Sánchez y el Rey, fluidez sin cordialidad

Como las relaciones entre la Zarzuela y la Moncloa están sometidas a una intensa presión especulativa, hasta que el miércoles no se confirmó la presencia de Felipe VI en la conferencia de presidentes este viernes en La Rioja, la rumorología se disparó. De no haber asistido el jefe del Estado a la reunión se hubiese quebrado el uso constante de su presidencia en la apertura del evento desde que este órgano de cooperación entre el Gobierno y las autonomías arrancó en el 2004. Según fuentes tanto de la Casa del Rey como de la Moncloa, "no ha habido caso", porque Sánchez ni siquiera barajó prescindir del Rey en una cita tan simbólica, y operativa a la vez, como la de este viernes. Faltó el inevitable Joaquim Torra en detrimento de los intereses de Catalunya que él identifica con los de un independentismo a la baja según el sondeo del CEO de este viernes, mientras Iñigo Urkullu vendió cara su asistencia, en línea con la política transaccional del PNV. El Rey dispone de facultades respecto de las autonomías. Es el que nombra, de forma reglada, a sus presidentes lo sean por investidura, por cuestión de confianza o por moción de censura, una facultad refrendada que ha sido interpretada por dos sentencias del Tribunal Constitucional (1984 y1987). Está previsto en varios estatutos que las leyes autonómicas, que se publican en los boletines oficiales de cada una de ellas y en el del Estado, se proclamen en nombre del Rey. Que nombra a los presidentes de los tribunales superiores de justicia a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Basten estos apuntes constitucionales para insertar a Felipe VI, competencial y representativamente, en la conferencia de presidentes. El Gobierno no iba a desconocer estas circunstancias. Tampoco cuáles son sus obligaciones con la jefatura del Estado. Recíprocamente la Casa del Rey observa con escrupulosidad las que le corresponden para con el presidente del Ejecutivo. Las relaciones entre ambas instancias no importa que sean más o menos cordiales. No lo son, pero sí leales y fluidas. Aunque, como ocurre ahora, no resulten fáciles porque en ocasiones desde el poder ejecutivo no se cuidan determinadas deferencias con el Rey. Institución a la intemperie Es el caso de algunas decisiones en las que la visibilidad de Felipe VI ha sido menor de la adecuada para el buen equilibrio institucional, como cuando en noviembre del 2019 se anunció la coalición de Gobierno estando el jefe del Estado en Cuba, o cuando se produjo, en goteo, la comunicación en enero pasado de los miembros del Consejo de Ministros sin despacho previo y público de Sánchez en la Zarzuela. Además de otras omisiones que han dejado a la intemperie a la institución: el silencio de portavoces parlamentarios gubernamentales cuando en la tribuna del Congreso se han producido ataques contra la Corona. Sánchez reiteró el pasado martes que el PSOE fue arquitecto del "pacto constitucional" y que defendía a la Monarquía por esa razón y por otras de estabilidad. Es una manifestación suficiente aunque resulte fría porque el presidente del Gobierno lo es por el voto o la abstención de escaños que militan abiertamente en el republicanismo y debe medir los énfasis de sus palabras respecto del Rey y, sobre todo, respecto de su cuestionado padre, Juan Carlos I. Ocurre, sin embargo, que el Gobierno no es espectador de lo que está sucediendo. Le conciernen todas las medidas que Felipe VI ha adoptado sobre su progenitor -apartamiento, supresión de su asignación presupuestaria, entre otras- y de las que puedan adoptarse, porque requieren de su activa colaboración, previa coordinación con la Casa del Rey. Discreción y sintonía En ningún momento anterior la Monarquía parlamentaria había atravesado por una crisis de reputación tan profunda. La abdicación de Juan Carlos I en junio del 2014 enjugó su responsabilidad política después de las fechorías de su yerno y las suyas propias que estallaron en abril del 2012 tras su viaje a Botsuana. Y aunque Felipe VI, desde su matrimonio, ha quebrado usos que retrotraían la institución a pasados indeseables, las investigaciones periodísticas, fiscales y judiciales sobre presuntas corrupciones de su padre, requerirán, en su momento, de medidas adicionales, alguna de las cuales está en avanzado estudio. El Gobierno tiene en ese espacio institucional mucho que hacer pero, con discreción y en sintonía con la Zarzuela. El Rey dispone de capacidad de remontada por sí mismo, sin olvidar el papel de la Reina. Viene desarrollando su gestión en un contexto convulso en el que se ha alterado el paradigma político de la Transición: nuevos partidos, algunos antisistema, la crisis de Catalunya, repeticiones electorales, gobiernos muchos meses en funciones, la pandemia y la emergencia de los comportamientos de su predecesor. Mariano Rajoy, que gobernó con Felipe VI entre el 2014 y el 2018, no fue especialmente amigable con el jefe del Estado. No privó al Rey de su discurso el 3 de octubre del 2017, un desgaste para el Monarca en Catalunya que debió asumir el presidente popular, y le desairó por primera vez en la historia de la democracia al negarse a aceptar la candidatura a la presidencia del Gobierno en enero del 2016. Torra se confunde Por lo demás, se echa en falta que José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o el propio Rajoy -y tantos otros- hayan salido, como Felipe González, a la palestra pública para situar la crisis de la Corona en sus términos exactos. El primer presidente socialista desde 1939, lo ha hecho en un gesto que tanto le honra como le granjea casi un linchamiento público. Entendiendo todas estas circunstancias y equilibrios, queda enmarcada la relación entre Sánchez y Felipe VI, cuyas suertes son diferentes pero cuyo soporte es el mismo: el sistema constitucional de 1978. Si falla, todo se viene abajo. Por eso Torra golpea al eslabón que supone más débil de la cadena institucional. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, como en tantas otras cuestiones, se confunde.

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