El juez imputa al alcalde de Orihuela por cobrar un sueldo público sin trabajar

En calidad de investigado y en menos de un mes. Así es cómo y cuándo tendrá que comparecer el alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, ante un juez después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que pudo cometer un delito de malversación por cobrar un sueldo público sin trabajar, todo ello antes de que accediera a la Alcaldía. A lo largo de una investigación que comenzó en diciembre del 2019 tras la denuncia interpuesta por la dirección general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, los acusadores públicos no han encontrado rastro de la supuesta actividad del regidor como asesor de Sanidad, un concepto por el que percibió en total 202.170 euros entre los años 2007 y 2013. En 2015 resultó elegido alcalde de la capital de la Vega Baja, cargo que revalidó en las últimas municipales y con el que está la frente del Consistorio gracias al apoyo de Ciudadanos. Antes de su llegada a la política municipal Bascuñana fue adscrito a la dirección territorial de Sanidad en Alicante. Fue en octubre de 2007 y esa situación laboral se prorrogó sin que más allá de 2008 consten más resoluciones que lo justifiquen, sin que tampoco haya constancia de que desempeñara actividad alguna y sin que tan siquiera dispusiera de un despacho para desarrollarla. A falta de que se identifique quiénes le nombraron, le mantuvieron y supervisaron su actividad como asesor de Sanidad, un aspecto no baladí en el que ahora tendrá que emplearse la instrucción judicial, la Fiscalía Anticorrupción no parece tener dudas de que la conducta de Bascuñana es constitutiva de delito, motivo por lo que la han acordado judicializar el asunto con la interposición de una denuncia ante el juzgado de Instrucción decano de Orihuela: por un delito de malversación en el caso de Bascuñana que sería uno continuado de prevaricación para quienes mediante acuerdos propiciaron que percibiera una remuneración por algo que no hizo. En las pesquisas llevadas a cabo por los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia también se ha contado con el testimonio de la instructora del expediente incoado a Bascuñana, que fue archivado por prescripción, quien concretó las fechas en las que el alcalde estuvo vinculado laboralmente a Sanidad (del 1 de noviembre de 2007 al 30 de abril de 2013) y declaró que, aunque a tenor de las resoluciones se suponía que trabajaba en la Inspección sanitaria de Alicante, el salario lo percibía de un centro de salud de Orihuela. La testigo aseguró que no existía constancia de que el ahora regidor hubiera realizado algún servicio para la Inspección al menos hasta enero del 2012, cuando aparece el primer registro en la tarjeta donde se va grabando toda la actividad que desempeñan los inspectores. Y aclaró que «si un doctor tiene encomendados los servicios de inspección, no puede realizar otras tareas que no sean las de vigilancia, control, inspección y evaluación». En su descargo, Bascuñana explicó que tenía «buenas relaciones tanto institucionales como personales y profesionales con el personal no solo de la Conselleria de Sanidad sino también de otras», que sus funciones eran las de «asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo» y que no tenía despacho porque las realizaba «desde diferentes sitios y lugares tanto desde casa mediante teletrabajo como en otros sitios». En cuanto a su trabajo, explicó que el resultado «se manifestaba de diferentes formas, si bien los informes no los realizaba por escrito». Una declaración que para la acusación pública no aporta ningún dato donde pueda sustentarse que el suelo de percibía Bascuñana obedecía a alguna contraprestación por su parte. Además de Bascuñana, Anticorrupción plantea que declaren los dos directores territoriales durante el tiempo que se produjeron estos hechos, José Vicente García y José Ángel Sánchez Navajas, y el director general de Recursos Humanos entre 2001 y 2012, José Cano, quien habilitó la adscripción de Bascuñana a la dirección territorial de Sanidad en Alicante, pero solo durante los años 2007 y 2008. El difícil equilibrio con Ciudadanos El socio de gobierno tiene en su mano pedir al PP la dimisión de una persona que les ha parado los pies La línea roja del PP sobre el futuro político de Emilio Bascuñana se encuentra en la apertura de juicio oral. Otra cuestión muy distinta es que Ciudadanos (Cs), socio de gobierno en Orihuela o en la Diputación, opte por colocarla mucho antes, quizá hoy. ¿El motivo? Las tensas relaciones entre ambos que han supuesto que Orihuela cerrara 2020 sin aprobar los presupuestos y que vaya a llegar a abril de 2021 en la misma situación. La relación entre Bascuñana y Ciudadanos (que no deja de ser más que una muleta de excargos del defenestrado CLr) se ha ido tensando este mandato a medida que el regidor, que tuvo que ceder en este segundo mandato las concejalías de mayor peso e imagen a cambio de garantizarse la vara de mando, ha ido cerrando la soga, negándose a admitir algunas de las peticiones de los naranja. A pesar de ello, durante estos casi dos años de mandato Cs ha logrado colocar piezas en el tablero del Ayuntamiento de Orihuela de importancia para el futuro al punto de controlar lo que ocurre en áreas como Contratación, Personal, Urbanismo o Policía Local. Precisamente las diferencias sobre cómo iba a crecer el capítulo 1 (los sueldos de los funcionarios) ha supuesto uno de los principales quebraderos de cabeza de Bascuñana y que le ha costado estar a merced, económicamente hablando, de cuándo querrá su socio aprobar los presupuestos. Ciudadanos puede pedir ya al PP la cabeza de Bascuñana para lavar su imagen de cara a las batallas políticas que se le avecinan, quitándose de paso a un regidor que cada día les es más incómodo para sus propósitos en Orihuela o bien salvarle la vida. Y nadie sabe qué va a pasar.

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