El alto precio judicial del 'procés'

La celebración de dos consultas sobre lados consultas autodeterminación ha dejado una retahíla de altos cargos de la Generalitat investigados, juzgados y condenados, si bien otras causas fueron archivadas. El balance actual es de tres 'presidents', dos 'vicepresidents', 15 'consellers', una presidenta del Parlament, cinco miembros de la Mesa de la Cámara, cinco parlamentarias, seis alcaldes, 30 altos cargos y seis miembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra y de Interior con problemas con la justicia. Hay que rebobinar hasta el 9 de noviembre del 2014 para encontrar las primeras condenas. Una de ellas es la del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por haber organizado la votación. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le condenó por un delito de desobediencia y el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación y la multa de 36.000 euros, aunque rebajó la suspensión a un año y un mes, que finalizaron el 21 de febrero pasado. Su sucesor, el 'expresident' Carles Puigdemont, huido a Bélgica, está procesado en rebeldía por los presuntos delitos de rebelión, malversación y desobediencia por la segunda votación, la del 1 de octubre del 2017, y por la posterior declaración unilateral de independencia (DUI), que llevó a cabo el Parlament el 27 de octubre del mismo año. Su periplo judicial siguió con varios intentos del juez para traerlo a España con la emisión de euroórdenes de detención. Puigdemont es ahora eurodiputado y, de momento, goza de inmunidad. El último 'president' juzgado -y condenado- ha sido Quim Torra, el primer jefe del Ejecutivo en activo que se sentó en el banquillo de los acusados. Torra llegó a juicio por un presunto delito de desobediencia, después de haberse negado a retirar la pancarta con el lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat en la anterior contienda electoral. La vista se celebró en el TSJC por su condición de aforado y le condenó a una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros. Torra recurrió al Tribunal Supremo, que ha ratificado la decisión del TSJC despojándole de su cargo al frente de la Generalitat. En enero del 2020, la Junta Electoral acordó dejar sin efecto su acta de diputado, una solicitud que aceptó la Mesa, aunque esto no le impidió seguir ejerciendo como 'president' debido a la interpretación que hicieron los letrados del reglamento de la Cámara. Hasta ahora. Vicepresidentes y algunos 'exconsellers' de los gobiernos de Mas y Puigdemont también tuvieron que responder ante la justicia: Joana Ortega fue condenada por desobediencia a nueve meses de inhabilitación, que ya ha agotado, y tuvo que abonar 30.000 euros, mientras que Oriol Junqueras, por su lado, fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por los delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Los primeros 'exconsellers' condenados fueron Irene Rigau (seis meses de inhabilitación y 24.000 euros) y Francesc Homs (un año y un mes de inhabilitación). Al igual que Junqueras, otros ocho 'exconsellers' fueron condenados por el Tribunal Supremo: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años de prisión para cada uno por sedición en concurso medial con un delito de malversación); Josep Rull y Joaquim Forn (10 años y medio de cárcel por sedición); Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila (un año y ocho meses de inhabilitación y 60.000 euros, respectivamente, por desobediencia). El mismo tribunal condenó a 11 años y medio de prisión por sedición a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y a nueve años de prisión por el mismo delito a dos líderes de entidades independentistas: el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez. Los extitulares procesados que se encuentran en situación de rebeldía como Puigdemont son: Toni Comín y Clara Ponsatí (por rebelión y malversación); Lluís Puig y Meritxell Serret (malversación y desobediencia). Las dos exdiputadas Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP) se encuentran en Suiza en la misma situación. La primera está procesada por rebelión y la segunda por desobediencia. LA MESA DEL PARLAMENT El TSJC acogió hace pocos meses el juicio a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la etapa de Forcadell (Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes del 'procés'. Todos ellos fueron juzgados por un delito de desobediencia. La fiscalía solicita un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. El juicio se ha aplazó hasta dos veces, la primera porque Nuet fue elegido como diputado de ERC en el Congreso y pasó a ser aforado, así que se le juzgará en el Tribunal Supremo, y la segunda debido a la pandemia del coronavirus. Está pendiente de sentencia. En la Audiencia Nacional empezó el 20 de enero el juicio a la cúpula de los Mossos d'Esquadra, pero tuvo que aplazarse por la pandemia justo el día en que la fiscalía iba a formalizar la rebaja de su petición de pena de rebelión a sedición, como había marcado la sentencia del 'procés', y cuando se iba a conocer que incluía la alternativa de desobediencia. El mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, el exsecretario de Interior César Puig, y el director del cuerpo, Pere Soler, fueron juzgados por rebelión, y la intendente Teresa Laplana, por sedición, debido a su presunta participación en el 'procés'. La sentencia podría llegar en breve. Por otro lado, una veintena de juzgados catalanes abrieron investigaciones por el papel de los Mossos en el 1-O (la mayoría debido a denuncias de particulares). La mayor parte de ellas, por un presunto delito de desobediencia, han acabado archivadas. La investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O ha concluido su primera fase. La jueza procesó a 30 altos cargos de la Generalitat y empresarios por la organización de la consulta por los delitos de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La magistrada sostiene que había "un plan común" y una "estrategia" para celebrar la consulta. Sin embargo, rechazó la petición de la fiscalía de incluir la acusación de organización criminal para la mayoría de los encausados al entender que carecían de la "infraestructura adecuada para realizar un plan criminal" y que no les unía un "acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio". Entre los investigados figuran el entonces secretario de Difusió del Govern, Antoni Molons; los secretarios generales de Presidència, Governació, Treball y Exteriors, Joaquim Nin, Meritxell Masó, Josep Ginesta y Aleix Villatoro, respectivamente; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; el director general de Comunicació, Jaume Clotet, y el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias. La jueza remitió al TSJC el caso de Josep Maria Jové (secretario general de Economia) y le procesó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El exnúmero dos de Junqueras fue detenido el 20 de septiembre del 2017 y se le atribuye la "organización logística" del 1-O. La Guardia Civil le incautó el documento 'Enfocats', considerado la "hoja de ruta" para lograr la independencia. El TSJC también acordó procesar al exsecretario de Hisenda de la Generalitat y también diputado de ERC Lluís Salvadó por los mismos delitos que Jové. La jueza que investiga los preparativos del 1-O le implica en la creación de las denominadas estructuras de Estado. El entonces fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, ordenó en julio del 2017 que se abrieran investigaciones para aclarar si los 712 alcaldes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) habían cometido un delito de desobediencia por no acatar la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta del 1-O. La fiscalía solo abrió investigación a unos 70 ediles, aquellos que consideraron que tuvieron una colaboración activa. Finalmente, el fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres, aseguró que la investigación se había acotado a seis. También fue investigado el 'exconseller' de Interior, antes presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia y otro de prevaricación, presuntamente por dar instrucciones para ceder locales de titularidad municipal para celebrar el 1-O en Premià de Mar, donde era alcalde. El TSJC archivó el caso. Buch tiene otra causa abierta por el escolta de Puigdemont.

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