El Tsunami Democràtic languidece un año después de la sentencia del 'procés'

La última 'performance' del Tsunami Democràtic fue frustrada. Los drones no planearon sobre el Camp Nou mientras el Barça se media ante el Real Madrid porque los Mossos d'Esquadra los interceptaron. El partido siguió con una grada llena de carteles azules con el lema 'Spain, sit and talk'. En los aledaños del estadio, disturbios. Desde aquel 18 de diciembre, solo ha reaparecido en forma de pancarta en el concierto de Sant Esteve del Orfeó Català en el Palau de la Música y para anunciar a través de las redes sociales que "seguía activo" y que se preparaba para "una nueva fase de protestas". Nada más. El Tsunami Democràtic fue un artilugio ideado para dar respuesta a la sentencia del 'procés' que superase a las entidades soberanistas y de los partidos independentistas. Una organización 'superior' con la que llamar a la movilización en las calles, eso sí, en coordinación con el resto de actores. Una maquinaria que emula la lógica del referéndum del 1-O: una pirámide difícil de rastrear formada por personas organizadas y vinculadas al territorio -sin líderes ni portavoces públicos-, un dominio excelente de la tecnología y una ciudadanía dispuesta a acudir a ciegas donde y cuando sea. El panorama también ha dado un vuelco, y no solo por la pandemia. En octubre del 2019, Pedro Sánchez ejercía como presidente en funciones y negociaba con los grupos su apoyo a la investidura. ERC exigía una mesa de diálogo a cambio de sus votos. El 'sit and talk' fue aceptado por el PSOE aunque por ahora solo ha habido un encuentro, pero aquel pacto y la crisis en el Govern empezó a erosionar el mensaje del Tsunami Democràtic, ya en jaque por el cerco judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, informó un día después de darse a conocer la sentencia del 'procés' que investigaba a los responsables del intento de bloqueo del aeropuerto de El Prat. Unas 10.000 personas acudieron a la infraestructura estratégica para protestar contra las condenas a la cúpula del 1-O. En paralelo, tres días después se supo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón había abierto una pieza separada por un delito de terrorismo en la causa en la que investiga a los CDR relativa a Tsunami Democràtic. Fuentes jurídicas han confirmado a este diario que las diligencias siguen abiertas, pero bajo secreto, por lo que no han trascendido los avances que hayan podido producirse en la investigación. Lo que sí se ha descartado, al menos de momento, es que la Audiencia Nacional asuma la investigación de hechos concretos que este movimiento pudiera haber cometido. Esos episodios corresponde asumirlos al juzgado más próximo al lugar de los hechos. De ahí que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Figueres imputara en julio a 196 personas por el bloqueo, en noviembre del 2019, de la frontera con Francia en la autopista AP-7, por los delitos de desórdenes y daños. ¿Y los CDR? Los Comités de Defensa de la República (CDR) han retomado el pulso en las calles en los últimos días a raíz de la inhabilitación de Quim Torra y de la reciente visita del Rey a Barcelona. Su propósito es concentrarse este miércoles en la plaza de Urquinaona, epicentro de las batallas campales que tuvieron lugar hace un año. En el plano judicial, la CDR Tamara Carrasco -detenida en abril del 2018 acusada de terrorismo y rebelión y a la que se le impidió salir de su municipio durante un año por orden de la Audiencia Nacional- acaba de ser absuelta al apreciar la justicia que no cometió un delito de desórdenes públicos, por el que la fiscalía solicitaba siete meses de prisión. La activista, al final, fue juzgada solo por este delito por un juzgado de Barcelona y la magistrada sentenció que el 'whatsapp' que envió sobre acciones de los CDR era meramente informativo y no comportaba "ninguna consigna". El otro miembro de los CDR que se marchó cuando la Guardia Civil iba a detenerlo, Adrià Carrasco, sigue residiendo en Bélgica y no pesa sobre él una petición de extradición pero sí una orden de detención en España. En cuanto a los CDR de la 'operación Judas', pese a encontrarse todos los detenidos en libertad bajo fianza después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia negara en un auto que ya hubieran mezclado las sustancias que se les intervinieron susceptibles de convertirse en explosivos, siguen imputados por terrorismo. La instrucción continúa a la espera, entre otras diligencias, de nuevos informes de la Guardia Civil.

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El cerco judicial y el vuelco al panorama político disipan las movilizaciones de la enigmática plataforma

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