Las causas pendientes por las cargas policiales del 1-O

Tres años después del referéndum del 1-O, las investigaciones judiciales por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen abiertas y se mantiene la incógnita sobre quién las ordenó. Las 13 causas están en fase de instrucción en varios juzgados catalanes -de las 25 que se abrieron-, por lo que por ahora no hay ningún agente ni mando policial condenado por el uso de la fuerza durante aquella jornada. No obstante, 176 miembros de cuerpos policiales están imputados, entre ellos una docena de mandos. Un total de 1.066 personas fueron heridas según los datos facilitados por el Departament de Salut y 633 personas presentaron denuncia ante los Mossos d'Esquadra en toda Catalunya. Los heridos se han organizado en una nueva plataforma para "llegar a todas las víctimas del territorio" en un único espacio para coordinar el estado de las investigaciones. "Ahora empezarán a cerrarse las fases de instrucción y pasaremos a la parte oral que es decisivisa y queremos que se escuche nuestra voz directamente y apoyar en los futuros juicios todos juntos", han explicado los promotores en una rueda de prensa en la plaza del Rei de Barcelona. "Nuestro objetivo es la reparación y la justicia a través de la verdad", han inquirido. En Barcelona, el juzgado de instrucción número 7 continúa indagando en una pieza principal y 27 piezas separadas, una por colegio electoral. Hay 63 investigados por cometer actuaciones presuntamente delictivas -faltan tres por tomar declaración- y 315 lesionados -127 de los cuales están personados en la causa-. Roger Español, quien perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma, un proyectil prohibido en Catalunya, en los aledaños de la escuela Ramon Llull de Barcelona aparece como víctima y como imputado por lanzar presuntamente objetos horas antes de ser herido a la policía. El último de los agentes en ser investigado es el autor de la patada voladora también en la escuela Ramon Llull. Sin acusación popular En esta causa, la Generalitat, Òmnium Cultural, la ANC, el colectivo Iridia y el Sindicato Profesional de la Policía están personados como acusación. La Audiencia de Barcelona expulsó al ayuntamiento de la capital catalana como acusación popular estimando el recurso presentado por la Abogacía del Estado, al que se adhirió la fiscalía, basándose en un acuerdo que exige que las "personas jurídico públicas" que quieran ejercer la acusación popular en un caso deben contar con una "habilitación expresa" para el ejercicio de la acción penal. Es decir, deben ampararse en una norma con rago de ley específica para ello, lo que el consistorio barcelonés, según los magistrados, no tiene. En Manresa, la jueza archivó varias denuncias en el 2019 porque consideró que no había habido exceso policial. Los denunciantes presentaron recurso y está pendiente de resolver. En Lleida, está en instrucción la denuncia de un votante que sufrió un ataque al corazón y que murió hace pocos meses de covid-19. En Tarragona se han archivado la mayoría de las querellas presentadas. Los abogados de los heridos llevan meses denunciando que la fiscalía pone trabas en la investigación porque "no facilitan la identificación de algunos de los agentes" y "alargan" los plazos hasta un eventual juicio. La fiscalía llegó a pedir el archivo de las causas sosteniendo que la actuación de los agentes fue proporcionada ante la actitud de resistencia y hostilidad de "miles de ciudadanos", pero el juez lo desestimó. ¿Quién ordenó las cargas? En diciembre del 2019, cuatro de los ocho inspectores jefe de la Policía Nacional imputados por las cargas del 1-O declararon ante el juez que la orden de intervenir para confiscar las urnas en los colegios de votación las dio el centro de coordinación (CECOR), comandado por el general Diego Pérez de los Cobos, ante la "pasividad" de los Mossos, pero sigue sin aclararse quien fue el responsable concreto. Paralelamente, hubo denuncias por desobediencia de particulares por la "inacción" de los Mossos d'Esquadra y casi una veintena de agentes han declarado ante juzgados catalanes, aunque la mayoría de las querellas han sido archivadas. La cúpula de la policía catalana llegó a juicio y está pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional.

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Decenas de agentes están imputados por su actuación para frenar el referéndum del 2017

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