El expresidente del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), Carles Flamerich, y el exresponsable de gestión de incidentes, Xavier P., se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados por espiar el correo electrónico de un empleado que denunció a altos cargos de la Generalitat presuntas irregularidades en el funcionamiento de este organismo especializado en ciberseguridad y que se le conoce como el 'CNI catalán', en alusión a los servicios de espionaje españoles. La fiscalía reclama para cada uno de ellos una pena de cuatro años y tres meses de prisión, más inhabilitación por ocho años, por un delito de descubrimiento de secretos.
Los hechos se remontan al mes de marzo del 2013, cuando un empleado del Cesicat, Albert G., empezó a mandar correos electrónicos a los propios acusados y a altos cargos de la Generalitat, entre otros a los entonces ‘consellers’ Felip Puig y Ramón Espadaler, acerca de posibles irregularidades y deficiencias observadas en ese organismo. La acusación sostiene que los dos imputados, con el propósito de descubrir lo que el trabajador comunicaba cuestionando su profesionalidad, crearon un sistema de interceptación de emails, al que denominaron “filtre atabis”. Esto se hizo sin autorización judicial y “sin sujeccion a ningún parámetro de actuación pautado legalmente” Este mecanismo posibilitaba que correos remitidos llegaran normalmente a su destinatario y, al mismo tiempo, se enviara a un buzón para su archivo y al que los encausados tenían acceso.
Los testigos
En la sesión de este lunes, los ‘exconseller’ Puig y Espadaler admitieron que recibieron un correo del extrabajador del Cesicat en la que denunciaba presuntas irregularidades y que dieron aviso de que en ese documento había una serie de “pantallazos” de ordenador con datos personales de funcionarios. Esto provocó, según otros testigos, que se abriera un “incidente” ante la posibilidad de que existiera una fuga de datos y se cambiaron credenciales de acceso informático de los funcionarios de la Generalitat. También se comunicó esta anomalía a los Mossos d'Esquadra.
El exconseller Puig, entonces titular del departamento de Empresa, subrayó que los mensajes remitidos por el expleado (fue quien presentó la denuncia que ha llegado a juicio) había una “actitud de descontento y resentimiento”, a la vez que reconoció que se lo reenvió a los responsables del Cesicat por si había un problema de seguridad. “Al enviárselo daba un permiso implícito para que los leyera”, aseguró. Los dos acusados declararán el miércoles.
El pasado mes de marzo, en la primera sesión del juicio, declaró el Albert G. que explicó que observó "irregularidades", "corrupterlas" y "amaños de contratos" en la "época en la que el procés estaba arrancando". Reconoció que envió correos denunciando estos hechos y que llegó a mantener una reunión con Puig. También afirmó que hackers rusos robaron unas 2.000 credenciales de la Generalitat que circulaban por internet, así como un listado de contraseñas de acceso a páginas.