Enfado por la vacunación irregular de políticos: la polémica pone en riesgo su segunda dosis

Entre la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y la segunda tienen que pasar tres semanas. Veintiún días en los que más de una treintena de políticos de toda España -y de todas las ideologías- que se han saltado los protocolos de vacunación aguardan expectantes por saber si les permitirán inocularse el antígeno por segunda vez y alcanzar la tan ansiada inmunidad. Ante la ausencia de especificaciones en las normas elaboradas por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas, no faltan quienes pretenden castigar a los que no han esperado su turno privándoles del segundo vial de la vacuna y quienes ponen el grito en el cielo ante esta mala praxis sanitaria. Con el goteo constante de informaciones sobre alcaldes, concejales, consejeros autonómicos y demás cargos públicos que no han respetado los protocolos de vacunación, los líderes políticos, uno tras otro, han salido a afear esos comportamientos, exigiendo -y forzando- alguna que otra dimisión. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León han ido un paso más allá. Para dejar claro su rechazo y como pena ejemplar, ambas autonomías han ordenado que aquellos que se saltaron las normas no reciban la segunda dosis, pese a que eso suponga perder el efecto de la primera inyección. Posiciones contrarias "Cuando se vacuna por segunda vez a una persona que se ha puesto la primera dosis se hurta la primera vacuna a una persona vulnerable que sí que la merece", sentenció el 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, sobre aquellos que recibieron el primer vial de "forma irregular". En el Gobierno castellanoleonés la premisa es la misma. "La segunda dosis será cuando les toque (...) para no quitar la dosis a quien le corresponda tenerla", advirtió la consejera de Sanidad, Verónica Casado. La medida, bastante polémica, no ha tardado en ser rechazado por el presidente del Comité de Bioética que asesora al Ministerio de Sanidad, Federico de Montalvo, que este martes aseguró que no suministrar la segunda dosis sería jugar con la salud de estas personas. La misma posición adoptó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, hace unos días cuando dijo que sería "cometer dos fallos seguidos" el privar de la vacuna a quien ya se pusiera la primera dosis, aunque fuera de manera incorrecta. Uno de los primeros en lograr la segunda dosis, y por tanto será inmune en los próximos días, pese a haber obviado los protocolos de Sanidad ha sido el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que el pasado lunes pidió perdón por "el malestar" que su triquiñuela hubiera podido causar. La acción judicial Dejando a un lado el controvertido castigo para los políticos valencianos y castellanoleoneses, otra de las dudas que empieza a surgir es si estos cargos públicos que se han desentendido de cualquier orden de vacunación podrían ser sancionados jurídicamente. Pese a que saltarse los protocolos no supone ningún delito, pues no tienen rango de ley, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, donde el consejero de Sanidad, Manuel Villegas, dimitió por esta cuestión, ha decidido abrir una investigación para esclarecer si el exdirigente popular y los más de 400 trabajadores de su consejería que se recibieron la vacuna han cometido alguna irregularidad penal. A la Fiscalía Superior de Murcia podría sumarse la de Castilla y León después de que el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, haya anunciado que denunciarán cualquier "irregularidad" en los listados de las personas a vacunar contra la covid-19. En Catalunya el sindicato CGT también ha presentado una denuncia contra 24 directivos de empresas privadas de ambulancias que se vacunaron antes que los conductores y los técnicos sanitarios.

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