Catalunya, en colapso (y el 12-J)

Catalunya y la negociación del fondo de reconstrucción europeo son las dos grandes preocupaciones –quizá ya, frustraciones– del Gobierno de Pedro Sánchez. A las que se une la del descalabro de Podemos en Galicia y su desplome en Euskadi, premonitorio de lo podría ocurrir aquí con los 'comuns' en una próxima confrontación electoral. Y no tanto por el hecho de que Unidas Podemos en el Gobierno pierda fuerza territorial, cuanto porque los votos que se fugan de los morados no refuerzan las listas socialistas, sino las de opciones soberanistas. La constatación más general es que el desgraciado y preocupante rebrote de la pandemia del coronavirus en distintas zonas de Catalunya –Barcelona incluida– acredita retrospectivamente la peor actitud del Gabinete que preside Joaquim Torra. Con la gestión sanitaria de la autoridad única delegada del Gobierno central durante el estado de alarma fue inquisitorial. Ahora, cuando el Govern ha recuperado todas las facultades administrativas, no sólo no la mejora, sino que presenta toda clase de descoordinación e incompetencia. El Gobierno, en esta tesitura, está asumiendo una posición muy subsidiaria. Muestra su apoyo –con la boca pequeña y de puertas afuera– a las medidas de la Generalitat pero le remite toda la responsabilidad. Y así piensa continuar hasta tanto no haya rebrotes interterritoriales que aconsejen de manera perentoria declarar total o parcialmente otro estado de alarma, a lo que se resistiría por las graves repercusiones de un segundo confinamiento. Mientras la Moncloa contempla con cierta distancia lo que está ocurriendo en Catalunya, se perpetra aquí lo que denuncian instancias académicas y jurídicas: una erosión del Estado de derecho al adoptarse medidas intrusivas sobre derechos fundamentales mediante una normativa insuficiente tanto por razones competenciales como de rango jerárquico. Si la pandemia en abril y mayo pasados ya causó estragos económicos extraordinarios en la economía española, este rebrote en Catalunya está afectando adicionalmente a su industria turística y ahondando la recesión económica y laboral. La forma de encarar el grave problema sanitario por el Govern de Torra es conflictiva, de choque con distintas instancias, confusa, y reivindicativa. Y, lo peor: este problema sanitario sobrevenido se acumula a otros de naturaleza política que introducen al país en un auténtico colapso. Implosión independentista La disputa entre los partidos independentistas amenaza ya con una próxima implosión de ese espacio ideológico que fragmentará las opciones electorales; la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno no se reunirá este mes como estaba previsto porque Pedro Sánchez no está dispuesto a asumir un orden del día con el derecho de autodeterminación, fecha para un referéndum e incorporación de un relator a la interlocución como asuntos de negociación. Por otra parte, los terceros grados concedidos por la Generalitat a los nueve políticos y dirigentes sociales presos por sentencia del Supremo, serán recurridos por el ministerio fiscal y podrían acabar bajo el examen de la Sala Segunda, con el consiguiente enfrentamiento entre republicanos y socialistas, más alejados aún por la negativa del PSOE a constituir una comisión parlamentaria para investigar a Juan Carlos I. Este asunto y el supuesto espionaje por el CNI de los teléfonos de Roger Torrent y Ernest Maragall, abren un abismo entre el Gobierno y ERC cuyos líderes reverdece la narrativa de las 'cloacas del Estado'. En menos de dos meses se celebrará la vista oral del recurso de casación de Joaquim Torra contra la sentencia que le inhabilitó año y medio. Hay escaso margen de duda sobre la confirmación por el Supremo de la resolución del TSJC que impuso la sanción al presidente de la Generalitat por desobedecer a la Junta Electoral Central. Sin embargo, los partidos que forman el Govern no se ponen de acuerdo con el presidente para la convocatoria electoral. Hasta que no se conozca la fecha de los comicios, se mantienen bloqueadas decisiones importantes como la del PNC de concurrir en soledad o en coalición con otros grupos catalanistas y la disposición de los republicanos respecto de los Presupuestos Generales del Estado, que son la clave de bóveda de la legislatura. Estabilidad electoral Es inevitable la tentación de comparar la situación de Catalunya con la de Euskadi y Galicia, nacionalidades que han celebrado el 12-J unas elecciones que garantizan a ambas sociedades un escenario de máxima estabilidad, sea con la tercera victoria de Urkullu –que gobernará holgadamente con el PSE–, sea con la cuarta, por mayoría absoluta, de Alberto Núñez Feijóo. Según el CIS de junio pasado, el 63% de los vascos se mostraba antes de los comicios satisfecho con la situación de su tierra; el 50% de los gallegos y sólo el 14% de los catalanes. Los presidentes vasco y gallego eran bien valorados; el catalán, severamente suspendido. Esos indicios se han ratificado en las urnas, mientras que en Catalunya todo son incertidumbres y hartazgos por la gobernanza fallida de Sant Jaume. Y esa hartura se detecta ya hasta en el Gobierno central, irritado por la inasistencia de ERC al homenaje a las víctimas del covid-19 en Madrid, en el que, paradójicamente, participó el presidente de la Generalitat. Un acontecimiento unitario el mismo día en el que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, consideró a toda la familia Pujol como una "organización criminal" en un auto de 507 páginas. La opinión pública general está revirtiendo su percepción sobre la crisis secesionista: antes era de preocupación y ahora es de ajenidad. La brecha se abre y los 'barones grises' de Galicia y Euskadi se convierten en una nueva referencia. Catalunya ha dejado de serlo en una España anegada en el agobio y la incertidumbre y cuya situación general comienza a debilitar seriamente a Pedro Sánchez.

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