La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Laura Borràs, no ha podido retrasar más su cita ante el Tribunal Supremo y este miércoles comparecerá por primera vez en calidad de imputada por cuatro delitos por la presunta fragmentación de contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que se le adjudicaron a un amigo durante los años en que la dirigió entre 2013 y 2018.
Será su primera oportunidad para negar ante el juez instructor los delitos que se le imputan de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad de documento. Su defensa sostiene que para poder interrogarla con propiedad el instructor, el magistrado del Supremo Eduardo de Porres, debía haber contado antes con una pericial sobre si los trabajos supuestamente adjudicados irregularmente se realizaron efectivamente y de ser así cuál sería su valor real.
Su petición en este sentido fue rechazada por De Porres, quien se vio obligado a cursar el correspondiente suplicatorio al Congreso para poder interrogarla, al haber rehusado ella a comparecer voluntariamente el pasado mes de febrero, opción por la que se inclinan prácticamente todos los aforados citados por el alto tribunal desde que se introdujo la modificación legal que se lo permite.
Acudir al independentismo
Pese a que los delitos que se le imputan se enmarcan en los de la corrupción sin relación alguna con el 'procés', Borràs trató de librarse de la comparecencia apelando al bloque independentista en el Congreso. Se declaró víctima de una "persecución política" y ofreció una cuando menos peregrina explicación sobre que la expresión "trapis" se utiliza con frecuencia en el mundo de las drogas.
Entre los correos electrónicos y conversaciones grabadas que sustentan las acusaciones en su contra figura una del informático que resultó beneficiado de las adjudicaciones, Isaías Herrero, en la que se jactaba ante su socio de los "trapis" que tenía con Borràs y hasta se permitía augurar que serían mayores si, como presagiaba, terminaba siendo ministra de Cultura.
En otro correo la diputada indicaba a Herrero cómo debía presentar varios presupuestos para resultar adjudicatorio de los contratos de la ILC. La defensa argumenta que la Guardia Civil descontextualizó los correos electrónicos y que no obedecen al fin con el que se les ha relacionado en el procedimiento contra la diputada.