El que podría considerarse un autoexilio de Juan Carlos I es una decisión de Estado que, aunque no carece de inconvenientes, encierra más ventajas para la Corona y más indicaciones para el buen funcionamiento institucional. Por varias razones. La primera, porque el rey emérito abandona la Zarzuela que es la residencia oficial de la Jefatura del Estado, un complejo de Patrimonio Nacional, sufragado por fondos presupuestarios. La segunda, porque al no desplazarse Juan Carlos I a otra residencia en España, se evita que utilizase una vivienda pública o privada cedida por un particular que obligaría a un costoso despliegue de seguridad policial y le expondría a la lógica curiosidad pública. Por fin, la marcha del rey emérito al extranjero implica una sanción más que simbólica a comportamientos en los que él mismo no ha podido negar haber incurrido.