La batalla por el control de la Justicia es recurrente en democracia. Más aún cuando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se halla empantanada y sin salida inminente en el laberinto. Pero ahora la pugna ya no se libra solo entre Gobierno y oposición, que también, sino entre el Ejecutivo y la cúspide de los jueces. Entre dos poderes del Estado. Un escalón más. La Moncloa no esconde su profunda irritación contra el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por intentar "utilizar al Rey" para su pulso con el Ejecutivo y por reactivar los nombramientos de jueces, pese a que el mandato del órgano venció hace casi dos años. La visión del CGPJ es totalmente distinta: fuentes del Consejo se defienden recordando que Lesmes no cargó contra el Gobierno por vetar a Felipe VI en la entrega de despachos judiciales el pasado viernes en Barcelona, y recuerdan que por ley están obligados a seguir nombrando magistrados en tanto no llega la renovación. Porque así ha ocurrido antes, abundan.