La fiscalía pregunta en México y Londres por las cuentas de Juan Carlos I y su amigo mexicano

La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria trabajan en paralelo para comprobar la declaración complementaria por la que Juan Carlos I ha pagado 678.393,72 euros al fisco. Se trata de contrastar el nuevo patrimonio aflorado por el rey emérito con cantidades que la fiscalía investiga como dinero opaco, y Hacienda, ahora, como bases liquidables no declaradas en 2017 y 2018. Para esa comprobación serán útiles dos comisiones rogatorias enviadas con anterioridad por la fiscalía a México DF y a Londres demandando información sobre movimientos del millonario empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Para la Agencia Tributaria, indican fuentes relacionadas con Hacienda, la comprobación de la regularización es automática, sin que se pueda postergar, como ha podido pasar en otras ocasiones en torno a la fortuna del rey. Si la cantidad no casa, según las mismas fuentes, una de las dos entidades investigadoras notificará al contribuyente Juan Carlos de Borbón la nueva investigación, esta vez mediante un requerimiento para que muestre documentación contable adicional. Para Hacienda es la forma que tendrá de comprobar los tres extremos que revisa la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude): si la declaración complementaria ha sido espontánea (o sea, no movida por que alguien alertara al «obligado tributario»), si ha sido veraz y si es completa. El primer supuesto se entiende ya incumplido, por cuanto el emérito y sus abogados tuvieron “conocimiento formal de la iniciación de diligencias” -como dice el Código Penal entre los supuestos que invalidan una regularización fiscal- al ser avisados oficialmente por la fiscalía en noviembre, como adelantó EL PERIÓDICO. Los otros dos aspectos –veraz y completa- son objeto de una revisión en la que, de nuevo, serán fundamentales los saldos de cuenta que pueda enseñar Sanginés-Krause, quien donó fondos que han nutrido tarjetas opacas de Ibercaja supuestamente usadas por Juan Carlos y parte de su familia. El magnate ha pasado de ser un sponsor del rey a la persona de cuyo testimonio depende no solo el futuro judicial de su amigo, también una parte notable del prestigio de la institución monárquica. Para sorpresa de expertos tributarios consultados, Sanginés-Krause no explicó sus entregas de dinero al coronel Nicolás Murga, ayudante de campo y supuesto testaferro del rey emérito, como un préstamo personal sin fecha de devolución, lo que habría puesto mucho más fácil la situación de Juan Carlos de Borbón. Ayuda internacional La fiscalía ha necesitado cursar comisiones rogatorias para reclamar ayuda judicial a Reino Unido y México, entre otras diligencias que no han trascendido, para averiguar el origen del dinero que el empresario proporcionó al rey Juan Carlos. Es por eso que un año, que puede parecer mucho, no es tanto cuando se trata de investigar posibles delitos fiscales. En México y Reino Unido tiene establecidas sus bases de operación financiera el magnate mexicano. Según reconoció el millonario en una declaración a la fiscalía en septiembre pasado, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 regaló a Juan Carlos de Borbón, como amigo y “por admiración”, un total de 270.000 euros. Sanginés declaró como investigado por la fiscalía, desde Londres por videconferencia. Le asistió un abogado británico, según fuentes conocedoras del caso. El dinero que donó, 270.000 euros en esos dos ejercicios según lo que ha trascendido de su declaración, tenía como supuesta finalidad que el coronel Murga atendiera los gastos de la yegua de competición Magali, que también había regalado el mexicano a Juan Carlos. La fiscalía investiga los gastos que el emérito y parte de su familia pagaron con las tarjetas de crédito con cargo a la cuenta de Murga, y la forma de esa dádiva, fechas y montantes. El destino del monarca retirado de España en gran medida dependerá de cómo hizo sus regalos Sanginés, si se hicieron, como ha dicho, en varias entregas, y no una, siempre por debajo de los 275.000 euros por ejercicio. Al tipo del 44% que se aplicaba para las donaciones de extraños en Madrid, -domicilio fiscal del contribuyente Juan Carlos de Borbón-, esa base liquidable de 275.000 euros determina una cuota límite, a partir de la cual su impago se considera delito fiscal. Es la línea roja de los 120.000 euros. Sanginés ha dejado trascender de su declaración ante la fiscalía que regaló los 270.000 euros en diversas transferencias, hasta seis en dos años, la mayor de las cuales no superó los 50.000 euros. Según publicó TVE con el propio Sanginés como fuente, el origen del dinero fue un banco irlandés, y el destino una cuenta de la entidad española Ibercaja. Un año ya La fiscalía ya había dedicado un año a investigar el origen del dinero del rey emérito y acababa de pedir una prórroga cuando saltó a la luz pública la investigación. Ahora dispondría de otro año más para concluir las diligencias o bien con una querella o bien archivándolas, pero la declaración tributaria presentada por Juan Carlos para neutralizar la responsabilidad penal que se pudiera derivar del caso ha hecho que ese cómputo se diluya. El aviso de la fiscalía al rey podría invalidar su declaración complementaria, si bien la actitud del ministerio fiscal ha sido más proactiva que la de la Agencia Tributaria. Este organismo de Hacienda informó al juez instructor sustituto del caso Villarejo, Diego de Egea, en septiembre de 2018 de que no le constaban dineros y ni bienes de Juan Carlos I en el extranjero. Anticorrupción prácticamente inauguró las pesquisas, hace más de un año, con la declaración del coronel Nicolás Murga. El área de Inteligencia Financiera del SEPBLAC (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) había alertado de que el gasto que realizaba era difícilmente compatible con su nómina. Investigación ticket a ticket Tras interrogarle, comenzó la labor de comprobar uno a uno los gastos realizados. Requerimientos a los distintos establecimientos donde pagaron los usuarios de las tarjetas nutridas por Sanginés han sido parte de las diligencias practicadas. Su dificultad y número hicieron imposible que la fiscalía pudiera concluir la investigación preliminar y determinar si interponía una querella contra el rey. Lo que sí hizo fue comunicarle en noviembre a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, que se le investigaba, como prevé la circular 4/2013 en los casos en los que no se entorpezcan las averiguaciones. En el momento que las autoridades tributarias adviertan de la existencia de delito, lo que ocurriría si apreciara un solo euro no declarado en la declaración presentada por el monarca, remitirán sus actuaciones a la fiscalía. Y si ella considera necesario presentar una querella, la inspección tributaria se detendrá hasta que el procedimiento judicial concluya. Expertos tributarios descartan que haya rastro punible en el origen del dinero con el que Juan Carlos de Borbón ha pagado su deuda, y más teniendo en cuenta la experiencia del abogado del rey, que fue fiscal Anticorrupción muchos años. Desde la fiscalía se coincide en este escepticismo respecto a que la regularización tenga alguna deficiencia. “El rey tiene que saber los gastos que ha hecho y la habrá presentado completa”, señalan las fuentes fiscales consultadas.

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