El retraso de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero, aún no oficial pero cada vez más cercano, plantea dudas jurídicas en el Gobierno. En la Moncloa subrayan las diferencias entre estos comicios y los de Galicia y el País Vasco, que también fueron pospuestos a raíz de la pandemia. Están a la espera de ver cómo el Govern (o los partidos catalanes, si es que finalmente hay un consenso que ahora parece difícil debido al rechazo del PSC) justifica legalmente el posible aplazamiento. Pero fuentes del Ejecutivo aseguran que no contemplan impugnar la hipotética suspensión. En su caso, explican en el Gobierno, el recurso vendría de los socialistas catalanes, que esperan a la decisión final para mover o no ficha en el terreno judicial.