El rapero Pablo Hasél ya se encuentra en la cárcel de Ponent. Su caso, sin embargo, sigue en la calle y sobre la mesa de las más altas instancias. Este martes por la tarde se han convocado una veintena de protestas contra su encierro y Podemos ha anunciado que pedirá su indulto, una medida extraordinaria mientras toma forma la promesa del PSOE –su socio de gobierno– de modificar el Código Penal para eliminar los castigos penitenciarios por los delitos relacionados con la libertad de expresión.
Las marchas en apoyo al rapero han sido las movilizaciones más multitudinarias desde el estallido de la pandemia. La de Barcelona, tan numerosa que hacía imposible respetar las distancias Covid, ha terminado en graves altercados. Algunos manifestantes han lanzado botellas contra el cordón policial de los Mossos d’Esquadra que protegía la comisaría de la Policía Nacional. Al menos una joven ha resultado herida en los enfrentamientos. Disturbios de intensidad similar se han repetido en municipios como Vic, Lleida o Girona.
En las redes sociales la noticia de su detención ha crispado a varios políticos, periodistas y artistas que han mostrado su rechazo al encarcelamiento. Algunos, como el diputado de ERC Gabriel Rufián, incluso lo han denunciado contraponiendo su arresto a una manifestación fascista celebrada el pasado sábado en homenaje a la División Azul. La Fiscalía Provincial de Madrid también está investigando ese acto, en el que los participantes lanzaron graves proclamas contras los judíos. El 'caso Hasel' tensiona de nuevo las costuras del viejo debate de los límites de la libertad de expresión.
En España hay 14 artistas condenados con penas de cárcel –los doce cantantes de La Insurgencia, Hasél y Valtonyc– según la organización Freemuse. Hasta Hasél ninguno había ingresado en prisión. Valtonyc huyó a Bélgica para evitarlo y las penas de La Insurgencia, de seis meses, no implicaron el encierro de ninguno de ellos. Existe asimismo la reciente ratificación del Tribunal Supremo contra dos cantantes neonazis –los vocalistas de Batallón de Castigo y Más que palabras– condenados a 1 año de encarcelamiento por un delito de odio contenido en las letras de sus canciones.
Dispositivo de los Mossos
Los Mossos tenían orden de arrestar y trasladar a un centro penitenciario a Hasél y han cumplido con el cometido a las 8.30 horas. El rapero se había encerrado en el rectorado de la Universitat de Lleida en una acción que ha multiplicado el foco mediático y de allí lo han sacado agentes de la policía catalana. Ha entrado en el coche patrulla gritando "mort a l’estat feixista". Un dispositivo de la Brigada Mòbil (Brimo) había accedido al edificio a las 6.30 horas y, tras identificar a los seguidores de Hasél que lo protegían con sus cuerpos, ha llegado hasta el rapero y lo han conducido a la prisión de Ponent.
En su cuenta de Twitter, Hasél había acusado horas antes a los Mossos de venir a “secuestrarlo”, al ‘conseller’ de Interior, Miquel Sàmper, de actuar como “cualquier españolista” y al Govern de “ayudar” al fascismo con las porras de sus policías después de pedir el voto a los catalanes para pararlo.
Hasél debía entrar en la cárcel el pasado viernes pero ya había anunciado su intención de no hacerlo porque ello sería “una humillación”. El dispositivo de los Mossos, según fuentes policiales, se ha llevado a cabo sin cargas y con un único y leve incidente: los antidisturbios han sido gaseados con extintores al entrar en el rectorado.
Las cuatro condenas
Sobre Hasél pesan cuatro condenas distintas. Fue condenado a 2 años de prisión por enaltecer en sus canciones a grupos terroristas como ETA, Al Qaeda, Grapo o Terra Lliure. El Supremo suspendió el cumplimiento de esta pena. Años más tarde fue condenado a otros 2 años de nuevo por otra canción y sesenta tuits calificados de nuevo de enaltecimiento de terrorismo y, en esta ocasión, también por injurias a la corona. Esta segunda condena fue rebajada por la Audiencia Nacional a 9 meses y ratificada por el Supremo. Es la que le ha llevado a prisión al existir los antecedentes de la primera. Hasél tiene otras dos condenas de 6 meses por agresiones. Por golpear, insultar y rociar con desinfectante a un periodista de TV3 en un encierro estudiantil en la misma universidad (UdL) en la que se había encerrado ahora y por agredir a un testimonio que declaró contra sus intereses. Ambas han sido recurridas y están a la espera de una resolución por parte de la Audiencia Nacional.
Las reacciones al encarcelamiento de Hasél han sido diversas. Al margen de las convocatorias de protesta, la sociedad civil y política catalana también ha expresado su rechazo. Uno de los que ha opinado sobre el asunto ha sido el líder de ERC Pere Aragonès, que ha subrayado que el actual Código Penal es "absolutamente anacrónico", porque, ha apuntado, "persigue la libertad de expresión y protege a la Corona más que a los ciudadanos".
El socialista Jaume Collboni también ha expresado su rechazo por el ingreso en prisión de Hasél y ha abogado por reformar el Código Penal: "No me gusta que haya penas de cárcel para delitos de opinión", ha dicho en una entrevista en La 2. Podemos ha asegurado que "todos aquellos que presumen de" la "plena normalidad democrática y se consideran progresistas deberían sentir vergüenza" con la detención.