El aplazamiento de las elecciones catalanas (previstas para el 14 de febrero y pospuestas hasta el 30 de mayo debido a la pandemia, con la única oposición del PSC) supone una piedra en el camino inmediato trazado por el Gobierno. A grandes rasgos, el plan era este. Con el inicio de la campaña, en enero, Salvador Illa dejaría el Ejecutivo para centrarse en la candidatura de los socialistas catalanes, una salida que hubiera motivado cambios en el Consejo de Ministros. Tras los comicios, según las previsiones de la Moncloa, podría cristalizar el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que antes de la cita con las urnas se considera improbable, debido al miedo de los conservadores a que Vox explote este entendimiento. Y ya por último, alcanzado el acuerdo con Pablo Casado, se abordarían los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O. Pero ahora las piezas no encajan.