Casado se pone de escudo ante los ataques a Ayuso

Pablo Casado se ha erigido en los últimos días en el principal defensor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha combatido lo que, en opinión de ambos, es la decisión "aleatoria" del Gobierno central de imponer restricciones a la capital. El jefe de la oposición, explican fuentes de su equipo, considera que el "acecho de la izquierda" para intentar "tumbar" a la jefa del Ejecutivo madrileño busca dañar su liderazgo al frente del PP. Casado llevó a su partido al peor resultado de la historia en abril del 2019 (66 escaños), pero pudo evitar que le afectara porque, un mes después, en las elecciones municipales y autonómicas, logró retener el Gobierno regional y también el ayuntamiento de la ciudad gracias a acuerdos con Ciudadanos y Vox. Madrid le salvó a él y considera que su futuro también va ligado a esa comunidad. Es su feudo. El único. Porque ni Galicia ni Castilla y León ni Andalucía ni Murcia, pese a que también los presiden dirigentes del PP, los siente tan suyos como Madrid. Creció políticamente en esa región y puso como candidata a las elecciones a Díaz Ayuso, amiga de Nuevas Generaciones. En el gabinete de Ayuso no creen que la moción de censura sea una amenaza a corto plazo, ya que estiman que, en estos momentos, "cualquier responsabilidad de gestión da miedo". El vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), sigue mostrando sus desacuerdos, pero "como hace desde el primer día", apuntan los colaboradores de la presidenta, que se quejan de su "ansia de protagonismo". Inés Arrimadas, la presidenta del partido liberal, dijo este viernes que sería "irresponsable" que el PSOE (que fue el más votado con Ángel Gabilondo) presentara una moción. La decisión de recurrir contra las restricciones en la ciudad de Madrid y en poblaciones de más de 100.000 habitantes "es de la presidenta" madrileña y ni Aguado ni Arrimadas lo apoyan porque no hay que "perder el tiempo en trifulcas políticas y judiciales". En todo caso, Ciudadanos ha intentado evitar el choque abierto contra la presidenta y ha subrayado que ellos defienden que las medidas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y que apoyó incluso el Ejecutivo del PP de Castilla y León, debían tomarse por unanimidad, por "consenso", como dice la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en el artículo 73. Sin embargo, hay debate jurídico porque el 65 señala que el ministerio podrá ordenar actuaciones en casos de "urgente necesidad". También intentó evitar que creciera el malestar entre los socios el consejero de Justicia, Enrique López (PP). A su juicio, no hay "contradicción" entre ir a los tribunales y el consenso entre administraciones que pide Aguado. "Son acciones conjuntas", afirmó para rebajar la tensión. La dimisión, a última hora del viernes, del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, demuestra la tensión en el Ejecutivo regional. Reyero, responsable de las residencias, dio la voz de alarma al inicio de la pandemia porque no se estaba atendiendo a los mayores. En el equipo de Aguado aseguraron que su salida se debe a “motivos personales”, aunque el ya exconsejero no lo concreta así en la carta de dimisión. Solo dice que es una decisión “meditada”, que cierra una etapa y que seguirá como diputado regional. El estado autonómico Santiago Abascal aprovechó para cebarse con el sistema autonómico y afirmó que esta crisis sanitaria está demostrando que es "ineficaz" porque es "imposible" poner de acuerdo a todas las comunidades, obviando que el conflicto con el Ejecutivo madrileño ha llegado por su rechazo a la decisión 'centralizada' del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.

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