Las dos horas y media de Núria Marín ante la Policía

Dos horas y media de declaración, detención, lectura de derechos, toma de huellas dactilares, fotos para la ficha policial y entrega del teléfono móvil. La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, entró minutos antes de la 10 de la mañana del pasado 10 de diciembre en las dependencias de la Policía Nacional de La Verneda, en Barcelona, para declarar en calidad de investigada en relación con el presunto desfalco en el Consell Esportiu de su ciudad. Al poco de cruzar la puerta, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le comunicó a la edila que estaba arrestada, una detención que le comentó que era “técnica”, pues quedaría en libertad después de ser interrogada. La sorpresa de la dirigente del PSC y de su abogado, Fermín Morales, fue mayúscula. No se lo esperaban. Fuentes policiales insisten que la jueza que instruye el proceso estuvo al corriente de los pasos dados por los agentes. Eso sí, precisan, fue una detención policial. No la ordenó la magistrada. "Sí quiero declarar", repitió varias veces Marín a la Policía tras preguntarle insistentemente si quería hacerlo. Al frente del grupo policial que investiga el caso figura un inspector jefe experto en delincuencia económica avezado en asuntos mediáticos. La detención de Marín ha levantado ampollas en su entorno, que considera que ha sido una medida drástica. “Ha aplicado a rajatabla el reglamento”, explicaron a este diario fuentes policiales. Las mismas precisaron que existe la figura de investigado detenido y que, en este caso, se debe proceder a leer los derechos al imputado y a tomarle las huellas. Solo en algunos supuestos, argumentan, como la avanzada edad del encausado o si el delito es menor, los agentes declinan, de forma excepcional, la toma de las huellas. Lo normal: huellas y fotos para la ficha policial. Pero también hay la figura legal del investigado no detenido. Todo depende del grado de implicación del imputado en un delito y la gravedad de los mismos. Acceder al teléfono móvil Fuentes cercanas a la investigación sostienen que, en el caso de Marín, se han hallado indicios que llevaron a la decisión de proceder a su detención policial. La jueza deberá decidir si la cita o no a declarar como imputada, como ella misma ha solicitado. La togada está a la espera de recibir el atestado policial. La magistrada, además, también tendrá que permitir que los agentes puedan entrar en el teléfono móvil de la alcaldesa, que le fue requerido y que ella entregó. A la regidora le explicaron que se le atribuían la presunta omisión del deber de perseguir delitos, de malversación y prevaricación. Los agentes están rastreando las subvenciones que el Ayuntamiento de L'Hospitalet otorgó al Consell Esportiu, que ascienden a unos 200.000 euros anuales, un 20% del presupuesto total de esta entidad, de carácter privado y que promociona el deporte en las escuelas. Marín aclaró en su declaración que estás subvenciones no solo están auditadas por la intervención general del consistorio, sino también por una empresa externa. “¿Quién aprueba las subvenciones?”, le interpelaron. El interrogatorio fue pausado. Cuando se escribían las respuestas, se leían en voz alta por si era necesaria alguna concreción o corrección. La primera parte de la declaración versó en la reacción de la alcaldesa cuando el exconcejal y exteniente de alcalde Jaume Graells, le fue a ver el 4 de febrero para explicarle las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu. “¿Usted, que hizo?”, le espetaron. A renglón seguido, relató las entrevistas con otros dos regidores y miembros de la junta directiva de la entidad, las gestiones que realizó la secretaria municipal (le preguntaron de quién dependía, cuando pertenece a un cuerpo de ámbito estatal) y la interventora. Marín explicó cómo se adjudicaban las subvenciones de fondos públicos y qué control se tenía sobre ellas, haciendo especial hincapié en la doble auditoría, una interna y otra externa, que realizan. ¿Porqué no presentó denuncia? La Policía estaba especialmente interesada en saber por qué Marín no presentó denuncia al conocer las anomalías, a lo que ella respondió que impulsó que el Consell encargara una auditoría, como así se hizo, pero que no estaba y que la pandemia del coronavirus la había retrasado. Ahora es difícil que se complete porque la documentación fue incautada al auditor. La alcaldesa relató que le “sorprendió” que Graells le explicara unas supuestas anomalías que habían perdurado en el tiempo, pero que cuando este le dijo que iba a denunciar ante la Policía no le puso cortapisas. “Adelante”, le insistió. “Yo no podía abrir una investigación interna en el ayuntamiento sobre el Consell porque esa entidad es de carácter privado”, recalcó Marín. En sentido parecido, la Policía le interpeló así: “¿Usted ordenó a la Guardia Urbana de L'Hospitalet que investigara?”. Respuesta: “No tengo esa competencia”, replicó. La minuciosidad fue de tal calibre que le pidieron explicaciones de cómo cobraba el auditor externo que efectúa el control de las subvenciones. “Se hace un concurso público”, sostuvo. La segunda parte del interrogatorio fue más general y con cuestiones inconexas. Marín se ha puesto ahora a disposición del juzgado que instruye el caso para acudir a declarar. Falta saber que decidirá la jueza. "Te paso tickets para justificación de gastos" Un documento que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es una nota manuscrita con la que, presuntamente, el exteniente de alcalde Cristian Alcázar invita a justificar gastos mediante tickets al exconcejal de Deportes y exdirector del Consell Esportiu Cristóbal Plaza. "Te paso tickets por valor de 630,20 euros de justifiación de gastos. Para cerrar el mandato 2011-2015. A partir del viernes ya planteamos nueva disposición por ese mismo valor, de unos 600 euros. Gracias".

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