La nueva ley de memoria anula las sentencias del franquismo

Si no hay cambios de última hora en la agenda gubernamental será el próximo martes, 15 de septiembre, la fecha en que el Consejo de Ministros apruebe el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Una vez que resulte aprobada tras el pertinente trámite parlamentario conllevará, entre otras muchas cosas de enjundia, el otorgar «carácter radicalmente nulo» a todas las condenas y sanciones producidas «por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa» durante la Guerra Civil o la dictadura, lo que incluye al 'president' de la Generalitat Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplen 80 años el próximo 15 de octubre. Esta nueva Ley de Memoria, que derogará la aprobada en el 2007 y a cuyo borrador ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es una de las joyas legislativas que el Gobierno de coalición guardaba en su maleta de acuerdos. Servirá para ilegalizar fundaciones como la Francisco Franco o asociaciones que hagan apología de la dictadura o que, directa o indirectamente, inciten al odio o la violencia contra las víctimas de guerra o régimen franquista. Sin duda este proyecto, que ha trabajado e impulsado la vicepresidencia de Carmen Calvo servirá, al menos por unos días, para acercar a socialistas y morados después de varias semanas de alta tensión y choques en público y en privado. Es también bastante probable que sea bien recibido por varios de sus socios de investidura, especialmente ERC, justo en el momento en que se pretende limar asperezas -aunque sin molestar a Cs- con la vista puesta en la aprobación de los presupuestos para el 2021. Casos como el de 'Billy el Niño' Con la filosofía de «suprimir» elementos de división entre la ciudadanía, algunos artículos de la norma se refieren a la posible revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, así como de condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobilarios «que hayan sido concedidos o supongan la exhaltación» de la contienda civil o la era franquista, una de las demandas más sonoras de Unidas Podemos a raíz del caso de 'Billy El Niño', el policía recientemente fallecido tras enfermar de Covid. Se incorpora, de paso, en el proyecto un régimen sancionador para infracciones, con el fin de evitar «las humillaciones» especialmente en los espacios públicos, y se exige a los órganos administrativos y a los tribunales de lo contencioso-administrativo «la estricta observancia» de todo lo que queda recogido en la nueva ley. La disposición adicional tercera, según el borrador del que dispone este diario, es el que contiene las previsiones sobre retirada de recompensas previstas en la legislación de 1964 sobre condecoraciones policiales y la de 1976, relativa a la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Mujeres e investigación La iniciativa persigue desde distintos ángulos el «reconocimiento, reparación y dignificación» de las víctimas, a fin de que la historia no se construya «desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos». Existe una mención relevante al rol de las mujeres en estos años, tanto como sujetos activos de la vida intelectual, profesional, política y sindical del país como en su papel de doble víctima, puesto que fueron humilladas, vejadas, violadas, represaliadas o asesinadas por ser mujeres, madres o hijas de perseguidos y, en diferentes momentos de la historia, ajusticiadas por haber intentado «ejercer su derecho a libre desarrollo personal y transgredido los límites de la feminidad tradicional». En este contexto la nueva ley apuesta por la creación de una fiscalía de sala para la investigación de hechos que lo merezcan durante la guerra o la dictadura, «incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución» y que puedan constituir «violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario». Asimismo la mencionada fiscalía tendrá atribuídas funciones para buscar a las víctimas de los hechos investigados, en cooperación con órganos de las distintas administraciones con competencias. Se recuperará también la figura del expediente de información para la perpetua memoria (vigente en el ordenamiento jurídico español hasta 2015) como vía para la obtención de una declaración sobre hechos acaecidos en tiempos de guerra o gobierno franquista. La intención es facilitar la identificación y exhumación de desaparecidos para que sus allegados puedan darles sepultura. ADN y ley de secretos Precisamente en ellos, en los desaparecidos, se detiene el proyecto de ley en varios de sus capítulos. Además de declarar el 31 de octubre como día oficial en su recuerdo y homenaje y anunciar la creación de un censo nacional de víctimas de la guerra civil y la dictadura, se confirma la apuesta por un banco nacional de ADN y, lo más importante para las exhaustas asociaciones memorialistas, se reconoce a la Administración General del Estado como responsable de encontrar a los desaparecidos. Se dibujará un plan cuatrienal de actuaciones ligadas a la memoria desde un nuevo Consejo Territorial, en el que además del Estado y las autonomías estarán representados provincias y municipios. Se prevé, al tiempo, la modificación de la ley de secretos oficiales para garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre todo lo conciernente a la contienda civil y la dictadura. Expolio y exilio Sobre los bienes expoliados en aquellos años, se incorporan actuaciones específicas y auditorías para reconocer a los afectados, incluyendo bienes incautados a organizaciones políticas durante la dictadura, así como el reconocimiento y reparación de víctimas que realizaron trabajos forzados. Pensando en los exiliados, se permitirá la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España descendientes en primera o segunda generación de los que fueron al exilio por razones de ideología.

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