El alto precio de repescar a ERC

La estabilidad del Gobierno y, en consecuencia, de la política española depende de los escaños de ERC (13), EH Bildu (5) y PNV (6). Sumados los diputados independentistas catalanes, los abertzales y nacionalistas vascos (23) a los que disponen en el Congreso el PSOE y UP (155), la mayoría es de 178, dos más de la absoluta que permite la aprobación de las leyes orgánicas, aunque no iniciar reforma constitucional alguna, renovar el Consejo General del Poder Judicial y a los magistrados del Constitucional, ni nombrar al nuevo Defensor del Pueblo ni, en fin, el Consejo de RTVE. De ahí que Pedro Sánchez no esté en condiciones de apostar solo por Ciudadanos (10 escaños) si hacerlo conlleva la pérdida o la abstención del bloque de los 23 a los que habría que añadir con alguna probabilidad a los 4 del PDECat, disidentes de Carles Puigdemont. El Gobierno –con los 'buenos oficios' de Pablo Iglesias que porfía en mantener la mayoría de la investidura y rechaza la cooperación de Inés Arrimadas, como lo hace ERC– se ha embarcado en una operación política de alto coste para repescar la complicidad perdida de los republicanos. La mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, pactada por socialistas y el partido de Gabriel Rufián, está bloqueada y así seguirá, pero la formación de Oriol Junqueras sabe que romper con el Ejecutivo de coalición tiene también costes en Catalunya. Léase su libro –y de Marta Rovira– sobre su aparente pragmatismo. Pedro Sánchez tiene una lógica prevención a la volatilidad de criterio de ERC que le dejó colgado en las prórrogas del estado de alarma y que le tumbó el proyecto de cuentas públicas en 2019. Pero la aritmética le impone un ejercicio de realismo similar al de Junqueras. En el Presupuesto del 2021 no hay holgura para negociar partidas. Las 'compensaciones' serán otras tanto para ERC como para Bildu y el PNV. A los nacionalistas vascos les bastaría que se cumpliese el acuerdo de transferencias y asegurarse las líneas fundamentales de la renovación del cupo. Y a los de Arnaldo Otegi, les sería también suficiente una corrección rápida y completa de la política penitencia de dispersión del más de centenar de presos de la banda terrorista ETA, ya en marcha. Adicionalmente, Pedro Sánchez, a través de la Oficina Económica de la Moncloa y de una comisión interministerial, prescribirá los proyectos a financiar con fondos europeos cuando en abril de 2021 haya que concretarlos. Otra chance negociadora, aunque diferida. Pero la medida para la reintegración de ERC a la mayoría de la investidura está ya perfilándose y no serán, como estaba sugerido, los indultos a los presos condenados por los hechos del otoño de 2017. El perdón gubernamental –solicitado ya por varias instancias– acumularía demasiados inconvenientes: sitúa la decisión en el ámbito competencial exclusivo del Consejo de Ministros; implica la firma del Rey en los reales decretos; requiere motivación; enfrentaría al Gobierno con el previsible informe negativo del Supremo; podrían ser impugnados ante la Sala Tercera del Alto Tribunal y, además, serían indultos parciales. De añadidura: sus posibles beneficiarios no los aceptan, salvo un par de casos. La alternativa no es una amnistía prohibida constitucionalmente, sino una reforma fulminante en el Código Penal de los delitos de sedición, rebelión y el medial de la malversación. En ello está el Ministerio de Justicia. Y según fuentes solventes lo que prepara es un proyecto de ley de artículo único que se sometería al pleno del Congreso mediante el procedimiento de lectura única. El Gobierno se acogería a un precedente de reforma de estas características: así se modificó la ley orgánica del Poder Judicial en diciembre del 2004 a instancias del Gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. También el artículo 135 de la Constitución se modificó en lectura única, es decir, en una sola sesión plenaria del Congreso y del Senado, con posibilidad solo de enmiendas a la totalidad. Cuestión de horas. La configuración de los delitos cuyo tipo se reformaría –habrá que ver la redacción que se plantea– implicará un beneficio retroactivo para los condenados el 19 de octubre de 2019 por el Supremo. Cuánto de sustantivo sea ese beneficio, no se sabe: podría suponer una suerte de 'amnistía' por una formulación completamente distinta de la infracción penal o una sustancial reducción de su punición. El resultado, muy similar: la sentencia deberá ser revisada por la Sala Segunda y aplicada la retroactividad favorable. La oposición denunciará –y no le faltará razón– que se trata de una reforma en atención a las personas condenadas por sedición que en España se cuentan con los dedos de las dos manos, pero la mayoría que respaldaría el cambio del Código Penal sería más amplia que la de la investidura porque la CUP se abstendría y otros grupos minoritarios se sumarían (Más País, Teruel Existe). Vox y PP cuentan con suficientes diputados para interponer recurso de inconstitucionalidad que no sería suspensivo de la vigencia de la nueva norma. Y tardaría años en fallarse. De producirse así las cosas ERC obtendría una gran baza para ofertar al electorado independentista: la libertad efectiva de los presos y la reforma de la sedición y la rebelión, pese a que la mesa de diálogo haya quedado en agua de borrajas, una responsabilidad que podrá atribuir a la intransigencia de Quim Torra. Para la estabilidad del Gobierno y para los republicanos, la operación no tiene contraindicaciones a corto plazo. Pero sí un alto coste en términos de debate mediático, parlamentario y una posible incidencia en las bases socialistas. Es una operación arriesgada y muy propia de la audacia de Pedro Sánchez. Que lograría sus primeros Presupuestos y, seguramente, una legislatura larga. Pero nadie está en esta 'pomada' porque Madrid consume sus energías peleando contra la pandemia y libera con un enorme pesimismo sus miedos ante sus consecuencias.

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