La violencia callejera desatada tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél traspasó este sábado todas las líneas rojas. La gravedad de los disturbios quedó representada en las imágenes del saqueo de comercios y hoteles y la quema de un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro en pleno centro de Barcelona. La noche de altercados, que acabó con 14 detenidos --dos de ellos menores--, y el hecho de que el nivel de violencia vaya in crescendo ha unido este domingo en la repulsa a todas las autoridades políticas, a todos los sindicatos policiales y al conjunto de empresarios y comerciantes. La condena general ha puesto en el punto de mira a la CUP, convocante de la protesta y la fuerza que ha respondido con más tibieza a estos incidentes, pero por el momento no parece que vaya a afectar a las negociaciones del futuro Govern. Las patronales del comercio alertan de que la situación es insostenible en el centro de la ciudad.

Ante el salto exponencial que supusieron los disturbios del sábado, los máximos representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona --el 'president' en funciones, Pere Aragonès; el 'conseller' de Interior, Miquel Sàmper, y la alcaldesa Ada Colau-- se reunirán este lunes por la tarde para coordinar las medidas de prevención, después de casi dos semanas de altercados.

Los tres han manifestado con rotundidad que el grado de violencia, que incluyó también el ataque a la comisaría de la Guardia Urbana en la Rambla, supera con creces el legítimo derecho a la protesta. Sàmper ha sido el único que ha aludido a las negociaciones para formar Govern al considerar que "no es negociable" la disolución de la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos, reivindicación que la CUP ha puesto sobre la mesa con nulas opciones de ser atendida. Tras denunciar una "violencia desbocada e inaudita", el 'conseller' ha reclamado que "se deje trabajar en paz" a los cuerpos policiales, en una clara exigencia de que el modelo policial se saque de la negociación política.

Condena "hipócrita"

Los anticapitalistas, impulsores de la manifestación del sábado --que discurrió en su mayor parte de forma pacífica--, evitaron condenar los ataques a la Guardia Urbana y se han limitado a afirmar, a través de su candidata a la presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, que "poner en riesgo la vida de una persona es un límite". Sin embargo, ha considerado "hipócrita" condenar los altercados porque "no soluciona" el malestar social que está detrás de las protestas.

Una de las condiciones que la CUP ha fijado para apoyar la investidura de Aragonès es, precisamente, que haya cambios en el modelo policial, algo que tanto ERC como JxCat y los 'comuns' coinciden en que debe abordarse, pero en el Parlament durante la próxima legislatura.

Aunque por ahora estos altercados no han afectado a las negociaciones del Govern, el hecho de que los 'cupaires' patrocinasen la convocatoria eleva la incompatibilidad de esta organización con el desgaste de la gestión de un Ejecutivo. Pese a ello, la ANC ha incluido a la CUP en el "Govern de concentración" que han exigido en una manifestación en la plaza de Catalunya de Barcelona.

Por su parte, el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, ha advertido, en referencia a la CUP y como recado a ERC, de que quien no condene de la violencia está "inhabilitado" para gobernar. Ciutadans estudia pedir responsabilidades penales y PP y Vox han acusado a la Generalitat y al Gobierno de Pedro Sánchez de pasividad ante lo que han definido como "terrorismo callejero".

Esa exigencia de reformular el modelo de seguridad ha elevado la indignación de los sindicatos policiales. El sindicato mayoritario entre los mandos de los Mossos cuestionó directamente la posibilidad de que la CUP pueda influir en el cambio de modelo policial catalán a cambio de su apoyo al nuevo Govern.

El sindicato de policías locales de Catalunya SAPOL ha anunciado que se personará en los tribunales como acusación contra los responsables del incendio del vehículo policial, habiendo al menos un detenido vinculado presuntamente con el acto, provocado presuntamente por un cóctel molotov.

"El país se nos va de las manos"

Por su parte, los sectores económicos han puesto también el grito en el cielo. Los empresarios, comerciantes y hoteleros de Barcelona aprecian en los disturbios "un salto cualitativo" en el grado de violencia" y "un riesgo de que el país se nos vaya de las manos", en palabras de Luis Sans, presidente de la Associació de Comerciants del Passeig de Gràcia, quien subraya que en ningún país de Europa se suelen producir ataques a sedes policiales durante manifestaciones y protestas. El eje mantiene buena parte de sus establecimientos blindados ante el riesgo de que haya más vandalismo.

Este sábado, los ataques afectaron más a la Rambla, con entidades bancarias y terrazas dañadas, y donde el presidente de los comerciantes, Fermín Villar, pide soluciones urgentes. "¿Qué ha de pasar para que alguien se lo tome en serio", cuestiona. También cree que el ayuntamiento debería personarse como acusación particular contra el que "destroza la ciudad o agrede a su policía". "Barcelona ha de cambiar su mensaje", insiste. Desde Barcelona Oberta, que aglutina a todos los grandes ejes comerciales céntricos y turísticos, su presidente Gabriel Jené considera que la situación es aún grave, pero agradece "un cambio de actitud en los políticos. Vemos determinación más clara de llamar al orden y condenar el vandalismo", informa Patricia Castán.

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha condenado unos incidentes que causaron graves daños en el hotel NH ubicado en la Rambla de Catalunya, y ha exigido "responsabilidad política" porque considera "inadmisible que las administraciones competentes no muestren una postura y una actitud firme e inequívoca contra estos hechos", permitiendo así "que se sucedan".