oficial de la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N, impulsada por Artur Mas, labor que desarrolló, al menos, entre el 3 y el 8 noviembre de ese año. El fiscal Fernando Maldonado no detalla en su querella qué servicios sobre el ‘procés’ efectuó la empresa de mensajería, pero por las fechas, el trabajo podría estar relacionado con esa votación. Unipost también tuvo un papel importante en el referéndum unilateral del 1-O. Así, la Guardia Civil registró Unipost en septiembre de 2017, poco antes del 1-O, y confiscó más de 45.000 notificaciones que debían ser remitidas a las personas elegidas como miembros de la mesa electoral. Dos meses después fue detenido su directivo, Pablo Raventós, que está procesado por los delitos de desobediencia y malversación por los preparativos del 1-O. Formas de encubrir los pagos La nueva querella de la fiscalía también va dirigida contra Raventós y el que era subdirector de la empresa pública Equacat, Xevi Ardite. La acusación sostiene que para “encubrir” el pago a Unipost, que ahora está en concurso de acreedores, se fijaron en las facturas una serie de conceptos, como reparto de correspondencia del club de pádel, del Casal de Nadal o de actividades extraescolares, trabajos que “siempre” eran realizados por el servicio público de Correos. El fiscal también actúa contra los que fueran máximos responsables en 2015 y 2016 del Club de Tir Cassalot de Torà (Lleida), el Club Ciclista Sant Boi y el Club Poliesportiu i Cultures Les Peces (Tarragona) por haber recibido fondos de Equacat por unos supuestos patrocinios del Canal Olínpic que no se realizaron. Según la fiscalía, esta operativa “escondía” la voluntad de efectuar una subvención pública cuando Equacat no puede hacerlo. Las cantidades oscilan entre los 2.000 y los 5.455 euros. La querella de la fiscalía está fechada el 17 de julio de 2020, pero se ha conocido ahora. Fue presentada en el juzgado de guardia de Barcelona y, por reparto, recayó en el Juzgado de Instrucción número 5. Este se inhibió en el Juzgado de Instrucción número 1, cuyo titular es Joaquín Aguirre, que la ha unido a la investigación por presunto fraude de subvenciones de la Diputación de Barcelona en la época de CiU. El fiscal argumenta que los hechos pueden constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

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Una empresa pública del ámbito deportivo habría pagado una factura de Unipost meses después del 9-N

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