La Generalitat ha mantenido su acusación por un delito de atentado a la autoridad, además del de desórdenes públicos y lesiones, contra un manifestante independentista para el que pide cuatro años y nueve meses de cárcel por participar en un boicot contra el sindicato policial Jusapol. Así lo ha anunciado el letrado del ejecutivo catalán, que ejerce la acusación particular, durante su informe de conclusiones al final del juicio contra el activista Marcel Vivet, que se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona y en el que la Fiscalía solicita, por los mismos delitos, cinco años y medio de prisión.

La Generalitat ha decidido mantener sus cargos a pesar de que el pasado noviembre el conseller de Interior, Miquel Sàmper, anunció que ultimaba un acuerdo para que la administración catalana dejara de ejercer la acusación por delitos de atentado a la autoridad contra los detenidos en manifestaciones violentas, un compromiso que todavía no se ha concretado, con el Govern ahora en funciones.