La desunión del 'no'

Justo una semana después del 1-O, el constitucionalismo tomó las calles de Barcelona. Aquel 8 de octubre del 2017 los catalanes no independentistas enarbolaron el ‘seny’ ante la ‘rauxa’ que suponía una Declaración Unilateral de Independencia que se produciría el 27 de octubre. Cs, PSC y PPC se habían unido contra las leyes de desconexión en el Parlament y esa entente se reeditó para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Tres años más tarde -con una moción de censura, cinco elecciones, un nuevo presidente y el impacto de una pandemia de por medio-, poco queda de aquella pinza constitucionalista. "Nos encontramos en un bloqueo parecido. El procesisimo que llevó al paroxismo el 1-O, por desgracia, se ha alargado en el tiempo. Catalunya ha seguido perdiendo empresas y atractivo fuera de España, degradando su imagen institucional. La amenaza del secesionismo continúa viva y no podemos quedarnos de brazos cruzados como si no pasara nada", razona el diputado de Cs, Nacho Martín Blanco. El 21 de diciembre del 2017, Cs se colocó como primera fuerza en el Parlament, pero no logró los apoyos necesarios para gobernar. "El escenario es muy distinto después de aquellas elecciones plebiscitarias. Ahora se está recomponiendo el tablero; se parece más a la época previa al ‘procés’", sostienen fuentes del PPC. Los populares fueron castigados en las urnas porque el Gobierno de Mariano Rajoy, según estas voces de la formación, no logró contentar a todos en la respuesta al 1-O: "Fue muy radical para unos y muy suave para otros", afirman. La moción de censura a Rajoy catapultó a Pedro Sánchez a la Moncloa, dispuesto a inaugurar una etapa de diálogo con el independentismo. El PSC cree que la situación política es, en general, "mucho mejor" que hace tres años. "No tiene nada que ver", afirma la portavoz socialista en el Parlament, Eva Granados. El factor que modifica el escenario, en su opinión, es precisamente el cambio en el Gobierno: de un Mariano Rajoy que envió a la policía a reprimir el referéndum a un Pedro Sánchez que "no niega el problema que tenemos en Catalunya, entre catalanes". Pese a la "crisis institucional" en la que se halla sumida Catalunya, los socialistas subrayan que ahora el "diálogo entre los dos gobiernos" es habitual. Aunque, añade Granados, "entre ellos" –en referencia a los independentistas- "están peleados, y a veces ni se quieren sentar a la mesa". El giro naranja El veto de Albert Rivera a Sánchez, con el afán de superar al PP al frente de la derecha, aisló a unas filas naranjas que con Inés Arrimadas a la cabeza tratan de volver el centro. Y la pandemia, hizo el resto: "Lo cambia todo y exige unas obligaciones de respeto y de bajar el tono. En la medida de lo posible, obliga a ser conciliadores y a sumar esfuerzos con aquellos con quien puedas compartir una visión de la realidad razonable y arraigada a la realidad positiva", inquiere Martín Blanco. "El coronavirus es un baño de realidad para todos, obliga a tener altura de miras", continúa, y defiende la apuesta por una candidatura constitucionalista por "imperativo moral" ante la "excepcionalidad del momento". Después de las generales de abril del 2019, el PPC maniobró para buscar una alianza con Cs. Los naranjas contestaron con un portazo a todos los ofrecimientos, pero el batacazo electoral de noviembre del mismo año forzó un cambio de opinión. Y, ahora, Cs está incluso más interesado que el PP en coaligarse. El futuro de este pacto es incierto y totalmente sujeto a las actuaciones de ambos en el Congreso y al apoyo que Arrimadas quiera prestar a Sánchez. El PSC descarta por activa y por pasiva este pacto, mientras el PPC lo enfría. Desde Cs critican a los socialistas por "claudicar" ante los independentistas ofreciendo reformas en el delito de sedición y no cerrando la puerta a los indultos. "Volver a contemporizar con los partidos separatistas debilita al constitucionalismo, esta tendencia a hacer propuestas para contentar al separatismo cuando sabemos que es insaciable", critica Martín Blanco. El PSC, en cambio, pone en valor que el Ejecutivo de Sánchez ha definido la presente legislatura como la del "diálogo territorial", y echa de menos que desde la Generalitat se den pasos hacia el apaciguamiento de la situación. "Ellos admitieron que iban de farol, pero luego no hacen ni un ápice de autocrítica, y además no quieren admitir que hay un cambio de etapa", asegura la portavoz del partido en el Parlament. En opinión de los socialistas catalanes, uno de los principales escollos para avanzar en el diálogo es que una parte del independentismo está "obsesionado en mirar por el retrovisor" en vez de hacia adelante. El cambio en el Gobierno Los 'comuns' nunca se han querido integrar en el bloque constitucionalista, pero siempre se han opuesto al independentismo cuando ha emprendido la vía unilateral. Desde esa posición, ahora coinciden con los socialistas en que la formación del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha hecho "cambiar bastante" la situación política con respecto a la que había en octubre del 2017. "Es un punto de inflexión claro, porque desde entonces el Ejecutivo tiene claro que hay que hacer algo" con respecto a la situación en Catalunya, sostiene Joan Mena, portavoz de Catalunya en Comú. Sobre todo, los ‘comuns’ presumen de haber "cambiado el discurso del PSOE y de Sánchez" sobre el conflicto catalán. "No es lo mismo lo que decía cuando gobernaba en solitario que lo que dice ahora", afirma. El diputado enumera también los dos grandes logros que su espacio político ha aportado para destensar el conflicto. Tanto la mesa de diálogo entre gobiernos como que se abran vías como la del indulto y la reforma del delito de sedición para beneficiar a los presos, asegura, son propuestas de los ‘comuns’. En cualquier caso, que los condenados por organizar el 1-O sigan en prisión "no ayuda" a esa distensión, zanja Mena.

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