La CUP ha anunciado este martes que llevará el proyecto de Hard Rock, el macrocomplejo de ocio que el Govern pretende construir en Vila seca i Salou, a la Oficina Antifraude de Catalunya para que estudie si el Govern ha cometido "presuntos delitos de malversación y prevaricación", y no descarta querellarse contra el Ejecutivo catalán.
Este proyecto ha recibido ya dos reveses: la operación de compra y venta de los terrenos con el Incasòl como intermediario -se comprometió a avanzar el 80% de los 120 millones de euros para comprar los terrenos de BCN World- y una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que declara parcialmente nulo el plan urbanístico porque una parte de los espacios libres y de equipamientos están en zona de riesgo químico.
Según los anticapitalistas, todo el proyecto supone "una operación de rescate encubierto a La Caixa". "Frenar este proyecto es una obligación pública, hay que investigar si hay operaciones opacas", ha espetado la diputada Natàlia Sànchez, que ha señalado al 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Pere Aragonés, y al 'conseller' de Territori, Damià Calvet, como responsables de un proyecto "opaco, nocivo para la salud y para el territorio".
Por otra parte, la asamblea de la CUP de El Camp de Tarragona ha pedido a la fiscalía provincial que investigue esta operación. Asimismo, solicitarán un informe a la junta consultiva de contratación administrativa para dilucidar "si la compraventa de terrenos se ajusta a la legalidad", un pronunciamiento de la Sindicatura de Cuentas para conocer todos los detalles y una resolución al Síndic de Greuges sobre este asunto.