Si alguna certidumbre política deja el primer aniversario del decreto del estado de alarma en España es que el estado de las autonomías resiste. Al estilo de los 'stress test' creados para poner a prueba la solvencia de los bancos en caso de una crisis económica, el coronavirus ha estirado las costuras del modelo territorial español –cuestionado a menuda por unos y otros por exceso o por defecto- hasta máximos insospechados. Con una diferencia sobre los exámenes a las entidades bancarias: no se trataba de un simulacro y el margen de error era limitado. Sin excesivo desarrollo de los órganos de Gobierno conjuntos y con falta de experiencia en la gestión conjunta de situaciones límite, el sistema autonómico ha aguantado los durísimos vaivenes a los que ha sido sometido durante la pandemia. Ha sobrevivido, con indisimulables problemas pero con inimaginable resilencia a unos meses en los que ha pasado de la concentración inicial de las competencias en el Gobierno central, el pasado marzo, dejando casi vacías de poder a las autonomías a la descentralización de la responsabilidad en las comunidades hasta cotas antes no experimentadas, dando lugar a la ya célebre "cogobernanza".