Nuevo portazo de Europa a la independencia unilateral

La Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa que se encarga del estudio de cuestiones constitucionales de los Estados, publicó el 8 de octubre una guía actualizada para la celebración de referéndums. Ese documento aclara aún más la posición europea con respecto a reclamaciones como la del independentismo catalán, que sigue pidiendo un plebiscito con aval internacional para el divorcio con el resto de España. La guía, que es una nueva versión del código de buenas prácticas que se aprobó en el 2007, mantiene el espíritu de aquel texto, pero incluye además algunas precisiones que hacen prácticamente imposible que el resultado de un referéndum unilateral sea aceptado algún día por las autoridades europeas. En la introducción del documento, de 16 páginas –en su versión en inglés-, se afirma que "las cuestiones sometidas a referéndum pueden ser de naturaleza constitucional, legislativa o administrativa (especialmente a nivel local)" o "pueden referirse a la ratificación de un tratado". Pero además se añade: "También pueden abordar cuestiones territoriales, como la creación o fusión de entidades, así como la secesión, en los raros casos en que la Constitución nacional lo permite". De ese párrafo se desprende que cualquier texto constitucional (como el español) que no contemple la secesión de una parte de su territorio impide la celebración de un referéndum sin acuerdo. Primacía constitucional La alusión a la secesión es la gran novedad de un texto que, además, reproduce otras claras apelaciones a la primacía constitucional que ya recogían las pautas anteriores. Por ejemplo, con este párrafo, dentro de la sección titulada 'La preeminencia del derecho': "El recurso al referéndum debe respetar el conjunto del ordenamiento jurídico. En particular, el referéndum no puede ser organizado si la Constitución o una ley conforme a ella no lo prevén, por ejemplo si el texto sometido a votación es competencia exclusiva del Parlamento". La nueva guía también advierte de que las reglas de un referéndum "no deben ser adoptadas puntualmente" para una votación "particular". Es decir, se posiciona contra las leyes "ad hoc" como la que el independentismo aprobó en el Parlament el 6 y 7 de septiembre del 2017, y que fue posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional. En otro apartado, titulado 'La validez de los textos sometidos a referéndum', se insiste: "Los textos sometidos a referéndum deben cumplir todas las leyes superiores (principio de jerarquía de las normas). No deben ser contrarios al derecho internacional, a los principios estatutarios del Consejo de Europa o a las condiciones de pertenencia al Consejo de Europa". Y se añade que las votaciones que contradigan estos requisitos "no podrán ser sometidos al voto popular". En cuanto a establecer un quórum para validar una votación concreta, aunque "no es recomendable" hacerlo con carácter general, la Comisión de Venecia lo ve "aceptable" para "referéndums sobre asuntos de fundamental significancia constitucional". Satisfacción en Exteriores En el Ministerio de Asuntos Exteriores han acogido con satisfacción la nueva guía. Fuentes del Ministerio subrayan que el texto "establece claramente que no es posible, esto es, que no es legal, convocar referéndums en supuestos no permitidos por la Constitución del país de que se trate". Y añaden: "El texto del informe es absolutamente claro a este respecto". No es la primera vez que la Comisión cierra la puerta al independentismo catalán. En mayo del 2017, Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, envió una carta a ese órgano del Consejo de Europa informando de la voluntad del Govern de celebrar un referéndum. La respuesta, recibida en Barcelona pocos días después, fue clara con respecto a que "cualquier referéndum debe ser llevado a cabo de acuerdo con la Constitución y la legislación en vigor". Sin embargo, Puigdemont se agarró a otra frase de la carta ("para que la comisión intervenga debe haber un acuerdo con las autoridades españolas") para inferir que suponía un llamamiento "implícito" al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a negociar un referéndum.

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