Entre Marchena y el caos

Gonzalo Boye, letrado de Joaquim Torra, ha manejado todos los resortes procesales posibles para aplazar la vista del recurso de casación ante la Sala Segunda del Supremo señalada para el día 17 de septiembre. Ha recusado, sin éxito, a 11 de los 13 magistrados de la Sala en la que se tiene el propósito de celebrar la vista en la fecha acordada y dictar una sentencia que, en fuentes judiciales, se considera "cantada". Es decir, será confirmatoria de la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condenó al presidente de la Generalitat a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia a la Junta Electoral. Como en la segunda instancia no se revisan los hechos declarados probados y Torra aceptó haber desobedecido, son ínfimas las posibilidades de que el Supremo revoque la primera resolución. La consecuencia inmediata de esa sentencia –que se dictaría en un plazo de entre 10 y 20 días después de la vista– consistirá en que Joaquim Torra dejará de ser presidente de la Generalitat, de tal modo que cuando se le notifique oficialmente no dispondrá de ninguna facultad propia de su cargo y, por lo tanto, si no ha convocado antes las elecciones, no podrá hacerlo entonces. Accederá a la presidencia en funciones el vicepresidente Pere Aragonès y se procederá como establece el artículo 67 del Estatut: nueva investidura y si resulta fallida, transcurridos dos meses desde la primera votación, queda disuelto el Parlament y se convocan elecciones. En este caso, no se celebrarían antes del mes de febrero. No hay que atesorar grandes dotes de imaginación para suponer qué escenario se plantearía tanto en Catalunya como en el conjunto de España si se diese esa hipótesis. Resultaría caótico, es decir, desordenado y confuso. Y, seguramente, recrudecería la pelea entre ERC y JxCat. Este panorama tan poco estimulante es el que prefieren muchos dirigentes independentistas afectos a Carles Puigdemont. Por tres razones. Una primera: demostrar que Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, no impone la convocatoria electoral con la fecha de la sentencia de inhabilitación de Joaquim Torra. Una segunda: ganar tiempo para consolidar la alternativa secesionista que lidera el hombre de Waterloo para enfrentarse a ERC con más garantías de éxito. Y la tercera: convertir en papel mojado el pacto entre el PSOE y los republicanos, sometiendo a Pedro Sánchez a la máxima presión en el Congreso, poniendo así en valor tanto a Ciudadanos como al PP. El botón nuclear Pero es Joaquim Torra el que conserva en exclusiva el poder para adelantar la convocatoria electoral hasta el mismo día de la resolución del Supremo. El hecho de que se suponga que el actual presidente de la Generalitat no desafiará a su predecesor por el vicariato que desempeña, no garantiza que el inquilino de Sant Jaume eluda apretar el botón nuclear, convoque los comicios y concluya su gestión cumpliendo lo que aseguró que haría el pasado mes de enero: llamar a las urnas a los catalanes después de aprobados los Presupuestos, condición ya cumplida en el mes de abril. Los sucesores-testaferros como Torra no siempre responden con la docilidad que se les atribuye y suelen registrar episodios explosivos de autoestima. Si se disolviese el Parlament este año, la situación sería mejor que la prolongación agónica de una legislatura nacida de las elecciones de diciembre del 2017, convocadas por Mariano Rajoy al amparo del 155, y que ha sido perjudicial en todos los órdenes. Como Catalunya es, en todas sus expresiones, sistémica para el conjunto de España, la repercusión de un adelanto electoral en el otoño o invierno del 2020, o de la continuación de la actual situación, agravada por la provisionalidad y por la enardecida batalla entre las formaciones independentistas, tendrían consecuencias generales. Afectaría –quizá ya lo haya hecho– al eventual e improbable apoyo de los republicanos a los Presupuestos y a la continuación de la mesa de diálogo intergubernamental. Dos cuestiones de alto voltaje político que reiterarían la melancolía de los que aspiraban a recuperar a Catalunya de su crisis de relación con el resto de España a través de este Gobierno de coalición. Lo malo o lo peor En ese contexto –uno malo, el otro peor–, Pedro Sánchez tendría que emplearse a fondo para manejar el racimo de crisis que atenaza al país. Catalunya pasaría a la lista de los asuntos irredentos. Pero no se pueden aparcar ni las cuentas públicas, ni dejar de actuar ante la crisis sanitaria, ni de imprimir rapidez a los medios paliativos ante el desastre social y laboral provocado por la pandemia. A día de hoy, no hay mayoría parlamentaria; a día de hoy, España es el país con más contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes; a día de hoy, las administraciones públicas que deben gestionar las ayudas (ertes, ingreso mínimo vital...) están colapsadas; a día de hoy, no se sabe cómo y cuándo regresarán los estudiantes a las escuelas y las universidades. En este cuadro oscurantista, la dirigencia secesionista de Catalunya parece deambular en otra galaxia, en una realidad virtual repleta de emocionalidad e inflamada de un patriotismo que más parece el refugio de su fracaso histórico que el desarrollo verosímil de algo parecido a un proceso independentista. Joaquim Torra –si es capaz de hacer una introspección sobre las responsabilidades que ha contraído– tiene la palabra para que el desastre sea de menor envergadura con unas elecciones este año, evitando así la prolongación sine die de una legislatura que ha sido –está siendo– pésima y gravosa para todos. Entre driblar a Marchena y al Supremo y provocar así caos, no debería haber duda: optar por Catalunya y por los intereses generales de los ciudadanos.

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