Guerra abierta en el Govern por la ley para limitar el precio del alquiler

La propuesta de ley que fija un límite a los precios de los alquileres en Catalunya y que contó con la firma inicial de los dos socios del Govern se ha convertido en un arma arrojadiza entre los ‘consellers’ de Territori (Damià Calvet, de JxCat) y de Justícia (Ester Capella, de ERC), que se acusaron este martes de mentirosos respecto a sus intenciones sobre el proyecto. Lo hicieron ante unos 15 interlocutores en una reunión telemática con todos los partidos y agentes implicados en una ley que incluso el ‘president’ Quim Torra apoya pero a la que JxCat ha presentado enmiendas en favor de los propietarios de viviendas. Acusaciones cruzadas de mentir En esa reunión, Calvet sostuvo que su ‘conselleria’ no había participado en la elaboración de la ley y que ha visto como se precipitaban los hechos consumados entre Justícia y el Sindicat de Llogaters. En un momento del encuentro telemático fue Capella la que contradijo abiertamente a Calvet recordándole una conversación entre ambos en el momento de tirar adelante el proyecto en el Parlament, que llevó finalmente la firma de JxCat, ERC, los ‘comuns’ y la CUP y se tramitó por vía de urgencia. Es más, fuentes conocedoras de estos pactos sostienen que se llegó a acordar que si algún grupo llevaba el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE, el órgano que emite dictámenes sobre la legalidad de las leyes- dictámenes que no son de obligado cumplimiento-, el Govern aprobaría el texto por decreto. La tensa reunión del martes acabó con una evidencia: pese a que horas antes Torra había mostrado abiertamente su apoyo a la ley tal como entró en el Parlament, Junts per Catalunya y en especial Calvet mantienen su rotunda negativa a apoyarla si no se aprueban una serie de enmiendas que según el Sindicat de Llogaters desnaturalizan por completo la iniciativa. Calvet alega que la Autoritat Catalana de la Competència ha emitido un documento contrario a la ley, argumentando que fijar un tope a los precios del alquiler puede «provocar una reducción de la oferta» y provocar la aparición de la economía sumergida. Versiones que no cuadran Además, Calvet prevé que el CGE también emita alguna objeción a la ley y ello haga que el resto de grupos favorables a la ley acepte negociar las enmiendas de JxCat. Se da el caso de que cuando el pasado año el Govern intentó aprobar un decreto similar, el CGEemitió un dictamen desfavorable que no fue impedimento para que Calvet mantuviera la iniciativa. Es más, en uno de los encuentros entre los actores implicados en la actual proposición de ley, se acordó verbalmente no dar marcha atrás aunque el CGE se manifestara en sentido crítico. Fuentes de ERC reconocieron que la reunión del martes «fue un desastre» y que JxCat no se movió ni un milímetro. «Empezaron la reunión afirmando, poco menos, que el resto de grupos los habían engañado y, al final, aceptaron que quizá ellos habían sido negligentes, que no se habían leído el texto». Unas explicaciones que, para estas fuentes, son pueriles, por cuanto el acuerdo contó con el aval del negociador (Toni Morral). «Lo que pasa es que sirven a los intereses que siempre han servido», interpretó esta voz conocedora del contenido del encuentro. El ‘conseller’ Calvet asegura que el texto tiene «disfunciones graves» y espera que tras el dictamen del CGE se negocien enmiendas, que el resto de actores asegura que no apoyará. Este jueves Torra recibe al Sindicat de Llogaters tras haber afirmado :«Trabajaré para que ese acuerdo [inicial] sea el resultado final».

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