El PP dio a conocer este miércoles su «plan b» para organizar el inicio de curso. En los últimos meses, Pablo Casado ha presentado otros planes b en el ámbito jurídico, económico y social con el objetivo de presionar al Gobierno y denunciar su dejadez o su falta de reflejos para reaccionar ante el azote de la pandemia. En la estrategia para volver a clase, sin embargo, lo ha hecho solo 24 horas antes de que, este jueves, se pronuncie (de nuevo) el Gobierno. Por la mañana está prevista la reunión entre el Ministerio de Educación y las comunidades en la que acabarán de perfilar y actualizar, según los últimos datos epidemiológicos, unas orientaciones generales que ya esbozaron en junio. Y el plan b del PP de Casado, además, llegó ayer 24 horas después del que dio a conocer el Gobierno de Madrid, presidido por su propio partido. Paradoja sobre paradoja.
Casado improvisó y quiso convertir la tradicional reunión de consejeros de educación del PP (que se hace siempre la víspera de la cita con cualquier ministro para coordinarse) en un acto de oposición a Sánchez. El líder de los conservadores repentizó en una rueda de prensa el martes que de ahí saldría el «plan b» del PP para la vuelta a las clases, obviando el «plan a» que el Ministerio dio a conocer en junio y como si Madrid no hubiera presentado el suyo (Isabel Díaz Ayuso lo había anunciado minutos antes de que él empezara a hablar). Así las cosas, la palabra del líder se hizo documento y, a media tarde, la dirección mandó un folio con unas líneas generales que el PP considera necesarias para el nuevo curso. Nada nuevo ni revolucionario. Muchas coinciden con las de Ayuso que, a su vez, cuadran con las que la ministra de Educación, Isabel Celáa, pactó con casi todas las autonomías en junio; Euskadi y Madrid no las secundaron.
Poder transferido
Casado puso negro sobre blanco que quiere que el curso sea presencial, que se refuercen las plantillas y se apueste por la digitalización. Además, destacó el uso de la mascarilla, la distancia física en el aula y la reducción del número de alumnos. El elemento nuevo respecto a lo dicho por el ministerio en junio es la necesidad de hacer la prueba de detección del covid a los profesores, algo que también reclamó Ayuso.
La estrategia del PP es mantener la presión sobre el Gobierno ante el principal reto que en estos momentos presenta la pandemia: el inicio del curso 2020-21. Y lo hace pese a que las competencias en educación están transferidas, como las de sanidad. Celáa insistió este miércoles en que cada comunidad deberá tomar sus propias decisiones, aunque el ministerio ya dio sus indicaciones globales en junio y este jueves las actualizará.
Acordar, coincidir, sigue cotizando a la baja en la política española cinco meses después de que el coronavirus nos cambiara la vida.