Saltarse el confinamiento durante el estado de alarma podía costar caro. Interior reclutó a 100 juristas para que las actas administrativas no cayeran en el olvido, pero, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la recaudación es, por ahora, irrisoria
"No estamos actuando sobre los territorios, estamos actuando sobre las personas. Vivan donde vivan, van a tener que verse sometidos a la misma restricción de movilidad y, en consecuencia, también de responsabilidad social". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía el 14 de marzo a los ciudadanos para comunicarles que la activación del estado de alarma implicaría una restricción obligada del derecho a la libertad de circulación. El Ministerio del Interior asumió el control de las policías autonómicas y locales, y en Catalunya, como en el resto del Estado, empezaron a establecerse controles fijos y móviles para evitar desplazamientos.